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La Fundación Amancio Ortega dona 30 millones para mejorar los hospitales valencianos

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El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Amancio Ortega que permitirá invertir aproximadamente 30 millones de euros para adquirir nuevo equipamiento oncológico de última generación y actualizar el existente en los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana.

Así se ha expresado el jefe del Consell después de firmar un protocolo de intenciones con la vicepresidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez, que permitirá la donación de los importes correspondientes a la adquisición y actualización de este material.

Al acto, celebrado en el Palau de la Generalitat, también ha asistido la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, la oncóloga y Alta Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Científico, Anna Lluch, el vicepresidente de Pontegadea, José Arnau, y el director general de la Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega.

Puig ha manifestado que esta inversión va a significar un «salto cualitativo» en la sanidad pública valenciana, ya que va a poner a disposición de «los grandes profesionales valencianos» equipos de última generación. «Esta donación nos permitirá recorrer en muy poco tiempo el terreno pendiente de la sanidad valenciana en materia oncológica», ha remarcado el President.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo valenciano ha destacado que esta inversión apuesta por «la equidad» y hará posible que el municipio donde se resida «deje de ser un problema añadido para los pacientes oncológicos». Desde la Fundación Amancio Ortega y la Generalitat se ha planificado la concentración de la alta tecnología radioterápica y de medicina nuclear en departamentos de salud estratégicamente situados en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante para continuar vertebrando el sistema de salud valenciano.

De esta manera, este protocolo de actuación facilitará, según Puig, «una mejor calidad de vida» a los pacientes de toda la Comunitat Valenciana, gracias a la aportación de «nuevas y adecuadas herramientas para la curación y de los mejores tratamientos posibles». Por ello, el jefe del Consell ha incidido en que esta aportación es un «ejemplo claro y evidente del compromiso social que debería impregnar a toda la sociedad».

Por otro lado, Ximo Puig se ha comprometido como President de la Generalitat a «estar a la altura» de la confianza otorgada por la fundación que preside Amancio Ortega, fundador de Inditex. «Vamos a dar el mejor uso gracias a nuestros grandes profesionales, algunos de la talla de la doctora Anna Lluch, para que los pacientes se beneficien al máximo de las posibilidades de esta aportación», ha afirmado el President.

En este sentido, la oncóloga y Alta Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Científico, Anna Lluch, también ha agradecido a la Fundación Amancio Ortega que, en un breve periodo de tiempo, los hospitales de la Comunitat Valenciana dispongan de «una alta tecnología radioterápica» y de mecina nuclear a su disposición. La doctora ha señalado que se trata de una inversión de «suma trascendencia» que marcará «un antes y un después en la medicina pública valenciana».

Renovación del equipo oncológico

Avanzar en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer desde una perspectiva integral constituye una de las prioridades sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y, en ese ámbito, se enmarca el convenio de colaboración que el Gobierno valenciano y la Fundación Amancio Ortega han formalizado.

Por ello, el acuerdo establece una inversión aproximada de 30 millones de euros por parte de la fundación que dotará a los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana con equipamiento oncológico de última generación, para adaptar así estos centros al nuevo escenario tecnológico.

Las prioridades de inversión han sido establecidas tomando como base el Informe Radioterápico en la Comunitat Valenciana, un documento elaborado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que reflejaba las necesidades tecnológicas para mejorar la atención, diagnóstico oncológico y tratamiento en la Comunitat Valenciana.

La inversión, que permitirá adquirir nuevo equipamiento oncológico especializado, contribuirá a vertebrar el sistema valenciano de salud generando sinergias entre los 24 Departamentos que lo conforman, repartidos de forma estratégica entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En concreto, al equipamiento con el que ya cuentan los hospitales públicos valencianos, se incorporará, gracias a esta inversión, un PET-TAC en el Hospital Clínico de València y ocho TAC que se destinarán al Hospital Arnau de Vilanova, el Hospital de Xàtiva, el Hospital de Orihuela, el Hospital General de Elche, el Hospital La Plana, el Hospital de Ontinyent, el Hospital de Sagunto y el Hospital General de València, según ha detallado el jefe del Consell.

A estos equipos se sumarán también quince mamógrafos digitales que, como ha explicado Puig, se distribuirán en la red de hospitales valencianos. Por otro lado, se adquirirán siete equipos de resonancia magnética que «permitirán acabar con los problemas que tenían algunos departamentos de salud, como Vinaròs o Requena, donde los pacientes hasta ahora tenían que desplazarse setenta kilómetros para realizarse esta prueba», ha indicado.

El President también ha informado de que la inversión de la Fundación Amancio Ortega posibilitará adquirir ocho aceleradores lineales para los hospitales de San Juan de Alicante, General de Elche, General de València, Clínico-Malvarrosa, La Fe y el Provincial de Castellón. Estos equipos permitirán al Gobierno valenciano disponer de los catorce aceleradores lineales necesarios «para dar cobertura adecuada a la totalidad de la Comunitat Valenciana», ha manifestado Puig.

Por último, también se ha planteado la mejora de calidad de atención de los pacientes que requieren radiofármacos, así como una mejora en la eficiencia de los servicios y procesos. Por ello, se va a apostar por la internalización de la preparación de radiofármacos de la provincia de Alicante en el Hospital de San Juan. De esta manera se disminuirán sus tiempos de preparación y administración.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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