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Valencia

La pensión media en Comunitat es 957 euros, por debajo de la media española

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La edad legal de jubilación subirá a 66 años y ocho meses en 2025: Novedades en pensiones y jubilación anticipada

Madrid/València, 26 nov (EFE).- La pensión media en la Comunitat Valenciana es de 957,09 euros, con un incremento del 2,09 %, por debajo de la media española, situada en 1.038,49 euros y un incremento del 2,11 %, según las cifras facilitadas este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes a 1 de noviembre.

En total, la Comunitat cuenta con 1.013.474 pensiones, de ellas 552.227 en la provincia de València con un importe medio de 998,95 euros y un incremento del 2,07 %, 326.799 en la de Alicante con un importe medio de 898,75 euros y un incremento del 2,04 % y 131.398 en la de Castellón con un importe medio de 926,96 euros con un incremento del 2,31 %.

En el conjunto de España, La Rioja y Aragón son las comunidades donde más ha subido la cuantía media del conjunto de pensiones, mientras Canarias y Madrid son las que registran un menor incremento.

País Vasco sigue siendo la comunidad con las pensiones más altas como media, con 1.309,99 euros, un 26,14 % por encima de la media (1.038,49 euros), seguida de Asturias (1.220,60 euros), Madrid (1.216,80 euros) y Navarra (1.192,95 euros).

A continuación figuran Aragón (1.097,16 euros) y Cantabria (1.096,82 euros) y, ya por debajo de la media, La Rioja (1.021,75 euros).

Por debajo de los mil euros están todavía Baleares (966,35 euros), la Comunidad Valenciana (957,09 euros), Canarias (948,05 euros), Andalucía (928,85 euros), Galicia (885,23 euros) y Extremadura (865,10 euros, un 16,70 % menos que la media).

La cuantía media del conjunto de pensiones ha subido más en La Rioja (2,43 %), Aragón (2,34 %), Galicia (2,31 %), Cataluña (2,23 %), Castilla-La Mancha (2,16 %) y Extremadura (2,14 %), todas ellas por encima de la media nacional (2,11 %).

Donde menos lo ha hecho ha sido en Canarias (1,81 %), Madrid (1,84 %), Asturias (1,89 %), País Vasco (2,05 %), Andalucía (2,06 %), Cantabria (2,08 %) y la Comunidad Valenciana (2,09 %).

En cuanto al número de pensiones, ha crecido más en Canarias (2,75 %), Baleares (2,12 %), Navarra (1,88 %), Madrid (1,83 %), La Rioja (1,74 %), Andalucía (1,40 %) y Castilla-La Mancha (1,21 %), todas ellas por encima de la media nacional (1,13 %).

Por el contrario, ha aumentado menos en Galicia (0,46 %), Aragón y Cataluña (0,71 %), Extremadura (0,95 %), Cantabria (1,04 %), País Vasco (1,05 %), Murcia (1,07 %) y la Comunidad Valenciana (1,08 %), mientras que en Asturias no han variado.

Las comunidades con más pensiones son Cataluña (1.606.076), Andalucía (1.606.076), Madrid (1.194.132), la Comunidad Valenciana (1.013.474), Galicia (768.438), Castilla y León (615.925) y País Vasco (567.314).

Donde menos pensiones se abonan es en La Rioja (71.428), Cantabria (143.487), Extremadura (231.934), Murcia (252.905), Canarias (342.846) y Castilla-La Mancha (379.389).

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Valencia

Vox propone vetar el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión a mujeres con velo

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La nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI), impulsada por el Consell, incorpora como requisito obligatorio un itinerario de inclusión social que, en caso de no cumplirse, puede suponer la retirada de la ayuda económica. Sin embargo, el grupo parlamentario de Vox ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley que buscan endurecer los criterios de acceso, introduciendo condiciones que afectan directamente a parte de la población migrante.

Entre las propuestas más polémicas, Vox plantea excluir de la Renta Valenciana de Inclusión a las mujeres que utilicen velo islámico, argumentando que los beneficiarios deben comprometerse a respetar las costumbres y valores del país y renunciar a cualquier práctica que, según su criterio, atente contra la dignidad de la infancia o de las mujeres. Esta medida abre la puerta a vetar el acceso a la ayuda pública por motivos religiosos o culturales, generando un amplio debate político y social.


Coincidencia entre PP y Vox en la exclusión de determinados colectivos

Las enmiendas presentadas también incluyen la propuesta conjunta de PP y Vox para impedir el acceso y retirar la ayuda a aquellas personas que tengan una sentencia firme por ocupación ilegal de viviendas. Ambos partidos justifican esta medida como una forma de reforzar el cumplimiento de la ley y garantizar que las ayudas sociales se destinen a quienes cumplan con los requisitos de convivencia y legalidad.

Esta postura refuerza la línea política del actual gobierno autonómico, centrada en revisar los criterios de las ayudas sociales y limitar su acceso a determinados grupos.


Críticas y repercusiones sociales

Las propuestas de Vox han generado críticas entre organizaciones sociales, asociaciones de derechos humanos y colectivos feministas, que consideran que la medida supone una discriminación directa hacia las mujeres musulmanas y vulnera derechos fundamentales como la libertad religiosa y la igualdad de trato.

Expertos en políticas sociales advierten de que estas modificaciones podrían aumentar la exclusión y la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población, especialmente de las mujeres migrantes, que ya enfrentan mayores dificultades para acceder a recursos económicos y programas de inserción laboral.


Debate sobre la nueva Renta Valenciana de Inclusión

La Renta Valenciana de Inclusión 2025 se plantea como una herramienta para garantizar un mínimo vital a las familias en riesgo de pobreza o exclusión social, pero las enmiendas presentadas por Vox y el apoyo parcial del PP reabren el debate sobre qué condiciones deben establecerse para acceder a estas ayudas públicas.

El Consell, mientras tanto, mantiene que la RVI debe centrarse en la inclusión laboral, la formación y la igualdad de oportunidades, sin introducir criterios de exclusión cultural o religiosa.

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