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La Federación de Hostelería cierra la «peor» Semana Santa de la década con caídas del 80% en las reservas

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Gobierno aprueba rebajar alquiler y carga fiscal a turismo, bares y comercio

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) ha realizado un balance entre los establecimientos asociados del funcionamiento de la Semana Santa, que califican como la «peor» de la década por el intenso temporal de estos días, con descensos en las reservas de hasta el 80 por ciento en algunos establecimientos, especialmente en las zonas de playa, y el mismo porcentaje de caída en facturación.

Según extrae la FEHV de las encuestas a los empresarios, la tónica ha sido la de cancelaciones de reservas a mediodía, terrazas «totalmente inutilizadas» y noches en las que los restaurantes han estado «prácticamente vacíos» y, en algunos casos, han optado por cerrar.

Asimismo, para un 70% de los empresarios la Semana Santa ha sido peor que 2018, ya que solo han trabajado mejor que el año pasado algunos establecimientos de la ciudad, especialmente del centro, que aseguran se han beneficiado de la gente que ha optado por planes alternativos al no poder visitar la playa o por estar ubicados en barrios donde muchos otros locales habían cerrado.

Respecto a la pérdida de facturación, la federación ha apuntado que ha alcanzado el 80%, pues a la falta de facturación le suma las compras de producto que se habían realizado, el mantenimiento del personal y de los costes fijos del local.

La FEHV tenía unas «altas expectativas» para el colectivo hostelero esta Semana Santa, periodo en el que «como viene siendo habitual, se habían realizado contrataciones para reforzar plantillas». En este sentido, la mayoría de encuestados ha mantenido las contrataciones, aunque un 33% de los empresarios asegura haber tenido que cancelar contratos de personal teniendo en cuenta la falta de actividad.

La entidad ha lamentado la situación de los empresarios al tiempo que espera que la mejora de las condiciones climatológicas permita trabajar «con normalidad» el próximo fin de semana y el Puente del 1 de Mayo, «que permita la llegada de turismo de la capital y que el puente se alargue hasta el siguiente fin de semana».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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