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La familia del militar de 35 años fallecido tras recibir la vacuna de AstraZeneca ha donado sus órganos

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Madrid, 24 abr (EFE).- La familia del militar de 35 años fallecido en Pamplona días después de recibir la vacuna de AstraZeneca ha decidido donar sus órganos, ha informado este sábado el Ejército de Tierra.

El cabo había recibido la vacuna el 7 de abril y, según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), tras su vacunación padeció fuertes dolores de cabeza y malestar agudo, lo que le obligó a acudir al servicio de botiquín y posteriormente a los servicios de urgencia de un centro sanitario.

El Ejército de Tierra ha explicado que el militar sufrió un desvanecimiento la noche del día 21 de abril mientras se encontraba en su domicilio y fue trasladado hasta la Clínica Universitaria de Navarra, donde ha fallecido esta madrugada.

F.P.B., natural de Tarragona y que había ingresado en el Ejército en 2011, estaba destinado en el acuartelamiento de Aizoain (Navarra) y formaba parte del regimiento América 66 desde 2015.

Según el gobierno navarro, sufrió «trombosis de senos cerebrales con trombocitopenia y hemorragia cerebral», información que se ha trasladado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) así como el resto de Centros Autonómicos de Farmacovigilancia.

El caso, según los protocolos vigentes, será estudiado desde la AEMPS en una investigación en red en torno a lo sucedido con la administración de esta vacuna.

El Ejército de Tierra ha querido unirse «al dolor de su familia», a quien apoyará «en todo lo necesario» y acompañará «en estos momentos tan difíciles para todos».

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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