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La Fundación Amancio Ortega dona 30 millones para mejorar los hospitales valencianos

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El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Amancio Ortega que permitirá invertir aproximadamente 30 millones de euros para adquirir nuevo equipamiento oncológico de última generación y actualizar el existente en los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana.

Así se ha expresado el jefe del Consell después de firmar un protocolo de intenciones con la vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez, que permitirá la donación de los importes correspondientes a la adquisición y actualización de este material.

Al acto, celebrado en el Palau de la Generalitat, también ha asistido la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, la oncóloga y Alta Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Científico, Anna Lluch, el vicepresidente de Pontegadea, José Arnau, y el director general de la Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega.

Puig ha manifestado que esta inversión va a significar un «salto cualitativo» en la sanidad pública valenciana, ya que va a poner a disposición de «los grandes profesionales valencianos» equipos de última generación. «Esta donación nos permitirá recorrer en muy poco tiempo el terreno pendiente de la sanidad valenciana en materia oncológica», ha remarcado el President.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo valenciano ha destacado que esta inversión apuesta por «la equidad» y hará posible que el municipio donde se resida «deje de ser un problema añadido para los pacientes oncológicos». Desde la Fundación Amancio Ortega y la Generalitat se ha planificado la concentración de la alta tecnología radioterápica y de medicina nuclear en departamentos de salud estratégicamente situados en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante para continuar vertebrando el sistema de salud valenciano.

De esta manera, este protocolo de actuación facilitará, según Puig, «una mejor calidad de vida» a los pacientes de toda la Comunitat Valenciana, gracias a la aportación de «nuevas y adecuadas herramientas para la curación y de los mejores tratamientos posibles». Por ello, el jefe del Consell ha incidido en que esta aportación es un «ejemplo claro y evidente del compromiso social que debería impregnar a toda la sociedad».

Por otro lado, Ximo Puig se ha comprometido como President de la Generalitat a «estar a la altura» de la confianza otorgada por la fundación que preside Amancio Ortega, fundador de Inditex. «Vamos a dar el mejor uso gracias a nuestros grandes profesionales, algunos de la talla de la doctora Anna Lluch, para que los pacientes se beneficien al máximo de las posibilidades de esta aportación», ha afirmado el President.

En este sentido, la oncóloga y Alta Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Científico, Anna Lluch, también ha agradecido a la Fundación Amancio Ortega que, en un breve periodo de tiempo, los hospitales de la Comunitat Valenciana dispongan de «una alta tecnología radioterápica» y de mecina nuclear a su disposición. La doctora ha señalado que se trata de una inversión de «suma trascendencia» que marcará «un antes y un después en la medicina pública valenciana».

Renovación del equipo oncológico

Avanzar en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer desde una perspectiva integral constituye una de las prioridades sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y, en ese ámbito, se enmarca el convenio de colaboración que el Gobierno valenciano y la Fundación Amancio Ortega han formalizado.

Por ello, el acuerdo establece una inversión aproximada de 30 millones de euros por parte de la fundación que dotará a los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana con equipamiento oncológico de última generación, para adaptar así estos centros al nuevo escenario tecnológico.

Las prioridades de inversión han sido establecidas tomando como base el Informe Radioterápico en la Comunitat Valenciana, un documento elaborado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que reflejaba las necesidades tecnológicas para mejorar la atención, diagnóstico oncológico y tratamiento en la Comunitat Valenciana.

La inversión, que permitirá adquirir nuevo equipamiento oncológico especializado, contribuirá a vertebrar el sistema valenciano de salud generando sinergias entre los 24 Departamentos que lo conforman, repartidos de forma estratégica entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En concreto, al equipamiento con el que ya cuentan los hospitales públicos valencianos, se incorporará, gracias a esta inversión, un PET-TAC en el Hospital Clínico de València y ocho TAC que se destinarán al Hospital Arnau de Vilanova, el Hospital de Xàtiva, el Hospital de Orihuela, el Hospital General de Elche, el Hospital La Plana, el Hospital de Ontinyent, el Hospital de Sagunto y el Hospital General de València, según ha detallado el jefe del Consell.

A estos equipos se sumarán también quince mamógrafos digitales que, como ha explicado Puig, se distribuirán en la red de hospitales valencianos. Por otro lado, se adquirirán siete equipos de resonancia magnética que «permitirán acabar con los problemas que tenían algunos departamentos de salud, como Vinaròs o Requena, donde los pacientes hasta ahora tenían que desplazarse setenta kilómetros para realizarse esta prueba», ha indicado.

El President también ha informado de que la inversión de la Fundación Amancio Ortega posibilitará adquirir ocho aceleradores lineales para los hospitales de San Juan de Alicante, General de Elche, General de València, Clínico-Malvarrosa, La Fe y el Provincial de Castellón. Estos equipos permitirán al Gobierno valenciano disponer de los catorce aceleradores lineales necesarios «para dar cobertura adecuada a la totalidad de la Comunitat Valenciana», ha manifestado Puig.

Por último, también se ha planteado la mejora de calidad de atención de los pacientes que requieren radiofármacos, así como una mejora en la eficiencia de los servicios y procesos. Por ello, se va a apostar por la internalización de la preparación de radiofármacos de la provincia de Alicante en el Hospital de San Juan. De esta manera se disminuirán sus tiempos de preparación y administración.

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El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión de voto a la ‘ley de nietos’

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El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por una amplia mayoría el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del derecho al voto de los españoles nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos que no acrediten ser descendientes de exiliados.

El Pleno ha decidido no admitir a trámite el recurso de amparo, al considerar que la cuestión todavía puede resolverse en el Tribunal Supremo, donde el procedimiento continúa abierto. La decisión mantiene, por el momento, la suspensión del voto para los afectados que residen en el extranjero.

¿Por qué el Constitucional rechaza el recurso?

El Defensor del Pueblo había solicitado que se anularan de forma urgente las resoluciones del Tribunal Supremo y que se permitiera votar en las próximas elecciones generales a los ciudadanos afectados.

Ángel Gabilondo argumentó que la suspensión podía vulnerar derechos fundamentales, entre ellos la igualdad, la participación en los asuntos públicos y la tutela judicial efectiva. También advirtió de que los plazos electorales hacían urgente una respuesta para evitar que los ciudadanos afectados se quedaran sin poder ejercer su derecho al sufragio.

Sin embargo, el Constitucional considera que el recurso es prematuro porque el procedimiento sigue abierto en el Supremo. Los afectados todavía pueden personarse en esa causa y presentar alegaciones para solicitar que se revise la medida cautelar.

¿A quién afecta la suspensión del voto de la ley de nietos?

La medida afecta a ciudadanos españoles residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos, y cuyo acceso a la nacionalidad se habría apoyado en una instrucción administrativa que presumía la condición de exiliados de determinados emigrantes.

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el ejercicio del voto de este grupo al considerar que debía garantizarse la legalidad del censo electoral. La controversia gira en torno a la acreditación de los requisitos exigidos para acogerse a la normativa.

La decisión del Constitucional no resuelve definitivamente el fondo del conflicto. El Tribunal Supremo deberá continuar con el procedimiento y podrá revisar la medida cautelar después de estudiar las alegaciones de los afectados.

Las elecciones generales del 29 de noviembre

La resolución llega a poco más de un mes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo había alertado de que la proximidad de la cita electoral podía dificultar que los ciudadanos afectados recuperasen a tiempo su derecho al voto.

Por ahora, el rechazo del recurso deja vigente la suspensión cautelar para los españoles residentes en el extranjero incluidos en la medida. La situación definitiva dependerá de los próximos pasos judiciales y de la resolución que adopte el Tribunal Supremo.

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