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Valencia

La pensión media en Comunitat es 957 euros, por debajo de la media española

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La edad legal de jubilación subirá a 66 años y ocho meses en 2025: Novedades en pensiones y jubilación anticipada

Madrid/València, 26 nov (EFE).- La pensión media en la Comunitat Valenciana es de 957,09 euros, con un incremento del 2,09 %, por debajo de la media española, situada en 1.038,49 euros y un incremento del 2,11 %, según las cifras facilitadas este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes a 1 de noviembre.

En total, la Comunitat cuenta con 1.013.474 pensiones, de ellas 552.227 en la provincia de València con un importe medio de 998,95 euros y un incremento del 2,07 %, 326.799 en la de Alicante con un importe medio de 898,75 euros y un incremento del 2,04 % y 131.398 en la de Castellón con un importe medio de 926,96 euros con un incremento del 2,31 %.

En el conjunto de España, La Rioja y Aragón son las comunidades donde más ha subido la cuantía media del conjunto de pensiones, mientras Canarias y Madrid son las que registran un menor incremento.

País Vasco sigue siendo la comunidad con las pensiones más altas como media, con 1.309,99 euros, un 26,14 % por encima de la media (1.038,49 euros), seguida de Asturias (1.220,60 euros), Madrid (1.216,80 euros) y Navarra (1.192,95 euros).

A continuación figuran Aragón (1.097,16 euros) y Cantabria (1.096,82 euros) y, ya por debajo de la media, La Rioja (1.021,75 euros).

Por debajo de los mil euros están todavía Baleares (966,35 euros), la Comunidad Valenciana (957,09 euros), Canarias (948,05 euros), Andalucía (928,85 euros), Galicia (885,23 euros) y Extremadura (865,10 euros, un 16,70 % menos que la media).

La cuantía media del conjunto de pensiones ha subido más en La Rioja (2,43 %), Aragón (2,34 %), Galicia (2,31 %), Cataluña (2,23 %), Castilla-La Mancha (2,16 %) y Extremadura (2,14 %), todas ellas por encima de la media nacional (2,11 %).

Donde menos lo ha hecho ha sido en Canarias (1,81 %), Madrid (1,84 %), Asturias (1,89 %), País Vasco (2,05 %), Andalucía (2,06 %), Cantabria (2,08 %) y la Comunidad Valenciana (2,09 %).

En cuanto al número de pensiones, ha crecido más en Canarias (2,75 %), Baleares (2,12 %), Navarra (1,88 %), Madrid (1,83 %), La Rioja (1,74 %), Andalucía (1,40 %) y Castilla-La Mancha (1,21 %), todas ellas por encima de la media nacional (1,13 %).

Por el contrario, ha aumentado menos en Galicia (0,46 %), Aragón y Cataluña (0,71 %), Extremadura (0,95 %), Cantabria (1,04 %), País Vasco (1,05 %), Murcia (1,07 %) y la Comunidad Valenciana (1,08 %), mientras que en Asturias no han variado.

Las comunidades con más pensiones son Cataluña (1.606.076), Andalucía (1.606.076), Madrid (1.194.132), la Comunidad Valenciana (1.013.474), Galicia (768.438), Castilla y León (615.925) y País Vasco (567.314).

Donde menos pensiones se abonan es en La Rioja (71.428), Cantabria (143.487), Extremadura (231.934), Murcia (252.905), Canarias (342.846) y Castilla-La Mancha (379.389).

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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