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Valencia

La pensión media en Comunitat es 957 euros, por debajo de la media española

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La edad legal de jubilación subirá a 66 años y ocho meses en 2025: Novedades en pensiones y jubilación anticipada

Madrid/València, 26 nov (EFE).- La pensión media en la Comunitat Valenciana es de 957,09 euros, con un incremento del 2,09 %, por debajo de la media española, situada en 1.038,49 euros y un incremento del 2,11 %, según las cifras facilitadas este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes a 1 de noviembre.

En total, la Comunitat cuenta con 1.013.474 pensiones, de ellas 552.227 en la provincia de València con un importe medio de 998,95 euros y un incremento del 2,07 %, 326.799 en la de Alicante con un importe medio de 898,75 euros y un incremento del 2,04 % y 131.398 en la de Castellón con un importe medio de 926,96 euros con un incremento del 2,31 %.

En el conjunto de España, La Rioja y Aragón son las comunidades donde más ha subido la cuantía media del conjunto de pensiones, mientras Canarias y Madrid son las que registran un menor incremento.

País Vasco sigue siendo la comunidad con las pensiones más altas como media, con 1.309,99 euros, un 26,14 % por encima de la media (1.038,49 euros), seguida de Asturias (1.220,60 euros), Madrid (1.216,80 euros) y Navarra (1.192,95 euros).

A continuación figuran Aragón (1.097,16 euros) y Cantabria (1.096,82 euros) y, ya por debajo de la media, La Rioja (1.021,75 euros).

Por debajo de los mil euros están todavía Baleares (966,35 euros), la Comunidad Valenciana (957,09 euros), Canarias (948,05 euros), Andalucía (928,85 euros), Galicia (885,23 euros) y Extremadura (865,10 euros, un 16,70 % menos que la media).

La cuantía media del conjunto de pensiones ha subido más en La Rioja (2,43 %), Aragón (2,34 %), Galicia (2,31 %), Cataluña (2,23 %), Castilla-La Mancha (2,16 %) y Extremadura (2,14 %), todas ellas por encima de la media nacional (2,11 %).

Donde menos lo ha hecho ha sido en Canarias (1,81 %), Madrid (1,84 %), Asturias (1,89 %), País Vasco (2,05 %), Andalucía (2,06 %), Cantabria (2,08 %) y la Comunidad Valenciana (2,09 %).

En cuanto al número de pensiones, ha crecido más en Canarias (2,75 %), Baleares (2,12 %), Navarra (1,88 %), Madrid (1,83 %), La Rioja (1,74 %), Andalucía (1,40 %) y Castilla-La Mancha (1,21 %), todas ellas por encima de la media nacional (1,13 %).

Por el contrario, ha aumentado menos en Galicia (0,46 %), Aragón y Cataluña (0,71 %), Extremadura (0,95 %), Cantabria (1,04 %), País Vasco (1,05 %), Murcia (1,07 %) y la Comunidad Valenciana (1,08 %), mientras que en Asturias no han variado.

Las comunidades con más pensiones son Cataluña (1.606.076), Andalucía (1.606.076), Madrid (1.194.132), la Comunidad Valenciana (1.013.474), Galicia (768.438), Castilla y León (615.925) y País Vasco (567.314).

Donde menos pensiones se abonan es en La Rioja (71.428), Cantabria (143.487), Extremadura (231.934), Murcia (252.905), Canarias (342.846) y Castilla-La Mancha (379.389).

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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