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Valencia

La Comunitat Valenciana, la que suma más disoluciones matrimoniales

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Valencia, 3 dic (EFE).- Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de 2021 ante los órganos judiciales valencianos bajaron un 21,8% respecto del mismo periodo del año anterior, hasta situarse en una tasa de 5,2 disoluciones matrimoniales por cada 10.000 habitantes, lo que supone con una tasa de 5,2, frente al 4,2 de la media española.

En términos absolutos, sumando todas las modalidades de ruptura de parejas, los juzgados de la Comunidad Valenciana recibieron un total de 2.626 demandas, un 21,8% menos que las registradas en el mismo período de hace un año, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se han dado a conocer hoy.

Por provincias, 1.491 se presentaron en Valencia, 903 en Alicante y las restantes 230 en Castellón. En cuanto a las dos únicas demandas de nulidad matrimonial, una se presentó en Alicante y la otra en Castellón.

En este periodo se interpusieron 1.616 demandas de divorcio consensuado, esto es un 19,7 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2020, pero un 4 % más de las presentadas entre julio y septiembre de 2019.

Por su parte, los 883 divorcios sin consenso entre los cónyuges supusieron una disminución interanual del 27,4 % respecto del mismo trimestre de 2020 y de un 14 % respecto del 2019.

En cuanto a las demandas de separación, se registraron 81 consensuadas, un 19,8 % menos que el tercer trimestre de 2020 y un 14,7 % menos que el del 2019.

Por lo que respecta a las no consensuadas, se presentaron 44 durante el periodo analizado, que son un 41,9 % más -la única modalidad que se incrementa- que las presentadas el año anterior, y un 2,3 % más que el tercer trimestre del año 2019.

En la provincia de Valencia se presentaron 910 demandas de divorcio consensuadas y 512 contenciosas entre julio y septiembre de 2021. Además, las separaciones de mutuo acuerdo en este periodo fueron 44 y las no consensuadas, 25.

Por su parte, en este tercer trimestre del año, los órganos judiciales alicantinos recibieron 562 demandas de divorcio consensuadas y 300 no consensuados. En cuanto a las separaciones, 28 fueron consensuadas y 13 contenciosas.

En la provincia de Castellón 144 de las demandas de divorcio presentadas fueron amistosas mientras que 71 se registraron sin acuerdo. En cuanto a las separaciones castellonenses, nueve de ellas fueron consensuadas y seis contenciosas.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 290, han disminuido un 16,2 % respecto al tercer trimestre de 2020 en el conjunto de la Comunidad Valenciana, mientras que en 2019 la reducción fue del 8%. Por su parte, las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 785, han disminuido un 19,2 % respecto a las contabilizadas un año antes y un 12,6% respecto al año 2019.

Por provincias, 622 demandas de modificación de medidas, tanto consensuadas como no consensuadas, se presentaron en Valencia durante el tercer trimestre de 2021, 349 en Alicante y 104 en Castellón.

En cuanto a las modificaciones de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales de mutuo acuerdo, se registraron en toda la Comunidad 509 demandas, con una disminución del 21,6 % y un aumento del 39,8 % respecto de las 364 modificaciones presentadas en el mismo trimestre del 2019. Las no consensuadas, 542, se redujeron por su parte un 25,9 % respecto a 2020 y un 12,1% respecto al trimestre analizado de 2019.

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Valencia

El ‘basurazo’ en València y l’Horta genera polémica: ciudadanos y ayuntamientos en pie de guerra

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Tasa basura Valencia

La puesta en marcha de la nueva tasa de basuras, conocida popularmente como el «basurazo», ha generado tensiones y protestas en València y en el área metropolitana de l’Horta debido a su impacto en la gestión de residuos y en las economías familiares.

¿Qué es el «basurazo»?

El término «basurazo» se utiliza para referirse a la nueva tasa de residuos que deben aplicar los ayuntamientos en España para cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta normativa obliga a los municipios a establecer una tasa específica, no deficitaria, que cubra íntegramente el coste de la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos hasta las plantas de tratamiento.

En València, la tasa empezó a notificarse a partir del 1 de abril de 2026 a más de 440.000 viviendas, comunidades y locales, y su coste será calculado según parámetros como el consumo de agua anual, considerado un indicador indirecto de generación de residuos.

¿Por qué genera conflictos?

1. Carga económica directa a los ciudadanos

Con la entrada en vigor de esta nueva tasa, quien genera residuos debe asumir el coste real del servicio, algo que hasta ahora en muchos casos se financiaba con otros impuestos o por parte de los ayuntamientos.

En València, los recibos que ya se están empezando a emitir se consideran por algunos ciudadanos y partidos como un «impuesto excesivo», ya que se calcula en función de parámetros indirectos como el consumo de agua y no siempre guarda relación con la cantidad real de residuos generados.

2. Diferencias entre municipios

No existe un criterio único para calcular la tasa. Algunos ayuntamientos utilizan el consumo de agua, otros el valor catastral de la vivienda o incluso sistemas mixtos. Esto provoca grandes disparidades en los importes de la tasa entre diferentes ciudades.

3. Tensiones políticas y gestión local

Mientras que el Gobierno central defiende que esta tasa responde a la normativa europea y a la necesidad de asegurar la financiación de los servicios de recogida, algunos consistorios critican que la falta de directrices claras ha forzado una implementación apresurada que recae directamente sobre los ciudadanos.

Impacto en los ciudadanos y la economía doméstica

La tasa de basuras ha sido uno de los factores que ha impulsado el incremento del coste de la gestión de residuos en el Índice de Precios al Consumo (IPC), llegando a registrar subidas por encima de la inflación general en España.

En València, por ejemplo, la tasa es de las más altas del país comparada con otras capitales, algo que ha elevado las quejas de vecinos y asociaciones.

¿Qué sigue ahora con la gestión de residuos?

La gestión integral de residuos urbanos —que incluye recogida, transporte, tratamiento y eliminación— es un servicio esencial para cualquier ciudad y tiene efectos ambientales, sociales y económicos importantes.

La implantación del «basurazo» busca incentivar una gestión más sostenible, aplicar el principio de «quien contamina, paga» y asegurar que los costes no recaen íntegramente en los presupuestos municipales, sino en quienes generan los desechos.

Sin embargo, el debate continúa entre quienes consideran que esta tasa es necesaria para modernizar la gestión de residuos y quienes creen que su implantación actual carece de criterios claros y puede generar desigualdades y cargas excesivas.

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