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Valencia

La Comunitat Valenciana, la que suma más disoluciones matrimoniales

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Valencia, 3 dic (EFE).- Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de 2021 ante los órganos judiciales valencianos bajaron un 21,8% respecto del mismo periodo del año anterior, hasta situarse en una tasa de 5,2 disoluciones matrimoniales por cada 10.000 habitantes, lo que supone con una tasa de 5,2, frente al 4,2 de la media española.

En términos absolutos, sumando todas las modalidades de ruptura de parejas, los juzgados de la Comunidad Valenciana recibieron un total de 2.626 demandas, un 21,8% menos que las registradas en el mismo período de hace un año, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se han dado a conocer hoy.

Por provincias, 1.491 se presentaron en Valencia, 903 en Alicante y las restantes 230 en Castellón. En cuanto a las dos únicas demandas de nulidad matrimonial, una se presentó en Alicante y la otra en Castellón.

En este periodo se interpusieron 1.616 demandas de divorcio consensuado, esto es un 19,7 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2020, pero un 4 % más de las presentadas entre julio y septiembre de 2019.

Por su parte, los 883 divorcios sin consenso entre los cónyuges supusieron una disminución interanual del 27,4 % respecto del mismo trimestre de 2020 y de un 14 % respecto del 2019.

En cuanto a las demandas de separación, se registraron 81 consensuadas, un 19,8 % menos que el tercer trimestre de 2020 y un 14,7 % menos que el del 2019.

Por lo que respecta a las no consensuadas, se presentaron 44 durante el periodo analizado, que son un 41,9 % más -la única modalidad que se incrementa- que las presentadas el año anterior, y un 2,3 % más que el tercer trimestre del año 2019.

En la provincia de Valencia se presentaron 910 demandas de divorcio consensuadas y 512 contenciosas entre julio y septiembre de 2021. Además, las separaciones de mutuo acuerdo en este periodo fueron 44 y las no consensuadas, 25.

Por su parte, en este tercer trimestre del año, los órganos judiciales alicantinos recibieron 562 demandas de divorcio consensuadas y 300 no consensuados. En cuanto a las separaciones, 28 fueron consensuadas y 13 contenciosas.

En la provincia de Castellón 144 de las demandas de divorcio presentadas fueron amistosas mientras que 71 se registraron sin acuerdo. En cuanto a las separaciones castellonenses, nueve de ellas fueron consensuadas y seis contenciosas.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 290, han disminuido un 16,2 % respecto al tercer trimestre de 2020 en el conjunto de la Comunidad Valenciana, mientras que en 2019 la reducción fue del 8%. Por su parte, las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 785, han disminuido un 19,2 % respecto a las contabilizadas un año antes y un 12,6% respecto al año 2019.

Por provincias, 622 demandas de modificación de medidas, tanto consensuadas como no consensuadas, se presentaron en Valencia durante el tercer trimestre de 2021, 349 en Alicante y 104 en Castellón.

En cuanto a las modificaciones de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales de mutuo acuerdo, se registraron en toda la Comunidad 509 demandas, con una disminución del 21,6 % y un aumento del 39,8 % respecto de las 364 modificaciones presentadas en el mismo trimestre del 2019. Las no consensuadas, 542, se redujeron por su parte un 25,9 % respecto a 2020 y un 12,1% respecto al trimestre analizado de 2019.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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