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España respalda que la CE no firme nuevo contrato de vacunas con AstraZeneca

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EFE

Bruselas, 10 may (EFE).- La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró este lunes que su país respalda que la Comisión Europea (CE) no firme nuevos contratos con AstraZeneca para adquirir su vacuna contra el coronavirus, tras los retrasos de la farmacéutica en la entrega de las dosis prometidas estos meses.

«España apoya los esfuerzos de la Comisión para hacer compras conjuntas en nombre de todos los Estados miembros y, evidentemente, apoya esos esfuerzos en todas sus dimensiones», declaró la política durante una rueda de prensa posterior a la reunión de titulares de Exteriores de los Veintisiete celebrada hoy en Bruselas.

En ese sentido, explicó que España respalda a la CE a la hora de «extender contratos, como se han extendido, con Pfizer-BioNTech, de una manera notable; en hacerlo con otras empresas, como Moderna (…) o Johnson & Johnson, que están suministrando al mercado europeo, y en no hacerlo con una empresa (AstraZeneca) que ha sido incapaz de suministrar a la Unión Europea en los términos pactados».

«Hemos empoderado a la Comisión para que sea ella la que lleve la batuta en estas negociaciones con las empresas farmacéuticas», comentó.

El contrato que el Ejecutivo comunitario firmó con la farmacéutica anglo-sueca contemplaba la compra de 300 millones de dosis con la opción de adquirir 100 millones adicionales.

Sin embargo, Bruselas no optará a la compra de esos 100 millones adicionales a los que tenía derecho, tal como ya anunció la CE en abril.

AstraZeneca entregó solo 29,8 millones de dosis en el primer trimestre y hasta junio prevé distribuir solo 100 millones de dosis, un tercio solamente de lo que establece el contrato.

Precisamente para recuperar esos 200 millones de dosis adicionales, la CE ha llevado a la farmacéutica ante los tribunales belgas, en un caso que se inició en abril y que continuará el próximo 26 de mayo con la primera audiencia.

Por contra, Bruselas sí ha decidido firmar un nuevo contrato con Pfizer-BioNTech para obtener 1.800 millones de dosis adicionales entre 2022 y 2023, con el objetivo de afrontar los retos que plantean las nuevas variantes del SARS-CoV-2 y la necesidad de vacunar a los menores de edad, no incluidos por ahora en las estrategias nacionales.

González Laya añadió que en España las autoridades sanitarias «están examinando, junto con todas las comunidades autónomas, qué hacer, qué respuesta dar a aquellos ciudadanos que han tomado una primera dosis de AstraZeneca y que están esperando la segunda».

«No creo que tengan nada que temer. Se buscará una solución en la que se está ya trabajando con todas las comunidades autónomas bajo la responsabilidad y la batuta de la ministra de Sanidad», subrayó.

Insistió en que las personas pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca recibirán una respuesta «en cuanto se haya llegado a un acuerdo, acuerdo que tendrá en cuenta, evidentemente, el sentir y el saber de la comunidad científica española para dar a todos los ciudadanos la máxima garantía de seguridad».

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La abogada de Maricarmen: «Si se hubiese suspendido el desahucio, hoy no estaríamos en esta situación»

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La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha lamentado el fallecimiento de la mujer de 87 años y ha asegurado que su estado de salud sufrió un deterioro evidente durante el último año, coincidiendo con el proceso judicial que terminó con su desahucio.

Duro ha defendido que, si se hubiese aceptado la petición para suspender el lanzamiento de la vivienda, la situación actual podría haberse evitado. «Hoy no estaríamos en esta situación», ha señalado la letrada, según recoge Europa Press.

La abogada ha insistido en que el deterioro de Maricarmen fue evidente durante los últimos meses y ha cuestionado que no se atendiera la petición de suspender el desahucio.

La salud de Maricarmen se deterioró durante el proceso

Beatriz Duro ha explicado que el estado de salud de Maricarmen había empeorado durante el último año, en paralelo al procedimiento que terminó con su salida de la vivienda en la que había residido durante décadas.

La mujer, de 87 años, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la lucha por el derecho a la vivienda después de que su caso provocara una importante movilización social.

Su desahucio generó protestas y volvió a situar en el centro del debate la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de lanzamiento de sus viviendas.

La petición para suspender el desahucio

La defensa de Maricarmen había solicitado que se suspendiera el lanzamiento atendiendo a su situación personal y de salud.

Sin embargo, el desahucio terminó ejecutándose y la mujer tuvo que abandonar la vivienda. Tras el lanzamiento, su estado de salud empeoró y permaneció ingresada en un centro hospitalario.

La abogada considera que la evolución del estado de Maricarmen durante el proceso demuestra la importancia de haber valorado su situación antes de ejecutar el lanzamiento.

Maricarmen fallece a los 87 años

Maricarmen falleció a los 87 años, después de que su caso se convirtiera en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y contra los desahucios.

Su historia generó movilizaciones y pronunciamientos de organizaciones sociales y volvió a poner el foco sobre la protección de las personas mayores ante situaciones de pérdida de vivienda.

La abogada ha querido destacar especialmente el deterioro que, según su valoración, experimentó Maricarmen durante el último año y la petición que se realizó para intentar evitar o aplazar el desahucio.

Una muerte que reabre el debate sobre los desahucios

El fallecimiento de Maricarmen ha reavivado el debate sobre la protección de las personas vulnerables ante los desahucios y sobre los mecanismos disponibles para solicitar la suspensión de un lanzamiento.

La afirmación de su abogada se produce después de meses de conflicto judicial y movilización social en torno al caso. Duro sostiene que la suspensión solicitada habría cambiado el desenlace, aunque no existe una conclusión médica que permita afirmar que el desahucio causó el fallecimiento de Maricarmen.

Su caso vuelve así a situar la vivienda, la vulnerabilidad de las personas mayores y la respuesta de las administraciones ante los desahucios en el centro del debate público.

Vivió 70 años en la misma casa

Maricarmen había residido durante unas siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro.

El conflicto por el piso se prolongó durante años. Según la información publicada sobre el caso, la mujer tenía un contrato de renta antigua y abonaba alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler y suministros, con una pensión de aproximadamente 1.400 euros.

La propiedad del inmueble pasó a una sociedad inmobiliaria y, tras varios intentos de desalojo, la comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento el 23 de septiembre.

La salida de Maricarmen se produjo mientras cientos de personas se concentraban frente al edificio para intentar impedir el desahucio. Los sanitarios la trasladaron en camilla hasta una ambulancia del Samur.

Su desahucio provocó movilizaciones en toda España

El caso de Maricarmen generó una importante movilización de organizaciones de defensa del derecho a la vivienda.

Las protestas se extendieron a distintas ciudades españolas y en Madrid se produjo una concentración multitudinaria en apoyo de la mujer. El lema “Maricarmen somos todos” se convirtió en uno de los mensajes de las movilizaciones.

También hubo movilizaciones en València tras el desahucio, convocadas por organizaciones de inquilinos para denunciar la situación y reclamar una mayor protección para las personas vulnerables.

Consiguió volver a su casa

Tras el impacto social generado por su desahucio, la empresa propietaria accedió finalmente a que Maricarmen pudiera regresar a la vivienda mediante un nuevo contrato de alquiler.

De esta manera, la mujer pudo volver al domicilio en el que había vivido durante décadas, aunque su estado de salud se había deteriorado y necesitaba ayuda para algunas actividades cotidianas.

Su historia también quedó vinculada al debate sobre las medidas de protección de los inquilinos vulnerables y al denominado “decreto Maricarmen”, nombre utilizado para referirse al paquete de medidas de vivienda impulsado posteriormente en respuesta al debate generado por casos como el suyo.

“He luchado para que los demás aprendan a luchar por su casa”

Desde el hospital, pocos días después del desahucio, Maricarmen envió un mensaje en el que agradecía el apoyo recibido y animaba a continuar defendiendo el derecho a la vivienda.

La mujer explicó que su casa había sido su vida y que, aunque no había conseguido evitar el desahucio, quería que su lucha sirviera para otras personas que pudieran encontrarse en una situación similar.

Su fallecimiento llega pocas semanas después de aquel desalojo y después de que su caso se convirtiera en uno de los episodios más destacados del debate sobre la vivienda en España durante 2026.

Una historia que ha marcado el debate sobre los desahucios

La muerte de Maricarmen vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de desahucio y sobre las medidas existentes para garantizar una alternativa habitacional.

Su caso coincidió además con la aprobación de nuevos decretos de vivienda por parte del Gobierno, que incluyen medidas destinadas a reforzar la protección de determinados inquilinos vulnerables y a ampliar la oferta de vivienda asequible.

Maricarmen se marcha a los 87 años después de haber convertido una batalla personal por permanecer en su casa en un símbolo nacional de la lucha por el acceso a una vivienda digna.

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