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La Comunitat Valenciana, la primera en abrir proceso para abolir prostitución en España

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La Comunitat Valenciana, la primera en abrir proceso para abolir prostitución en España

Valencia, 2 mar (EFE).- La Conselleria de Justicia ha presentado un decálogo de medidas que hacen que la Valenciana sea la primera autonomía en abrir el proceso para «abolir» la prostitución en España, entre las que se encuentra cerrar los burdeles que se esconden como locales de ocio y multar a los clientes, y reconocer a las prostituidas como «víctimas del terrorismo machista«.

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha firmado este miércoles la resolución de inicio para la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat, y ha detallado las diez medidas elaboradas por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que, durante el último año, ha reunido a más de 30 personas expertas de todos los ámbitos.

Las diez medidas incluyen reformas normativas en el ámbito estatal, autonómico y local, así como iniciativas asistenciales para las mujeres prostituidas y acciones de formación y sensibilización, tanto para los profesionales que están en contacto con estas mujeres como de la ciudadanía en general.

«Se podrá perseguir y sancionar a los propietarios de burdeles que se esconden tras fachadas de negocios hosteleros o de ocio», ha indicado Bravo, que ha añadido que, para ello, en la reforma se contempla la sanción con multa y clausura del local de aquellos establecimientos camuflados con licencias para hostelería u ocio, que permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución.

El cierre se extenderá, incluso, en el caso de que el responsable haya cesado en la actividad y sea otro quien solicite la apertura. También se prohibirán los espectáculos y actividades públicas que inciten o fomenten la prostitución o cualquier forma de explotación sexual.

Otra propuesta del decálogo es la modificación de la ley autonómica contra la violencia sobre la mujer para que reconozca a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género, «lo que garantizará el acceso de estas mujeres a todos los derechos y recursos asistenciales que protegen a las víctimas del terrorismo machista», según la consellera.

Además, Bravo ha anunciado que su departamento elaborará un Modelo Único de Ordenanza Abolicionista «que se ofrecerá a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y que tratará la prostitución como un tipo de violencia de género y no como un problema de orden público, sancionando al putero y protegiendo a la víctima, tal y como ocurrió la semana pasada en la localidad valenciana de Albal».

También se aboga por el refuerzo de los recursos formativos para ofrecer salidas socio laborales a estas mujeres mediante itinerarios específicos por su condición de víctimas de prostitución, y potenciar el programa ALBA de la Generalitat para la salida de la explotación sexual.

Bravo ha asegurado que «es consciente» de que «dado la complejidad del problema» no se podía «solucionarlo en solitario» y, por ello, el decálogo incluye «instar al Gobierno y a las Cortes Generales» a la aprobación de una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución «ya que es la respuesta más contundente para erradicar este tipo de violencia de género».

A su juicio, la ley «debe actuar en tres direcciones». En primer lugar, «la persecución del proxenetismo en todas sus formas», lo cual conllevará la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como la Tercería Locativa (el alquiler de espacios para la compra de sexo) o el rufianismo (la inducción a la prostitución por parte de la pareja sentimental de la víctima).

En segundo lugar, la sanción penal de la demanda y compra de sexo «porque es evidente que si existe la prostitución no es porque hay mujeres que venden su cuerpo, sino millones de hombres dispuestos a comprar».

Por último, «la protección y consideración de todas las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, con todo lo que ello implica», lo que supondrá la modificación de la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015.

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Valencia

El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita

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El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE/ Biel Alino/Archivo

La catástrofe desencadenada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, que dejó un lacerante saldo de más de 229 víctimas, no puede quedar impune. Más allá del dolor humano y de la reconstrucción material, está la responsabilidad política. Y en ese terreno, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, acumula mentiras, contradicciones y el profundo desgarro de quienes lo perdieron todo. Por dignidad, por ética y por justicia, Mazón debe dimitir.

Una gestión inexcusable

Cuando la alerta roja estaba activada, Mazón estaba ausente del lugar que le correspondía. Según los informes oficiales, llegó al comité de crisis (CECOPI) a las 20:28 horas, cuando ya se había emitido la alerta a la población minutos antes. No fue un “error de agenda”, sino un fallo estructural que costó vidas.

Mientras Valencia vivía una riada devastadora, el presidente se encontraba en una comida privada en lugar de supervisar la emergencia. Su entorno lo justificó como una reunión de trabajo, pero el contexto lo desmiente: fue ausencia, negligencia y falta de liderazgo.

La falta de movilización de efectivos tampoco puede justificarse. Los informes cruzados detectan irregularidades en el número de bomberos y medios activados. Cuando una emergencia reclama transparencia, los datos confusos o manipulados son una afrenta.

Mentiras, contradicciones y silencio

Mazón ha intentado derivar responsabilidades hacia la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en lugar de asumir el liderazgo que su cargo exige. Cuando el caos se instala, quien gobierna debe estar al frente, no buscando culpables.

Peor aún, ha ofrecido versiones cambiantes sobre su paradero, sus llamadas y las decisiones adoptadas aquel día. La investigación judicial avanza con pruebas que desmontan la versión oficial. Cuando un líder debe explicar dónde estaba durante una tragedia, el problema ya no es circunstancial: es estructural.

Las víctimas, traicionadas

No basta con lamentar lo sucedido cuando la dignidad exige acción. Las asociaciones de víctimas han expresado su malestar y exigido respeto ante la falta de explicaciones claras. “Estar con las víctimas también implica asumir responsabilidades”, repiten familiares que aún esperan una disculpa sincera.

No es solo la ausencia inicial. Es el desfile de versiones, el silencio, la falta de empatía y la reconstrucción lenta. Mientras las familias siguen llorando, el presidente intenta sostener su imagen pública como si nada hubiera ocurrido.

La única salida digna: la dimisión

Integridad política. Quien incumple los principios básicos de responsabilidad pierde la legitimidad para seguir al frente.

Justicia para las víctimas. Pedir perdón no basta cuando no se explica con claridad, cuando no se asumen errores ni se ofrecen soluciones. Las víctimas merecen que se depuren responsabilidades reales.

Confianza institucional. La credibilidad de la Generalitat se resquebraja cuando su presidente ofrece explicaciones tardías, contradictorias y evasivas. Eso no solo afecta a Mazón, afecta a toda la Comunitat Valenciana.

Renovación del liderazgo. El desastre del 29-O no puede cerrarse con un “sigo al mando”. Hace falta un relevo que reconstruya no solo los territorios inundados, sino también la confianza de los ciudadanos.

La responsabilidad compartida

Los silencios cómplices también pesan. Los partidos que sostienen a Mazón deben preguntarse si su apoyo es ético o meramente político. Cada día que pasa sin rendir cuentas es una herida más para las víctimas y una mancha más para las instituciones.

La dimisión no sería una derrota política, sino un acto de respeto hacia los que sufrieron, hacia los que murieron y hacia toda una sociedad que exige transparencia y verdad.

La tragedia del 29 de octubre no son solo cifras. Son vidas, familias, municipios arrasados y una sociedad herida. Carlos Mazón mantuvo su comida en El Ventorro cuando la provincia se inundaba, cambió versiones cuando se investigaba y continúa en el cargo pese al clamor ciudadano.

Por integridad, por dignidad, por justicia: Carlos Mazón debe dimitir.
Y quienes lo sostienen, deberían preguntarse si su silencio también los convierte en responsables.

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