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La Comunitat Valenciana lidera los divorcios en España

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València, 27 nov (EFE).- La Comunitat Valenciana presenta en la actualidad una tasa de demandas de disolución matrimonial de 6,6 por cada 10.000 habitantes, la más alta junto a Canarias y muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 5,4.

Así se desprende de los datos hechos públicos hoy por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número total de demandas de separaciones y divorcios presentadas en España durante el tercer trimestre de 2020 ha aumentado un 16,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En la Comunitat Valenciana, ese incremento interanual ha sido del 23,3 por ciento, al pasar de 2.723 demandas a 3.360.

Este repunte del número de procedimientos judiciales relacionados con la ruptura de las parejas se produce después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene para hacer frente a la covid tuvieron en la actividad de los órganos judiciales entre abril y junio de este año, que se tradujo en notables reducciones en todos los tipos de demandas.

Tras las fuertes disminuciones observadas en el trimestre anterior, se han observado incrementos interanuales en casi todas las formas de disolución matrimonial.

Así, en la Comunitat Valenciana la cifra de demandas por separaciones consensuadas aumentó un 6,3 por ciento (de 95 a 101), mientras que la de divorcios consensuados se disparó un 29,4 por ciento, de las 1.555 registradas entre julio y septiembre de 2019 a las 2.012 contabilizadas en el mismo periodo de 2020.

También aumentaron, en concreto un 18,4 por ciento, los procedimientos de divorcios no consensuados (sin acuerdo entre las partes), desde los 1.027 del tercer trimestre del pasado año a los 1.216 de este año.

Únicamente bajaron las separaciones no consensuadas, de 43 a 31 (un 27,9 por ciento) y las demandas de nulidad matrimonial, de 3 a 0.

Por provincias, Alicante registró en el tercer trimestre del año 695 demandas de divorcios consensuados, 479 no consensuados, 32 de separación sin acuerdo y 12 de separación con acuerdo.

En Castellón estas cifras se situaron, respectivamente, en 199, 103, 4 y 0; y en la provincia de Valencia las demandas de divorcio consensuado ascendieron a 1.118, los divorcios no consensuados a 634, las separaciones con acuerdo fueron 65 y las no consensuadas, 19.

Las modificaciones de medidas de guarda y custodia sin consenso crecieron un 18,5 por ciento, desde las 617 del tercer trimestre del pasado año a las 731 del mismo periodo de 2020.

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Zarzuela considera que el Rey emérito debería recuperar su residencia fiscal en España si regresa

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rey Juan Carlos Le Figaro

La Casa del Rey vincula el regreso a la residencia fiscal

La Casa de S.M. el Rey considera que el Juan Carlos I puede regresar a vivir a España cuando lo estime oportuno. No obstante, en el entorno de Zarzuela entienden que, si el monarca emérito desea salvaguardar su imagen pública y la de la institución, debería también recuperar su residencia fiscal en territorio español.

Según esta posición, el eventual retorno no estaría condicionado jurídicamente, pero sí tendría implicaciones reputacionales para la Corona.

Un debate ligado a la imagen de la institución

Desde la Casa del Rey subrayan la importancia de preservar la estabilidad y la credibilidad de la monarquía parlamentaria. En ese contexto, la situación fiscal del emérito es vista como un elemento relevante en términos de percepción pública.

El debate se enmarca en la voluntad de reforzar la transparencia institucional y evitar cualquier controversia que pueda afectar a la figura del actual jefe del Estado, Felipe VI.

Residencia en el extranjero y posible regreso

Juan Carlos I fijó su residencia fuera de España en 2020. Desde entonces, ha realizado visitas puntuales al país, pero sin establecer de nuevo su residencia permanente.

La posibilidad de un regreso definitivo ha sido objeto de especulación en diversas ocasiones. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución insisten en que cualquier decisión debería tener en cuenta no solo el plano personal, sino también el impacto institucional.

La prioridad: proteger la Corona

La postura trasladada desde Zarzuela apunta a que, más allá del derecho individual del Rey emérito a regresar, la prioridad es proteger la imagen de la Corona y garantizar la coherencia entre residencia efectiva y fiscal.

En un contexto de máxima atención pública sobre la monarquía, cualquier paso relacionado con Juan Carlos I continúa generando interés político y mediático.

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