Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, además de los dos acusados, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, declararán, a lo largo de once sesiones, un total de 189 testigos, 6 testigos peritos y 35 peritos.

Las sesiones comenzarán este lunes a las 10 horas con la declaración de los dos acusados, Recaredo del Potro, quien fuera presidente de Escal UGS, y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau. También consta como acusación la propia mercantil como persona jurídica.

Habrá sesiones igualmente los días 19, 20, 21, 25, 26 y 27 de octubre, con pruebas testificales, y los días 2, 8, 9, 10 y 15 de noviembre, con testigos, peritos y, en la última sesión, con las conclusiones e informes de las partes.

La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, pide siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente «con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico».

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500.

Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron «daños de consideración» en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.

Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, «una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno».

Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

El despacho de abogados BCV Lex, en representación de la asociación de afectados Aplaca (formada por 123 vecinos de las localidades afectadas), ha solicitado a la Audiencia Provincial de Castellón una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los afectados en el juicio, según fuentes jurídicas.

Un estudio liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM), ambos pertenecientes al CSIC, desveló los mecanismos que produjeron los seísmos que tuvieron lugar tras la inyección de gas en el almacén Castor en 2013 y que condujeron a su cierre cuatro años más tarde.

La inyección de gas produjo, según este estudio, una «sobrepresión y un efecto de flotación de gas que movió la falla de Amposta, que a su vez desestabilizó a otra más profunda, desconocida hasta ahora, causando los sismos de mayor magnitud percibidos por la población».