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Valencia

Jorge Bellver se acoge a su derecho a no declarar en el caso Azud: última hora de la investigación

Publicado

en

Ana Escobar/Archivo

El director general de Relaciones con Les Corts y exconcejal del Ayuntamiento de València, Jorge Bellver, ha decidido guardar silencio ante el juez este lunes en su citación como investigado en el caso Azud, una trama que investiga desde hace ocho años presuntas comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas.

Bellver opta por no declarar ante el juez

Bellver estaba citado a las 12:15 horas en el Juzgado de Instrucción nº13 de València, encargado de la macrocausa. Fuentes jurídicas confirman que el exedil del PP ha optado por acogerse a su derecho a no declarar, una opción contemplada por la ley para cualquier investigado.

La citación fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que también pidió escuchar la declaración de una funcionaria municipal que habría intervenido en los procesos administrativos objeto de investigación.

Por qué se investiga a Jorge Bellver

El exconcejal aparece vinculado a la pieza principal del caso, conocida como ‘Operación colegios’, considerada por la instructora como una de las más relevantes por la participación de numerosos altos cargos y por el volumen de presuntas comisiones que habría manejado la red dirigida por el empresario Jaime Febrer.

Según la línea de investigación, Bellver podría haber tenido relación con una permuta urbanística entre el Ayuntamiento de València y una empresa de Febrer. La operación habría supuesto la entrega de parcelas municipales a cambio de asumir deuda del consistorio, y se sospecha que pudo adjudicarse sin concurso público y por un valor muy inferior al real, lo que favorecía al promotor.

El contexto político y judicial

En 2022, cuando Bellver aún era diputado autonómico del PP, la jueza le ofreció personarse voluntariamente después de que su nombre apareciera en una lista de regalos supuestamente entregados por la trama. Entonces declinó hacerlo. Ahora, sin la protección del aforamiento parlamentario, ha sido citado formalmente como investigado.

La ‘Operación colegios’ es la pieza en la que convergen varios nombres de peso de la política valenciana, como Alfonso Grau, exvicealcalde y mano derecha de Rita Barberá; José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa; y Rafael Rubio, exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno.

Qué puede pasar ahora

Tras su decisión de no declarar, la investigación continúa pendiente de nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía. La instructora deberá valorar la documentación, el resto de testimonios y las pruebas aportadas para determinar si hay base suficiente para enviar la causa a juicio.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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