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Valencia

La defensa del «yonki del dinero»: «Mi cliente cada día dice una cosa»

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La defensa del "yonki del dinero": "Mi cliente cada día dice una cosa"
El "yonki del dinero", Marcos Benavent a su llegada a la Ciudad de la Justicia. EFE/ Biel Aliño
València, 2 may (OFFICIAL PRESS- EFE).- Juan Carlos Navarro, abogado defensor del exgerente de Imelsa y autodenominado «yonki del dinero», Marcos Benavent, ha solicitado la nulidad de las grabaciones realizadas por su cliente y que dieron origen a la macrocausa judicial Imelsa, cuyo primer juicio ha empezado este lunes en los juzgados de Valencia.

En su primera intervención, tras abrirse el turno para las cuestiones previas, Navarro ha solicitado incorporar a la causa determinadas actas notariales que probarían que su defendido no es propietario de una de las firmas a través de la que se distrajeron fondos públicos (Berceo Mantenimientos).

«Soy consciente de la poca credibilidad de mi cliente, que un día dice una cosa y otro otra, pero aquí hay datos objetivos que confirman que Benavent no es socio de Berceo», ha explicado Navarro.

Instantes antes el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, había solicitado, también como cuestión previa, la intervención del suegro de Marcos Benavent, Mariano López, pues fue él quien las entregó a la Fiscalía.

Es previsible que el resto de defensas se adhieran a esta petición del abogado de Benavent, puesto que las grabaciones son eje principal de esta y otras piezas que forman parte del mismo caso.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga a partir de este lunes al autodenominado «yonki del dinero», Marcos Benavent, y otros ocho procesados en la primera de las piezas separadas de la macrocausa Imelsa que llega a juicio.

Constan como posibles responsables civiles subsidiarias cinco empresas y el PP.

Además de Benavent, exgerente de la empresa pública que da nombre a la causa, se sentará en el banquillo otro antiguo cargo del PP valenciano, como es el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP Juan José Medina.

Los procesados son, además de los ya citados, Rafael García Barat, administrador de la empresa Thematica Events, utilizada para el desvío de fondos; dos jefas de sección del Ayuntamiento de València; el ex director financiero de Imelsa y tres empresarios.

Los delitos por los que podrían ser condenados son prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

La Fiscalía reclama una condena de 8 años y 3 meses de prisión para Benavent, 5 para Medina y 7 para Rafael García como principales responsables.

En la primera sesión está prevista la presentación de cuestiones previas y las declaraciones de tres acusados, entre ellos la de Benavent.

El resto de declaraciones de acusados se ha previsto para los días 4, 5 y 10 de mayo, y las de los testigos los días 12, 17, 18, 19, 26, 30, 31 de mayo y 6 de junio.

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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