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La Comunitat Valenciana lidera los divorcios en España

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matrimonio consejos

València, 27 nov (EFE).- La Comunitat Valenciana presenta en la actualidad una tasa de demandas de disolución matrimonial de 6,6 por cada 10.000 habitantes, la más alta junto a Canarias y muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 5,4.

Así se desprende de los datos hechos públicos hoy por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número total de demandas de separaciones y divorcios presentadas en España durante el tercer trimestre de 2020 ha aumentado un 16,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En la Comunitat Valenciana, ese incremento interanual ha sido del 23,3 por ciento, al pasar de 2.723 demandas a 3.360.

Este repunte del número de procedimientos judiciales relacionados con la ruptura de las parejas se produce después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene para hacer frente a la covid tuvieron en la actividad de los órganos judiciales entre abril y junio de este año, que se tradujo en notables reducciones en todos los tipos de demandas.

Tras las fuertes disminuciones observadas en el trimestre anterior, se han observado incrementos interanuales en casi todas las formas de disolución matrimonial.

Así, en la Comunitat Valenciana la cifra de demandas por separaciones consensuadas aumentó un 6,3 por ciento (de 95 a 101), mientras que la de divorcios consensuados se disparó un 29,4 por ciento, de las 1.555 registradas entre julio y septiembre de 2019 a las 2.012 contabilizadas en el mismo periodo de 2020.

También aumentaron, en concreto un 18,4 por ciento, los procedimientos de divorcios no consensuados (sin acuerdo entre las partes), desde los 1.027 del tercer trimestre del pasado año a los 1.216 de este año.

Únicamente bajaron las separaciones no consensuadas, de 43 a 31 (un 27,9 por ciento) y las demandas de nulidad matrimonial, de 3 a 0.

Por provincias, Alicante registró en el tercer trimestre del año 695 demandas de divorcios consensuados, 479 no consensuados, 32 de separación sin acuerdo y 12 de separación con acuerdo.

En Castellón estas cifras se situaron, respectivamente, en 199, 103, 4 y 0; y en la provincia de Valencia las demandas de divorcio consensuado ascendieron a 1.118, los divorcios no consensuados a 634, las separaciones con acuerdo fueron 65 y las no consensuadas, 19.

Las modificaciones de medidas de guarda y custodia sin consenso crecieron un 18,5 por ciento, desde las 617 del tercer trimestre del pasado año a las 731 del mismo periodo de 2020.

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El Congreso rechaza prolongar el cierre de la Central Nuclear de Cofrentes: en juego 180.000 empleos y 450 millones de euros

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centrales nucleares prealerta de emergencia

El Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta para prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes, manteniendo así 2030 como fecha definitiva de su cierre. La decisión ha generado preocupación en el ámbito empresarial y político valenciano, dado el fuerte impacto económico y laboral que supondrá el apagado de la planta.


Un cierre con consecuencias económicas y laborales

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Valencia, el cierre de Cofrentes podría afectar a hasta 180.000 empleos, entre directos e indirectos, y repercutir en la actividad de más de 12.000 empresas de la Comunitat Valenciana.
Además, se calcula que el cese anticipado de la central implicará la pérdida de alrededor de 450 millones de euros en inversión prevista para los próximos años, así como una reducción significativa en la actividad económica de las comarcas del interior de Valencia.


Debate político sobre la energía nuclear

La propuesta de prolongar la actividad de Cofrentes fue impulsada por el Partido Popular, que defendía la necesidad de garantizar el suministro eléctrico y proteger el tejido industrial valenciano. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios, mientras que Junts optó por abstenerse, lo que resultó determinante para mantener el cierre en 2030.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida responde al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece una transición ordenada hacia las energías renovables y el abandono progresivo de la energía nuclear en España.


Un futuro incierto para la zona y la industria valenciana

El cierre de Cofrentes plantea retos para la economía valenciana, especialmente en el sector industrial, que podría enfrentar mayores costes energéticos y una pérdida de competitividad. A su vez, el desmantelamiento de la central requerirá una planificación detallada para garantizar la seguridad, la gestión de residuos y la reubicación laboral de los trabajadores.

Mientras tanto, las administraciones locales y regionales piden que se implementen planes de reindustrialización y transición justa que permitan mantener el empleo y aprovechar el potencial energético de la Comunitat Valenciana con nuevas inversiones en energías renovables e innovación tecnológica.


El debate sobre Cofrentes sigue abierto: mientras unos defienden el cierre como un paso necesario hacia un modelo energético sostenible, otros alertan del impacto socioeconómico que supondrá para miles de familias y empresas valencianas.

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