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Valencia

La Comunitat Valenciana, la que suma más disoluciones matrimoniales

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Valencia, 3 dic (EFE).- Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de 2021 ante los órganos judiciales valencianos bajaron un 21,8% respecto del mismo periodo del año anterior, hasta situarse en una tasa de 5,2 disoluciones matrimoniales por cada 10.000 habitantes, lo que supone con una tasa de 5,2, frente al 4,2 de la media española.

En términos absolutos, sumando todas las modalidades de ruptura de parejas, los juzgados de la Comunidad Valenciana recibieron un total de 2.626 demandas, un 21,8% menos que las registradas en el mismo período de hace un año, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se han dado a conocer hoy.

Por provincias, 1.491 se presentaron en Valencia, 903 en Alicante y las restantes 230 en Castellón. En cuanto a las dos únicas demandas de nulidad matrimonial, una se presentó en Alicante y la otra en Castellón.

En este periodo se interpusieron 1.616 demandas de divorcio consensuado, esto es un 19,7 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2020, pero un 4 % más de las presentadas entre julio y septiembre de 2019.

Por su parte, los 883 divorcios sin consenso entre los cónyuges supusieron una disminución interanual del 27,4 % respecto del mismo trimestre de 2020 y de un 14 % respecto del 2019.

En cuanto a las demandas de separación, se registraron 81 consensuadas, un 19,8 % menos que el tercer trimestre de 2020 y un 14,7 % menos que el del 2019.

Por lo que respecta a las no consensuadas, se presentaron 44 durante el periodo analizado, que son un 41,9 % más -la única modalidad que se incrementa- que las presentadas el año anterior, y un 2,3 % más que el tercer trimestre del año 2019.

En la provincia de Valencia se presentaron 910 demandas de divorcio consensuadas y 512 contenciosas entre julio y septiembre de 2021. Además, las separaciones de mutuo acuerdo en este periodo fueron 44 y las no consensuadas, 25.

Por su parte, en este tercer trimestre del año, los órganos judiciales alicantinos recibieron 562 demandas de divorcio consensuadas y 300 no consensuados. En cuanto a las separaciones, 28 fueron consensuadas y 13 contenciosas.

En la provincia de Castellón 144 de las demandas de divorcio presentadas fueron amistosas mientras que 71 se registraron sin acuerdo. En cuanto a las separaciones castellonenses, nueve de ellas fueron consensuadas y seis contenciosas.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 290, han disminuido un 16,2 % respecto al tercer trimestre de 2020 en el conjunto de la Comunidad Valenciana, mientras que en 2019 la reducción fue del 8%. Por su parte, las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 785, han disminuido un 19,2 % respecto a las contabilizadas un año antes y un 12,6% respecto al año 2019.

Por provincias, 622 demandas de modificación de medidas, tanto consensuadas como no consensuadas, se presentaron en Valencia durante el tercer trimestre de 2021, 349 en Alicante y 104 en Castellón.

En cuanto a las modificaciones de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales de mutuo acuerdo, se registraron en toda la Comunidad 509 demandas, con una disminución del 21,6 % y un aumento del 39,8 % respecto de las 364 modificaciones presentadas en el mismo trimestre del 2019. Las no consensuadas, 542, se redujeron por su parte un 25,9 % respecto a 2020 y un 12,1% respecto al trimestre analizado de 2019.

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Valencia

Cierra un hotel ilegal en un edificio histórico de la calle San Vicente Mártir de València

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El Ayuntamiento de València ha confirmado el cierre de un hotel que operaba de manera ilegal en el histórico Edificio Roca, situado en el número 34 de la calle San Vicente Mártir. La administración local había emitido previamente una orden de clausura debido a la falta de licencia para funcionamiento como establecimiento hotelero, hostal o apartamentos turísticos.

Funcionamiento ilegal y quejas vecinales

El consistorio valenciano explicó que, tras recibir quejas de vecinos, se realizaron inspecciones por parte de la Policía Local y de la Concejalía de Urbanismo, iniciando un expediente sancionador por actividad ilegal.

Paralelamente, los gestores del hotel habían solicitado licencia para operar como residencia de estudiantes, pero la documentación presentada resultó irregular, lo que impidió que la solicitud prosperara.

Clausura y proceso administrativo

Ante la apertura del expediente y la orden de clausura, los responsables del establecimiento decidieron cerrar el hotel, que actualmente ya no tiene actividad. El Ayuntamiento ha confirmado que el proceso administrativo continúa abierto, tanto en el expediente sancionador como en la evaluación de la solicitud para residencia de estudiantes.

Según fuentes municipales, es poco probable que la petición de licencia prospere, dada la irregularidad de la documentación presentada hasta ahora.

 

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