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Valencia

La Comunitat Valenciana, la que suma más disoluciones matrimoniales

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Valencia, 3 dic (EFE).- Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de 2021 ante los órganos judiciales valencianos bajaron un 21,8% respecto del mismo periodo del año anterior, hasta situarse en una tasa de 5,2 disoluciones matrimoniales por cada 10.000 habitantes, lo que supone con una tasa de 5,2, frente al 4,2 de la media española.

En términos absolutos, sumando todas las modalidades de ruptura de parejas, los juzgados de la Comunidad Valenciana recibieron un total de 2.626 demandas, un 21,8% menos que las registradas en el mismo período de hace un año, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se han dado a conocer hoy.

Por provincias, 1.491 se presentaron en Valencia, 903 en Alicante y las restantes 230 en Castellón. En cuanto a las dos únicas demandas de nulidad matrimonial, una se presentó en Alicante y la otra en Castellón.

En este periodo se interpusieron 1.616 demandas de divorcio consensuado, esto es un 19,7 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2020, pero un 4 % más de las presentadas entre julio y septiembre de 2019.

Por su parte, los 883 divorcios sin consenso entre los cónyuges supusieron una disminución interanual del 27,4 % respecto del mismo trimestre de 2020 y de un 14 % respecto del 2019.

En cuanto a las demandas de separación, se registraron 81 consensuadas, un 19,8 % menos que el tercer trimestre de 2020 y un 14,7 % menos que el del 2019.

Por lo que respecta a las no consensuadas, se presentaron 44 durante el periodo analizado, que son un 41,9 % más -la única modalidad que se incrementa- que las presentadas el año anterior, y un 2,3 % más que el tercer trimestre del año 2019.

En la provincia de Valencia se presentaron 910 demandas de divorcio consensuadas y 512 contenciosas entre julio y septiembre de 2021. Además, las separaciones de mutuo acuerdo en este periodo fueron 44 y las no consensuadas, 25.

Por su parte, en este tercer trimestre del año, los órganos judiciales alicantinos recibieron 562 demandas de divorcio consensuadas y 300 no consensuados. En cuanto a las separaciones, 28 fueron consensuadas y 13 contenciosas.

En la provincia de Castellón 144 de las demandas de divorcio presentadas fueron amistosas mientras que 71 se registraron sin acuerdo. En cuanto a las separaciones castellonenses, nueve de ellas fueron consensuadas y seis contenciosas.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 290, han disminuido un 16,2 % respecto al tercer trimestre de 2020 en el conjunto de la Comunidad Valenciana, mientras que en 2019 la reducción fue del 8%. Por su parte, las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 785, han disminuido un 19,2 % respecto a las contabilizadas un año antes y un 12,6% respecto al año 2019.

Por provincias, 622 demandas de modificación de medidas, tanto consensuadas como no consensuadas, se presentaron en Valencia durante el tercer trimestre de 2021, 349 en Alicante y 104 en Castellón.

En cuanto a las modificaciones de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales de mutuo acuerdo, se registraron en toda la Comunidad 509 demandas, con una disminución del 21,6 % y un aumento del 39,8 % respecto de las 364 modificaciones presentadas en el mismo trimestre del 2019. Las no consensuadas, 542, se redujeron por su parte un 25,9 % respecto a 2020 y un 12,1% respecto al trimestre analizado de 2019.

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Valencia

La AVL rechaza cambiar a tilde cerrada el topónimo oficial ‘València’

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valencia cambio denominación bilingue
Vista general del pleno del Ayuntamiento de València, que ha aprobado conceder la distinción de alcaldesa honoraria, a título póstumo, a Rita Barberá, e iniciar el procedimiento para el cambio de denominación de la ciudad por la versión bilingüe. EFE/Biel Aliño

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha aprobado un informe en el que rechaza la propuesta de modificar el topónimo oficial en valenciano de la ciudad para escribirlo con tilde cerrada —‘Valéncia’— y mantiene la grafía actual: València.

El documento, aprobado por una amplia mayoría en el pleno celebrado este viernes, será remitido a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat y posteriormente se hará público con toda su argumentación técnica y filológica.


La propuesta partió del Ayuntamiento de València

El debate se reactivó después de que el pleno del Ayuntamiento de València aprobara en diciembre de 2025 solicitar el cambio del topónimo por la versión bilingüe ‘Valencia’ (castellano) y ‘Valéncia’ (valenciano con tilde cerrada).

La iniciativa salió adelante con los votos del equipo de gobierno municipal (PP y Vox) y el rechazo de la oposición (Compromís y PSPV-PSOE). El ejecutivo local justificó la petición en un estudio técnico encargado al lingüista y académico de la propia AVL Abelard Saragossà.


La Generalitat debe recabar informe preceptivo

La competencia para fijar la toponimia oficial de los municipios corresponde a la Generalitat Valenciana, que debe solicitar un informe preceptivo a la AVL antes de adoptar cualquier decisión.

A partir de ahora, se abrirá un periodo de alegaciones tras la emisión de la resolución del ente normativo.


La AVL mantiene el criterio fijado en 2016

La decisión adoptada sigue la misma línea que el acuerdo alcanzado por la AVL en diciembre de 2016. Entonces ya se concluyó que, aunque la pronunciación recomendada para los valencianos es con ‘e’ cerrada, la grafía adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico del topónimo es València, con tilde abierta.

El informe aprobado ahora refuerza ese criterio y defiende la coherencia normativa y filológica del nombre oficial.


Apoyo académico al mantenimiento de ‘València’

También se han pronunciado otras entidades académicas, como el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (IIFV) —integrado por las universidades de Alicante, València y Jaume I de Castelló—, que defiende mantener el topónimo oficial en valenciano.

El IIFV advierte de que alterar la grafía sin criterios filológicos consolidados supondría una fractura cultural y lingüística sin justificación académica.

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