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La Policía de Xirivella irrumpe en una barbacoa en una terraza comunitaria y los vecinos aplauden

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VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Policía Local de Xirivella (Valencia) irrumpió este sábado en una barbacoa que se celebraba, contraviniendo las restricciones del estado de alarma, en la azotea comunitaria de un edificio con música que molestaba a los vecinos. Un aplauso espontáneo de las viviendas colindantes agradeció la actuación.

Las tres personas, sorprendidas in fraganti, fueron identificadas y denunciadas por la patrulla tras intentar huir de la terraza, informa el Ayuntamiento de Xirivella en un comunicado.

Dos vecinos alertaron que estaban celebrando una fiesta con música y barbacoa en la terraza comunitaria de la finca, a pesar de que los tres sancionados habían protagonizado anteriormente otros capítulos similares de vulneración del estado de alarma.

«Estamos detectando varias reuniones de este tipo en domicilios particulares y en zonas comunes de los inmuebles, con las molestias vecinales y la indignación colectiva que estas actitudes conllevan», ha advertido el comisario jefe de Xirivella, Víctor Pablo Martínez Berlanga.

Se trata de actitudes no permitidas en el actual confinamiento que suponen un riesgo importante para la salud pública. Durante el estado de alarma, la Policía Local ha recibido 1.460 llamadas telefónicas: 900 peticiones de información y atención ciudadana y 560 requerimientos sobre incumplimientos de las restricciones impuestas por el mando único.

En Xirivella, los agentes han realizado 60 controles estáticos en vía pública sobre un total de 1.900 vehículos, de los cuales 31 circulaban sin autorización. También han formulado 131 denuncias por incumplimiento y han practicado tres detenciones.

Ante estas cifras, el edil de Seguridad, Vicent Sandoval, ha instado a la población a tomarse muy en serio las medidas de confinamiento, avisando que la acción policial será «implacable contra todo aquel que actúe de manera egoísta y al margen del interés general».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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