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La Comunitat Valenciana lidera los divorcios en España

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València, 27 nov (EFE).- La Comunitat Valenciana presenta en la actualidad una tasa de demandas de disolución matrimonial de 6,6 por cada 10.000 habitantes, la más alta junto a Canarias y muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 5,4.

Así se desprende de los datos hechos públicos hoy por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número total de demandas de separaciones y divorcios presentadas en España durante el tercer trimestre de 2020 ha aumentado un 16,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En la Comunitat Valenciana, ese incremento interanual ha sido del 23,3 por ciento, al pasar de 2.723 demandas a 3.360.

Este repunte del número de procedimientos judiciales relacionados con la ruptura de las parejas se produce después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene para hacer frente a la covid tuvieron en la actividad de los órganos judiciales entre abril y junio de este año, que se tradujo en notables reducciones en todos los tipos de demandas.

Tras las fuertes disminuciones observadas en el trimestre anterior, se han observado incrementos interanuales en casi todas las formas de disolución matrimonial.

Así, en la Comunitat Valenciana la cifra de demandas por separaciones consensuadas aumentó un 6,3 por ciento (de 95 a 101), mientras que la de divorcios consensuados se disparó un 29,4 por ciento, de las 1.555 registradas entre julio y septiembre de 2019 a las 2.012 contabilizadas en el mismo periodo de 2020.

También aumentaron, en concreto un 18,4 por ciento, los procedimientos de divorcios no consensuados (sin acuerdo entre las partes), desde los 1.027 del tercer trimestre del pasado año a los 1.216 de este año.

Únicamente bajaron las separaciones no consensuadas, de 43 a 31 (un 27,9 por ciento) y las demandas de nulidad matrimonial, de 3 a 0.

Por provincias, Alicante registró en el tercer trimestre del año 695 demandas de divorcios consensuados, 479 no consensuados, 32 de separación sin acuerdo y 12 de separación con acuerdo.

En Castellón estas cifras se situaron, respectivamente, en 199, 103, 4 y 0; y en la provincia de Valencia las demandas de divorcio consensuado ascendieron a 1.118, los divorcios no consensuados a 634, las separaciones con acuerdo fueron 65 y las no consensuadas, 19.

Las modificaciones de medidas de guarda y custodia sin consenso crecieron un 18,5 por ciento, desde las 617 del tercer trimestre del pasado año a las 731 del mismo periodo de 2020.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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