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La Policía de Xirivella irrumpe en una barbacoa en una terraza comunitaria y los vecinos aplauden

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VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Policía Local de Xirivella (Valencia) irrumpió este sábado en una barbacoa que se celebraba, contraviniendo las restricciones del estado de alarma, en la azotea comunitaria de un edificio con música que molestaba a los vecinos. Un aplauso espontáneo de las viviendas colindantes agradeció la actuación.

Las tres personas, sorprendidas in fraganti, fueron identificadas y denunciadas por la patrulla tras intentar huir de la terraza, informa el Ayuntamiento de Xirivella en un comunicado.

Dos vecinos alertaron que estaban celebrando una fiesta con música y barbacoa en la terraza comunitaria de la finca, a pesar de que los tres sancionados habían protagonizado anteriormente otros capítulos similares de vulneración del estado de alarma.

«Estamos detectando varias reuniones de este tipo en domicilios particulares y en zonas comunes de los inmuebles, con las molestias vecinales y la indignación colectiva que estas actitudes conllevan», ha advertido el comisario jefe de Xirivella, Víctor Pablo Martínez Berlanga.

Se trata de actitudes no permitidas en el actual confinamiento que suponen un riesgo importante para la salud pública. Durante el estado de alarma, la Policía Local ha recibido 1.460 llamadas telefónicas: 900 peticiones de información y atención ciudadana y 560 requerimientos sobre incumplimientos de las restricciones impuestas por el mando único.

En Xirivella, los agentes han realizado 60 controles estáticos en vía pública sobre un total de 1.900 vehículos, de los cuales 31 circulaban sin autorización. También han formulado 131 denuncias por incumplimiento y han practicado tres detenciones.

Ante estas cifras, el edil de Seguridad, Vicent Sandoval, ha instado a la población a tomarse muy en serio las medidas de confinamiento, avisando que la acción policial será «implacable contra todo aquel que actúe de manera egoísta y al margen del interés general».

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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