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La Fiscalía eleva a 5 años la pena para José Luis Olivas en el caso Bankia

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MADRID/VALÈNCIA, 22 Jul. – La Fiscalía Anticorrupción ha ampliado su acusación en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) al considerar que hubo delito de falsedad contable, por lo que la pena solicitada para el exvicepresidente de la entidad y ‘expresident’ de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, sube a 5 años de prisión. En el caso del
expresidente del banco, Rodrigo Rato, ha ascendido a ocho años.

Así lo ha anunciado la fiscal Carmen Launa al inicio de la sesión de este lunes, en la que ha dado comienzo a la fase de conclusiones finales.

La Fiscalía ha elevado las penas para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas y el exconsejero de Bankia José Manuel Fernandez Norniella, mientras que al exconsejero delegado Francisco Verdú Pons le ha absuelto del delito de estafa a inversores que le imputó en un primer momento, pero le ha acusado de falsedad contable.

De esta manera, solicita para Rato ocho años de prisión, frente a los cinco años y seis meses que pedía por estafa a inversores, a los que ha sumado tres años por falsedad contable.

Asimismo, pide cinco años de prisión para Olivas (frente a cuatro anteriores), entre cinco y seis para Norniella (frente a tres anteriores) y entre nueve meses y un año y medio para Verdú Pons (frente a dos años y siete meses anteriores).

La Fiscalía únicamente acusaba a estas cuatro personas en un principio, de las 34 que se sientan en el banquillo, pero finalmente ha ampliado su escrito final y ha acusado también al exdirector general financiero y de riesgos de Caja Madrid y de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, para el que pide dos años y medio; al socio auditor de Deloitte Francisco Celma (solicita dos años de prisión); al exinterventor de Bankia Sergio Durá (entre uno y dos años), y al exdirector de auditoría interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro (entre uno y dos años).

Asimismo, ha acusado a los exconsejeros Alberto Ibáñez (pide para él entre nueve meses y un año y medio de prisión), Araceli Mora (un año sustituible por multa), Miguel Ángel Acebes (entre nueve meses y un años y medio), Pedro Bedía (un año de prisión sustituible por multa), Remigio Pellicer (un año sustituible por multa) y José Rafael García Fuster (un año sustituible por multa).

Launa ya advirtió durante el periodo de cuestiones previas de la posibilidad de endurecer su acusación definitiva e incluir el delito de falsedad contable en el tramo final del procedimiento, y así lo ha hecho finalmente.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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