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La Federación vecinal denuncia exceso de terrazas en zonas de ocio de València y en El Palmar

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La Federación de Vecinos  de València ha denunciado este jueves las diferentes quejas que han llegado por parte de algunas asociaciones ubicadas en zonas turísticas y de ocio con respecto a las terrazas de los establecimientos de hostelería.

Si bien es cierto que esta entidad reconoce el esfuerzo y responsabilidad de la gran parte de los empresarios, esto tampoco implica que se dejen de denunciar comportamientos abusivos que pueden poner en riesgo la salud y el esfuerzo realizado hasta ahora por la mayoría de los valencianos y valencianos.

Al respecto, la presidenta de la Federación, María José Broseta, ha asegurado que desde asociaciones de vecinos como Amics del Carmen, Russafa-Gran Via, Ciutat Jardí (plaza del Cedro), Benimaclet o El Palmar han alertado de un exceso de mesas y sillas, por encima del 50% permitido.

Al respecto, Broseta ha aclarado que el acuerdo al que se llegó con el Ayuntamiento y los hosteleros implicaba la posibilidad de ampliar la superficie destinada a terraza, con la opción de bajarlas a la calzada, con el objetivo de hacer posible que se respetaran las distancias de seguridad de ese 50% de terraza: “en ningún caso, al menos esta Federación así lo entendió, el aumento de superficie estaba destinado a que pudieran poner más mesas y sillas del 50% de su permiso habitual, como así está sucediendo en muchos puntos de la ciudad”, ha comentado.

Ante esta situación, Broseta ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al civismo, ya no solo de los propios hosteleros, sino también de los clientes para que se respeten de forma estricta todas las medidas de seguridad, y ha solicitado un mayor control al respecto por parte de la Policía Local: “la Policía debe intensificar la vigilancia y sancionar a los locales que incumplen y desacreditan a la mayoría que sí se esfuerza por atender todas las condiciones”.

“Somos conscientes de que los hosteleros, como tantos otros sectores, lo están pasando muy mal y somos los primeros en querer ayudarles, pero todo tiene que ir dentro de un orden y sobre todo cumpliendo las normas de seguridad sanitarias”, ha comentado Broseta.

Recuerda, finalmente, que esta excepcionalidad ha de estar condicionada a la protección de la salud y el respeto al descanso y hace un llamamiento a la responsabilidad de la población.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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