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La jueza de la Fórmula 1 pide información sobre el circuito de València en la causa de los ‘papeles de Bárcenas’

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VALÈNCIA, Sep 2018. (EUROPA PRESS) – La jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de València ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid que le remita el testimonio de las actuaciones relacionadas con la construcción del circuito urbano de F1 de València que consten en la causa de los ‘papeles de Bárcenas’.

La magistrada –que investiga si el diseño y la construcción del circuito de la Fórmula 1 en València se hizo a la carta y si se alteraron fechas en diferentes documentos, entre otros asuntos– así lo ha acordado en una providencia fechada el pasado 13 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que recuerda esta petición tras no haberse recibido el exhorto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid para remitir ese testimonio.

De igual modo, pide a ese juzgado que remita una copia del informe de la Intervención General, que obra en el ‘caso Bárcenas’, tras las declaraciones realizadas el pasado 7 de septiembre en este mismo juzgado por el expresidente de FCC Construcción, José Mayor Oreja, quien negó haber financiado al PP de Francisco Camps con 150.000 euros frente a lo declarado en su día por el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa.

El Juzgado número 17, en una pieza secreta, investiga posibles irregularidades en las adjudicaciones para la construcción del circuito urbano de Fórmula l en València por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) de la Generalitat.

Dentro de esta investigación, en la misma providencia, la magistrada ha acordado una declaración ampliatoria en calidad de investigado del que fuera director de GTP Antonio Carbonell y del exsecretario de Infraestructuras y entonces número 2 de la Conselleria Victoriano Sánchez-Barcaiztegui. También ha citado como investigados al exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) Pablo Cotino y a un exdirectivo del puerto. Todos están llamados a declarar el próximo jueves, 4 de octubre.

MAYOR OREJA ADMITIÓ DONACIONES AL PP
Precisamente este pasado miércoles, el empresario José Mayor Oreja –que presidió FCC Construcción entre 2001 y 2013– admitió ante la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP que dos filiales de esa compañía donaron con su autorización en 2011 60.000 euros al partido que entonces presidía Mariano Rajoy, pero negó vinculaciones entre esos donativos y la obtención de contratos de obra pública. También rechazó ser el «José Mayor de FCC» que aparece en la contabilidad paralela del extesorero del PP Luis Bárcenas como donante de hasta 165.000 en 2008.

Mayor Oreja admitió que se vio una vez «cinco minutos», en enero o febrero de 2008, con el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, y calificó como «de película» el relato de Costa de que él le entregó en mano 150.000 euros en billetes de 500 para la campaña electoral de Rajoy en 2008.

Sobre la F1, subrayó que no ha estado «jamás» en el Circuito de València, en cuya construcción participó FCC junto con otras empresas. Según su relato, él sólo intervino en este tema en 2011, tres años después de que arrancara esa obra, cuando se encontró con un responsable del circuito y le preguntó cuándo pensaban pagar la parte que le correspondía a su empresa de aquella Unión Temporal de Empresas (UTE).

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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