Ambas asociaciones acordaron este martes convocar nuevos paros y protestas durante el mes de febrero ante lo que han considerado «promesas incumplidas» de Política Territorial de subir las tarifas de València un 7,17 % en enero de 2023, si bien desde la Conselleria han destacado que «los cambios de tarifas se rigen por la Ley de Desindexación y en base a variables objetivas».
En declaraciones a EFE, los representantes sindicales de los taxistas han contado que llevan nueve años sin subir las tarifas, como ha destacado el secretario de la Federación Sindical del Taxi en València, Juan José López, que ha recordado que en navidad ya convocaron un paro porque «el sector del taxi se merecía una revisión de precios con la que está cayendo».
«Llegamos a un acuerdo con la Conselleria de subir las tarifas al 7,17 % y entendimos que con un acuerdo verbal bastaba, porque siempre nos ha bastado con todas las Consellerias de cualquier color político», ha relatado López, que ha lamentado que «esta vez, por lo visto, no».
«Qué sorpresa cuando nos dan los números a nosotros y a la Gremial y vemos que la subida no llega a más de un 4,5 %», ha manifestado, y ha dicho que el sector siente «frustración y cabreo».
Por ello, ha apostado por «volver a quejarse y hacerle ver a la Conselleria que están condenando a la precariedad» a los taxistas, ya que, ha afirmado, «el precio al que están las tarifas te obliga, para poder sacarte el jornal, a hacer 14 horas, 15».
A su juicio, «lo bueno que tenía el taxi, entre comillas, era que tenías la oportunidad de autoexplotarte», es decir, que «si en vez de hacer tus 8 horas hacías 12 o 14 se veía recompensado económicamente».
«El problema es que ahora tienes que hacer tus 12 o 14 horas para poder intentar pagar la luz», ha denunciado.
Así lo ha manifestado también el presidente de la Asociación Provincial del Taxi de Valencia, Ismael Arráez, para quien «ha quedado transparente» que el motivo de que la Conselleria aceptara subir las tarifas un 7,17 % era «únicamente la desmovilización o la desconvocatoria de los paros que había pendientes».
«Ahora se ve un borrador en el cual contemplan un 4,5 % de subida de tarifas y se basan en la excusa de la Ley de Desindexación», ha lamentado, una norma que «es la misma en febrero que en diciembre», por lo que ha concluido que «se pilla antes a un mentiroso que a un cojo».
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.
La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.
La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident
Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.
La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.
Competencia autonómica en la emergencia
La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.
El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.
Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica
La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:
La convocatoria tardía del CECOPI.
El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.
La falta de coordinación entre organismos autonómicos.
Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.
A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.
Horas clave sin decisiones relevantes
El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.
También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.
La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.
Sin valoración política
La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.
El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.
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