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La importancia de las auditorías de ciberseguridad en las empresas valencianas

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La importancia de las auditorías de ciberseguridad en las empresas valencianas

A raíz de la pandemia y el confinamiento, las empresas que ofrecen sus productos y servicios vía online se han disparado. Las ventajas de disponer de un entorno digital o híbrido son numerosas, entre las que destacan el ahorro de costes físicos (alquiler, maquinaria, etc.) y la posibilidad de alcanzar a un gran número de personas. Sin embargo, esta puerta abierta para las empresas no ha pasado desapercibida a los ciberdelincuentes.

Así, a la par que las empresas online han aumentado, también lo han hecho las denuncias por robos de identidad y ataques informáticos. Tal y como informan desde Verne Group, una empresa especializada en realizar auditorías de seguridad, en el año 2021 un 94% de las empresas ha sufrido un ataque de naturaleza cibernética, siendo el fraude informático la principal razón por la que acceden al sistema.

¿Qué es un virus y cómo prevenirlo?

Cuando hablamos de virus informático nos referimos a un software ajeno a la seguridad del sistema que se adentra en el ordenador y opera sin ser percibido. Dentro de la categoría virus se engloban diferentes modos de operar de los ciberdelincuentes (pishing, gusanos, spyware, troyanos, etc.), los cuales comparten una meta común: recabar datos personales de la persona o empresa y utilizarlos para beneficio propio.

Tal y como señalan los expertos en ciberseguridad, en muchas ocasiones es prácticamente imposible saber si un virus está operando en nuestro sistema. Los ciberdelincuentes actúan de modo parasitario en el sistema operativo, de modo que no dan muestras de presencia hasta que es demasiado tarde. Por esta razón, es fundamental prevenir y mejorar la seguridad empresarial antes de que se hagan con datos personales o empresariales confidenciales.

¿En qué consiste una auditoría de ciberseguridad?

Una auditoría de ciberseguridad es un exhaustivo examen que una empresa ajena ejecuta para conocer el nivel de seguridad de otra empresa. Para ello, las empresas especializadas en estos servicios recaban y exploran los archivos e información de la empresa contratante, buscando fallos, alteraciones o brechas de seguridad.

Las fases de estudio de una auditoría pueden variar en cada empresa. Como ejemplo, los especialistas de Verne Group realizan cinco fases: recopilación de información pública (la cual incluye usuarios de la empresa, organización y los sistemas internos), escaneo de servicios (se centra en estudiar el sistema de la empresa y las medidas de seguridad con las que cuenta), análisis de vulnerabilidades (se ahonda en las brechas de ciberseguridad de la empresa), explotación de vulnerabilidades (la auditoría se centra en el ataque a las medidas de seguridad de la empresa) y post explotación (se recaban los datos obtenidos, enumerando debilidades y posibles soluciones).

De este modo, las auditorías de ciberseguridad operan con la mentalidad de un ciberdelincuente, buscando los puntos débiles en la seguridad interna y externa de la empresa y anticipándose a los ataques por parte de virus.

Pese a ello, existen diversos tipos de auditorías, los cuales dependen de si lo que se busca es un estudio de las debilidades internas (auditoría interna), seguridad externa (auditorías externas) y un estudio integral y holístico (auditoría 360).

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Francisco D’Agostino obtiene el embargo total de bienes de Manuel March tras sentencia por incumplimiento contractual

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El empresario hispanovenezolano Francisco D’Agostino, residente en España y con larga experiencia en el ámbito de las inversiones internacionales, ha obtenido una resolución favorable del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid.

La jueza ordenó el embargo total de los bienes de Manuel March Cencillo, nieto del banquero Juan March Ordinas, fundador de la Banca March, por no haber cumplido con una sentencia de 2024 que lo obligaba a pagar más de tres millones de euros.

La disputa se originó tras la fallida venta de la finca Son Galcerán, una propiedad situada en las afueras de Valldemossa y con gran valor histórico. En 2021, March firmó un contrato para venderla a una sociedad vinculada a Francisco Javier D’Agostino Casado por 8 millones de euros, recibiendo 2,4 millones en concepto de arras y anticipo.

No obstante, el vendedor rompió el acuerdo unilateralmente y vendió el inmueble a otro comprador por una suma superior, sin devolver el adelanto previamente recibido.

En abril de 2024, el tribunal madrileño falló a favor de la parte compradora, obligando a March a reembolsar los 2,4 millones de euros y a pagar 300.000 euros adicionales por los daños y perjuicios pactados en el contrato.

Dado que no realizó el pago dentro del plazo establecido, la justicia procedió al embargo de sus bienes personales, cuentas bancarias, inversiones y propiedades, tanto en España como en el extranjero. Con intereses acumulados y costas judiciales, la deuda asciende a 3,5 millones de euros.

La finca Son Galcerán es una residencia histórica que perteneció al archiduque Luis Salvador de Austria y recibió visitas de la emperatriz Sissí.

La jueza del caso subrayó que no se había aportado una justificación válida ni creíble para la cancelación del contrato original, señalando que el único interés probado por parte del vendedor era obtener un beneficio económico mayor con la segunda venta.

Francisco D’Agostino Casado es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, figura de la nobleza española y descendiente directo del rey Alfonso XIII.

Esta relación ha sido mencionada en distintos medios pero no ha influido en ningún aspecto del proceso judicial.

A principios de 2025, Francisco Javier D’Agostino Casado fue retirado de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que una investigación concluyera que sus actividades empresariales no guardaban relación alguna con el régimen de Nicolás Maduro.

 

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