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La Fundación Amancio Ortega dona 30 millones para mejorar los hospitales valencianos

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El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Amancio Ortega que permitirá invertir aproximadamente 30 millones de euros para adquirir nuevo equipamiento oncológico de última generación y actualizar el existente en los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana.

Así se ha expresado el jefe del Consell después de firmar un protocolo de intenciones con la vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez, que permitirá la donación de los importes correspondientes a la adquisición y actualización de este material.

Al acto, celebrado en el Palau de la Generalitat, también ha asistido la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, la oncóloga y Alta Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Científico, Anna Lluch, el vicepresidente de Pontegadea, José Arnau, y el director general de la Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega.

Puig ha manifestado que esta inversión va a significar un «salto cualitativo» en la sanidad pública valenciana, ya que va a poner a disposición de «los grandes profesionales valencianos» equipos de última generación. «Esta donación nos permitirá recorrer en muy poco tiempo el terreno pendiente de la sanidad valenciana en materia oncológica», ha remarcado el President.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo valenciano ha destacado que esta inversión apuesta por «la equidad» y hará posible que el municipio donde se resida «deje de ser un problema añadido para los pacientes oncológicos». Desde la Fundación Amancio Ortega y la Generalitat se ha planificado la concentración de la alta tecnología radioterápica y de medicina nuclear en departamentos de salud estratégicamente situados en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante para continuar vertebrando el sistema de salud valenciano.

De esta manera, este protocolo de actuación facilitará, según Puig, «una mejor calidad de vida» a los pacientes de toda la Comunitat Valenciana, gracias a la aportación de «nuevas y adecuadas herramientas para la curación y de los mejores tratamientos posibles». Por ello, el jefe del Consell ha incidido en que esta aportación es un «ejemplo claro y evidente del compromiso social que debería impregnar a toda la sociedad».

Por otro lado, Ximo Puig se ha comprometido como President de la Generalitat a «estar a la altura» de la confianza otorgada por la fundación que preside Amancio Ortega, fundador de Inditex. «Vamos a dar el mejor uso gracias a nuestros grandes profesionales, algunos de la talla de la doctora Anna Lluch, para que los pacientes se beneficien al máximo de las posibilidades de esta aportación», ha afirmado el President.

En este sentido, la oncóloga y Alta Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Científico, Anna Lluch, también ha agradecido a la Fundación Amancio Ortega que, en un breve periodo de tiempo, los hospitales de la Comunitat Valenciana dispongan de «una alta tecnología radioterápica» y de mecina nuclear a su disposición. La doctora ha señalado que se trata de una inversión de «suma trascendencia» que marcará «un antes y un después en la medicina pública valenciana».

Renovación del equipo oncológico

Avanzar en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer desde una perspectiva integral constituye una de las prioridades sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y, en ese ámbito, se enmarca el convenio de colaboración que el Gobierno valenciano y la Fundación Amancio Ortega han formalizado.

Por ello, el acuerdo establece una inversión aproximada de 30 millones de euros por parte de la fundación que dotará a los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana con equipamiento oncológico de última generación, para adaptar así estos centros al nuevo escenario tecnológico.

Las prioridades de inversión han sido establecidas tomando como base el Informe Radioterápico en la Comunitat Valenciana, un documento elaborado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que reflejaba las necesidades tecnológicas para mejorar la atención, diagnóstico oncológico y tratamiento en la Comunitat Valenciana.

La inversión, que permitirá adquirir nuevo equipamiento oncológico especializado, contribuirá a vertebrar el sistema valenciano de salud generando sinergias entre los 24 Departamentos que lo conforman, repartidos de forma estratégica entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En concreto, al equipamiento con el que ya cuentan los hospitales públicos valencianos, se incorporará, gracias a esta inversión, un PET-TAC en el Hospital Clínico de València y ocho TAC que se destinarán al Hospital Arnau de Vilanova, el Hospital de Xàtiva, el Hospital de Orihuela, el Hospital General de Elche, el Hospital La Plana, el Hospital de Ontinyent, el Hospital de Sagunto y el Hospital General de València, según ha detallado el jefe del Consell.

A estos equipos se sumarán también quince mamógrafos digitales que, como ha explicado Puig, se distribuirán en la red de hospitales valencianos. Por otro lado, se adquirirán siete equipos de resonancia magnética que «permitirán acabar con los problemas que tenían algunos departamentos de salud, como Vinaròs o Requena, donde los pacientes hasta ahora tenían que desplazarse setenta kilómetros para realizarse esta prueba», ha indicado.

El President también ha informado de que la inversión de la Fundación Amancio Ortega posibilitará adquirir ocho aceleradores lineales para los hospitales de San Juan de Alicante, General de Elche, General de València, Clínico-Malvarrosa, La Fe y el Provincial de Castellón. Estos equipos permitirán al Gobierno valenciano disponer de los catorce aceleradores lineales necesarios «para dar cobertura adecuada a la totalidad de la Comunitat Valenciana», ha manifestado Puig.

Por último, también se ha planteado la mejora de calidad de atención de los pacientes que requieren radiofármacos, así como una mejora en la eficiencia de los servicios y procesos. Por ello, se va a apostar por la internalización de la preparación de radiofármacos de la provincia de Alicante en el Hospital de San Juan. De esta manera se disminuirán sus tiempos de preparación y administración.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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