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La Comunitat presenta una alternativa para mejorar las prestaciones a parados de larga duración

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SEVILLA/VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) –

Nueve Comunidades Autónomas –entre ellas la valenciana– han presentado una alternativa conjunta la propuesta del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social sobre varios programas destinados a parados de larga duración al considerar que «decenas de miles» de personas vean peligrar la percepción de su prestación.

Las nueve regiones –Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura y Navarra– se refieren a programas del departamento que dirige Fátima Báñez como Prepara, el Programa de Activación de empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI).

Por ello, han presentado una propuesta para modificar el sistema de prestaciones por desempleo, que integre los programas destinados a parados de larga duración en el sistema de prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, garantizando, con su nueva formulación, que estas ayudas queden en la estructura del sistema de prestaciones, según ha informado la Consejería andaluza de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta andaluza.

Estas comunidades consideran que con la actual propuesta del Ministerio un alto porcentaje de los beneficiarios de estos tres programas, que ascendían a más de 232.000 personas en febrero de 2018, corre el riesgo de dejar de percibir una ayuda, un riesgo que es especialmente alto entre los perceptores de la RAI, que superaban en febrero los 178.000 beneficiarios.

Según las nueve comunidades, la propuesta del Ministerio pone en «grave» riesgo a buena parte de los perceptores de estos programas, por pasar a plantear ahora requisitos más exigentes entre los posibles beneficiarios. El coste anual de estos tres programas asciende actualmente a 1.200 millones de euros, que con los recortes propuestos por el Ministerio deberían ser financiados por las comunidades autónomas, a través de sus respectivas rentas sociales, para mantener el nivel de cobertura.

Ante este hecho, las comunidades han presentado un texto alternativo que garantizará la percepción de estas ayudas y también solicitarán la convocatoria extraordinaria de una conferencia sectorial monográfica para tratar esta cuestión, dado que este colectivo es el que mayores dificultades de inserción laboral y vulnerabilidad presenta. El planteamiento de las regiones es hallar una solución de consenso que asegure la cobertura actual, y que se amplíe en futuros ejercicios.

Además, la contrapropuesta de las nueve comunidades autónomas incluye la compatibilidad entre las prestaciones por desempleo y las rentas sociales autonómicas, de modo que estas últimas podrán complementar a las prestaciones.

«CONTINUOS RECORTES DE DERECHOS»
El nuevo intento de reducción del nivel de cobertura de las prestaciones por parte del Ministerio se da en un contexto de «continuos recortes, que no han cesado desde la reforma del sistema de prestaciones aprobados por el PP en julio del 2012 y que supuso el origen de la caída del sistema de prestaciones, muy alejado ya de los niveles existentes en 2011».

El actual ciclo económico debería permitir «que empezara a mejorar la situación de los desempleados y no seguir empeorándola», según los citados gobiernos autonómicos, por lo que hay que trabajar en un sistema «que mantenga y mejore la cobertura de las personas desempleadas»: en especial, cuando la recaudación del Estado por cotizaciones de desempleo presenta un superávit que se acerca ya a los 3.000 millones de euros.

Las nueve comunidades firmantes lamentan la «total ausencia de diálogo» por parte del Ministerio para resolver esta cuestión y recuerdan que en la Conferencia Sectorial del 18 de septiembre de 2017 se acordó unánimemente revisar la reformulación de estos programas para mantener y mejorar el nivel de cobertura, entre representantes del Ministerio y las comunidades autónomas, dándose un plazo de siete meses para ello.

Pese a la trascendencia de estas medidas, estas regiones denuncian la ausencia de diálogo por parte del Ministerio, quien sólo ha convocado una vez a los consejeros de Trabajo o Empleo (el pasado 17 de abril) para debatir esta cuestión, «sin hablar realmente de las propuestas que se han hecho desde el ámbito autonómico, lo que demuestra la nula intención del Ministerio para trabajar de forma conjunta y para tratar de hallar una solución consensuada».

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Si utilizas Bizum, ojo a lo que llega en 2026: los cambios que va a implantar Hacienda 

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Estafa Bizum inverso
Usuarios con la aplicación de Bizum. / ARCHIVO

Hacienda refuerza el control sobre Bizum a partir de 2026

El inicio de 2026 traerá importantes novedades fiscales que afectarán de lleno a los sistemas de pago digitales. Entre ellos, Bizum será uno de los principales protagonistas. A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre esta plataforma y otros medios de pago electrónico con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025, que reconoce el creciente peso de los sistemas de pago digitales —más allá de las tarjetas bancarias tradicionales— y la necesidad de integrarlos de forma plena en los mecanismos de control tributario.

Por qué Hacienda pone el foco en Bizum y otros pagos móviles

Según ha explicado la Agencia Tributaria, el auge de los pagos a través del teléfono móvil, tarjetas virtuales y plataformas digitales ha generado nuevas formas de cobro difíciles de rastrear con la normativa anterior. Por ello, la reforma incorpora expresamente a las entidades de pago y de dinero electrónico como sujetos obligados a facilitar información fiscal, al mismo nivel que las entidades financieras tradicionales.

En este contexto, se redefine el modelo 170 para que incluya cualquier sistema de pago que opere mediante tarjetas físicas o virtuales, dinero electrónico o números de teléfono móvil, como es el caso de Bizum.

Qué cambia exactamente a partir de enero de 2026

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del umbral mínimo de 3.000 euros. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a informar a Hacienda de operaciones que superaran esa cantidad. Con la nueva normativa, cualquier importe será comunicado.

Además, la periodicidad de la información cambia de forma sustancial:

  • Se elimina el límite de 3.000 euros para informar de operaciones.

  • La información sobre cobros y pagos pasa de ser anual a mensual.

  • Se refuerza el control sobre empresas y autónomos que utilicen Bizum u otros sistemas similares.

En la práctica, esto significa que cualquier cobro que una empresa o un autónomo realice a través de Bizum —aunque sea por un importe reducido— quedará reflejado en el informe mensual que la plataforma deberá remitir a la Agencia Tributaria.

A quién afectan estos cambios: empresas y autónomos

La reforma afecta directamente a profesionales, autónomos y empresas que utilicen Bizum como medio de cobro. La información que se trasladará a Hacienda incluirá, entre otros datos, la identificación completa del profesional, el número de teléfono o comercio asociado al sistema de cobro, el importe facturado mensualmente y la cuenta bancaria vinculada.

También se diferenciarán los cobros realizados mediante tarjeta y los asociados a pagos móviles, lo que permitirá a la Administración contar con una trazabilidad mucho más detallada de la actividad económica.

¿Qué pasa con los Bizum entre particulares?

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es si Hacienda controlará los Bizum entre amigos o familiares, como el pago de una cena, un regalo o gastos compartidos. La respuesta es clara: no.

La Agencia Tributaria ha precisado que solo se informará de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de carácter profesional o empresarial. Por tanto, los Bizum entre particulares quedan excluidos de esta obligación informativa y no se verán afectados por la nueva normativa.

Cambios adicionales en cuentas bancarias y tarjetas

La reforma no se limita únicamente a Bizum. También introduce novedades en la información relativa a cuentas bancarias y tarjetas. En el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos en el último período mensual del ejercicio.

En cuanto a las tarjetas bancarias, se establece la obligación de informar anualmente sobre todas las operaciones realizadas, incluyendo abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y pagos en establecimientos. Solo quedarán excluidas aquellas tarjetas cuyo volumen anual de operaciones no supere los 25.000 euros, sumando cargos y abonos.

La información remitida a Hacienda incluirá datos como el número de contrato de emisión de la tarjeta, la identificación de los titulares, el tipo de tarjeta, el número total de operaciones, los importes acumulados y la cuenta bancaria asociada.

El objetivo de la reforma fiscal sobre Bizum

Con estas medidas, Hacienda busca disponer de información más precisa y actualizada para prevenir el fraude fiscal y mejorar la eficacia recaudatoria. La Agencia Tributaria ha señalado que ya está enviando comunicaciones informativas a los profesionales para que conozcan con antelación las nuevas obligaciones que entrarán en vigor en 2026.

El uso de Bizum seguirá siendo totalmente legal y válido, pero a partir del próximo año su utilización con fines profesionales estará sometida a un control fiscal mucho más exhaustivo.

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