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Valencia

La Comunitat Valenciana, la que suma más disoluciones matrimoniales

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Valencia, 3 dic (EFE).- Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de 2021 ante los órganos judiciales valencianos bajaron un 21,8% respecto del mismo periodo del año anterior, hasta situarse en una tasa de 5,2 disoluciones matrimoniales por cada 10.000 habitantes, lo que supone con una tasa de 5,2, frente al 4,2 de la media española.

En términos absolutos, sumando todas las modalidades de ruptura de parejas, los juzgados de la Comunidad Valenciana recibieron un total de 2.626 demandas, un 21,8% menos que las registradas en el mismo período de hace un año, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se han dado a conocer hoy.

Por provincias, 1.491 se presentaron en Valencia, 903 en Alicante y las restantes 230 en Castellón. En cuanto a las dos únicas demandas de nulidad matrimonial, una se presentó en Alicante y la otra en Castellón.

En este periodo se interpusieron 1.616 demandas de divorcio consensuado, esto es un 19,7 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2020, pero un 4 % más de las presentadas entre julio y septiembre de 2019.

Por su parte, los 883 divorcios sin consenso entre los cónyuges supusieron una disminución interanual del 27,4 % respecto del mismo trimestre de 2020 y de un 14 % respecto del 2019.

En cuanto a las demandas de separación, se registraron 81 consensuadas, un 19,8 % menos que el tercer trimestre de 2020 y un 14,7 % menos que el del 2019.

Por lo que respecta a las no consensuadas, se presentaron 44 durante el periodo analizado, que son un 41,9 % más -la única modalidad que se incrementa- que las presentadas el año anterior, y un 2,3 % más que el tercer trimestre del año 2019.

En la provincia de Valencia se presentaron 910 demandas de divorcio consensuadas y 512 contenciosas entre julio y septiembre de 2021. Además, las separaciones de mutuo acuerdo en este periodo fueron 44 y las no consensuadas, 25.

Por su parte, en este tercer trimestre del año, los órganos judiciales alicantinos recibieron 562 demandas de divorcio consensuadas y 300 no consensuados. En cuanto a las separaciones, 28 fueron consensuadas y 13 contenciosas.

En la provincia de Castellón 144 de las demandas de divorcio presentadas fueron amistosas mientras que 71 se registraron sin acuerdo. En cuanto a las separaciones castellonenses, nueve de ellas fueron consensuadas y seis contenciosas.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 290, han disminuido un 16,2 % respecto al tercer trimestre de 2020 en el conjunto de la Comunidad Valenciana, mientras que en 2019 la reducción fue del 8%. Por su parte, las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 785, han disminuido un 19,2 % respecto a las contabilizadas un año antes y un 12,6% respecto al año 2019.

Por provincias, 622 demandas de modificación de medidas, tanto consensuadas como no consensuadas, se presentaron en Valencia durante el tercer trimestre de 2021, 349 en Alicante y 104 en Castellón.

En cuanto a las modificaciones de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales de mutuo acuerdo, se registraron en toda la Comunidad 509 demandas, con una disminución del 21,6 % y un aumento del 39,8 % respecto de las 364 modificaciones presentadas en el mismo trimestre del 2019. Las no consensuadas, 542, se redujeron por su parte un 25,9 % respecto a 2020 y un 12,1% respecto al trimestre analizado de 2019.

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Sucesos

Detenido un exconvicto por el presunto homicidio de un empresario desaparecido de Bocairent

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Desaparecido empresario Bocairent

La Guardia Civil arresta a Antonio C. B., condenado previamente por asesinato, tras hallar pruebas biológicas en el vehículo y en la casa rural de la víctima

4 de julio de 2025 — La Guardia Civil ha detenido a Antonio C. B., un expresidiario con antecedentes por homicidio, como presunto autor de la muerte de un empresario desaparecido el pasado 29 de mayo en circunstancias sospechosas. Aunque el cuerpo aún no ha sido localizado, los investigadores han reunido pruebas concluyentes que apuntan a una muerte violenta.

La detención se ha llevado a cabo tras días de vigilancia discreta por parte del Grupo de Homicidios, que esperaba el resultado de pruebas de ADN para proceder al arresto con todas las garantías judiciales. La investigación apunta a que el empresario, Enrique G., de 77 años, pudo ser asesinado el mismo día de su desaparición.

Pruebas biológicas y una escena del crimen clara

La clave para esclarecer el caso ha sido el trabajo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que analizó tanto el vehículo de la víctima como su casa rural, donde se localizaron salpicaduras de sangre por proyección. El estudio detallado de esas manchas permitió deducir la trayectoria del arma blanca empleada, la dirección del ataque y la violencia del mismo.

Además, se hallaron vestigios biológicos del detenido en el coche, un Volkswagen Golf, presuntamente utilizado para transportar el cadáver. El análisis de estas pruebas, junto con el cotejo de ADN, fue decisivo para vincular al sospechoso con el crimen.

Una fuga sospechosa y antecedentes por asesinato

Según fuentes de la investigación, el día de la desaparición, una patrulla local observó maniobras extrañas en el vehículo de Enrique G. al entrar en una localidad próxima. El conductor, que no fue identificado en ese momento, huyó a gran velocidad, lo que generó sospechas. Todo apunta a que Antonio C. B. trasladaba el cuerpo sin vida del empresario en ese momento.

El arrestado ya fue condenado en 2006 por otro homicidio, cuando mató a cuchilladas al propietario de un establecimiento nocturno tras una discusión. Aquel crimen fue reconocido por el propio Antonio durante el juicio, tras pagar una indemnización a la familia de la víctima.

Hipótesis principal: venganza o robo

Los agentes investigan el móvil del crimen, ya que ambos hombres mantenían desavenencias tras una denuncia por intento de robo interpuesta por Enrique G. La víctima solía dormir en su casa rural en venta, donde realizaba labores de mantenimiento y mostraba la propiedad a posibles compradores.

Todo apunta a que Antonio C. B. entró en la vivienda con intención de robar o ajustar cuentas, y que, tras cometer el homicidio, trató de ocultar el cadáver sin éxito.

La investigación sigue abierta y la prioridad ahora es localizar el cuerpo del empresario para esclarecer completamente lo ocurrido.

 

 

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