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Valencia

La Comunitat, la autonomía más barata para hacer la compra

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València, 29 sep (EFE).- La Comunitat Valenciana es la región más barata para hacer la compra en España, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios que indica que el ahorro medio es de 960 euros al año comprando en el establecimiento más barato y se sitúa por debajo del ahorro medio nacional (1.073).

El Hipermercado Family Cash de Burjassot (Valencia) es el establecimiento más barato de los visitados por la OCU en la Comunitat Valenciana, y el supermercado Coaliment de València, el más caro, según el estudio hecho público este miércoles.

En la Comunitat Valenciana, donde la OCU ha visitado 64 establecimientos, Castelló es la ciudad más barata, seguida de València y Elche, mientras que Alicante es la ciudad más cara de esta autonomía.

En el caso de València, el ahorro posible es de 1.440 euros, muy por encima de la media nacional, mientras que en Alicante el ahorro es de 984 euros, en Castelló de 847 y en Elche de 569.

Por ciudades, Castelló es, de las ciudades visitadas por la OCU en la Comunitat, la más barata para hacer la compra, con un índice 101, y se sitúa entre las más baratas de España. Le siguen València (102), Elche (103) y Alicante (104), esta última la ciudad más cara.

Aunque los precios han subido de media un 0,4 %, OCU ha detectado una aceleración en el caso de la alimentación relacionada con la subida del precio de la energía y, de hecho, la leche, los huevos o las carnes de pollo y conejo ya se han visto afectados.

OCU advierte de que, de seguir el «desorbitado incremento» del precio de la energía, sobre todo de la electricidad, con un incremento en lo que va de año del 29 %, los consumidores «se verán obligados a pagar más para llenar el carro de la compra».

En su estudio la OCU analiza los precios de alimentación, higiene y droguería con el objetivo de facilitar a los consumidores una herramienta para comparar los precios entre los distintos establecimientos.

A nivel nacional, OCU ha visitado para su elaboración 1.103 establecimientos en 65 ciudades, además de internet, y ha analizado 160.976 precios de una «cesta de la compra» compuesta por 238 productos de diversas categorías.

Incluyen alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado) alimentación envasada, productos de higiene y droguería, tanto de marcas líderes de fabricante como de marcas blancas.

La metodología usada por OCU en su estudio, que viene realizando desde hace 33 años, se basa en la elaboración de un índice con los precios recogidos en los diferentes establecimientos, ponderados de acuerdo con el peso de cada uno en el gasto de las familias.

El estudio de supermercados de OCU demuestra las «notables diferencias de precios» entre establecimientos; el Hipermercado Family Cash de Burjassot es más barato de los visitados en la Comunitat Valenciana, seguido de Alcampo de Aldaia (Valencia) y Castelló, así como el Supeco, también de Castelló.

El supermercado Coaliment Compra saludable, situado en la calle de la Reina de València, es el más caro, seguido del supermercado Unide Market de la calle Auso y Monzó de Alicante y el Supercor de la avenida Alfahuir de València.

Para los consumidores que no viven en las ciudades visitadas, OCU elabora un índice de cadenas que permite conocer el nivel de precios de los establecimientos cercanos.

Dani, Más Ahorro y Family Cash (esta última de origen valenciano) son las cadenas más baratas, mientras que Sánchez Romero y Sorli Discau son las más caras y, entre las cadenas nacionales, Alcampo es la más barata y Suma, la más cara.

Además de las diferencias de precios, el estudio señala la disparidad en el coste de la cesta de la compra que existe entre ciudades y comunidades autónomas.

La Comunitat Valenciana y Murcia son las autonomías donde más barato resulta hacer la compra, ambas con un índice 100. Baleares es la más cara, seguida de Canarias, País Vasco y Cataluña.

Respecto al incremento de precios, solo cuatro cadenas entre las grandes los han incrementado: E. Leclerc, Más y Más, La Plaza de Dia y Dia Maxi, mientras que el resto los ha bajado, siendo Consum (una cadena valenciana) y El Corte Inglés las que más han bajado de nivel de precios.

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Valencia

Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»

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Caso Koldo-Ábalos
La expareja de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez (c), a su llegada al Tribunal Supremo a declarar como testigo en el juicio de las mascarillas, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS)

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.

“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.


Declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas

Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.

Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.

“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.


“La idea era tener un lugar para estar juntos”

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.

“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.

En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.

“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.


Admite que cobró de Ineco sin trabajar

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.

Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:

“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.

Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.

Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.


Una relación iniciada en 2018 y marcada por la situación política

Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.

No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.

“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.


“Nuestra historia solo la conocemos él y yo”

La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.

Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.

“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.

Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

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