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Darías avisa a la comunidades que rechazan las restricciones: «El Gobierno hará que se cumplan»

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La ministra de Sanidad, Carolina Darías, ha advertido esta mañana en el programa «Hoy por hoy», de la Cadena Ser, que el Gobierno piensa hacer cumplir las restricciones a la hostelería aprobadas el Consejo Interterritorial del pasado miércoles. La propuesta fue aprobada con el apoyo de once comunidades, pero Madrid, Catalunya, Andalucía, País Vasco, Galicia y Murcia las rechazan y algunas de ellas han expresado ya su voluntad de no aplicarlas.

Darías ha recordado que las resoluciones del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento para todos, «y si no, el Gobierno hará que se cumplan». En ese sentido, la titular de Sanidad ha dicho que los servicios jurídicos del Gobierno ya estudian qué tipo de acciones legales se pueden emprender en el caso de incumplimiento.

La ministra ha calificado de «un palo fuerte» la decisión del Reino Unido de dejar a España fuera de la «lista verde» de países seguros para viajar, y ha animado a las comunidades a rebajar la incidencia por debajo de 50 casos cada 100.000 habitantes ( ahora está en 118) para que puedan llegar turistas británicos a nuestro país. Sólo la Comunitat Valenciana, las Baleares y las Canarias, precisamente los tres destinos favoritos de los visitantes del Reino Unido, cumplen el requisito marcado por las autoridades británicas para acceder a esa lista verde.

 

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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