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Valencia

La demora media para operarse crece un 65% en un año en la Comunitat

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EFE/Archivo

València, 23 feb (EFE).- La demora media para ser intervenido quirúrgicamente en la Comunitat Valenciana ha crecido un 65 por ciento en el año de la pandemia del coronavirus, al pasar de 86 días en enero de 2020 a 142 en enero de 2021, una espera que ha llegado casi a duplicarse en algunas patologías.

Además, a consecuencia de la tercera ola de la covid-19 la demora media ha crecido en 17 días con respecto a diciembre del pasado año, que estaba en 125, según datos publicados por la Conselleria de Sanidad en su página web.

También durante el último año ha crecido la cifra de pacientes que están en lista de espera para ser intervenidos, ya que en enero de 2021 asciende a 65.400 cuando hace doce meses era de 60.983, lo que significa un incremento de 4.417 personas.

DEPARTAMENTOS DE SALUD

Por departamentos de salud, la demora media para ser intervenido más alta en enero de 2021 se registra en Vinaròs, con 221 días (frente a los 124 de enero de 2020); seguido por el Consorcio Provincial de Castellón, con 211 (57 más que un año antes); y el Hospital General de València, con 206 (79 más).

En el extremo opuesto se encuentran el Departamento de Salud de Torrevieja, con 57 días de demora media para ser intervenido (18 más que en enero de 2020); el departamento de salud de Elx-Crevillent, con 66 días en enero de 2021 (23 más); y el de Requena, con 82 días (33 más).

POR ESPECIALIDADES

La cirugía plástica es la especialidad con más días de demora para ser intervenido quirúrgicamente, 220 (104 más que en enero de 2020), y su lista de espera asciende a 1.807 personas (59 más que doce meses antes).

Le siguen la cirugía torácica, con 202 días de demora (56 más que un año antes) y una lista de espera de 117 personas (60 menos), y la cirugía pediátrica, con 180 días de demora (44 más que el mes anterior) y una lista de 1.275 pacientes (40 menos).

Las especialidades con menos días de demora son cirugía cardiovascular, con 71 días (18 más) y 322 pacientes en lista, seguida de oftalmología, con 103 días de demora media y 14.042 pacientes.

POR PATOLOGÍAS

La de cataratas es la intervención que tiene un mayor número de pacientes, 11.012 (123 más que en enero de 2020), que deben esperar una media de 94 días (34 más que un año antes) para ser intervenidos. Le sigue la hernia inguinal, con 3.136 pacientes y 100 días de espera (43 más).

Esperan una prótesis de rodilla 2.869 pacientes, con una media de espera de 164 días (71 días más que hace un año); una artroscopia 2.724 pacientes con una demora media de 164 días; y una prótesis de cadera 1.241 personas con una demora de 148 días.

También 1.861 pacientes precisan ser intervenidos de hállux valgus (juanetes), con una demora media de 136 días (62 más); 1.470 de colecistectomía, con 96 días de espera; y 872 de adenoamigdalectomía, con 177 días de demora media (99 días más que un año antes).

Además, 837 esperan ser intervenidos de una hipertrofia benigna de próstata, con una espera media de 113 días; y 475 de fimosis, con una demora de 160 días.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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