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La Policía sanciona con cuatro días al agente que abofeteó a una mujer en una calle de València

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VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) – La Policía ha sancionado con cuatro días de pérdida de remuneración y de suspensión de funciones al agente de la Policía Nacional que a finales de 2017 abofeteó a una mujer en una calle del barrio de Orriols en València, según consta en una respuesta del Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet, quien ha expresado su «perplejidad» por la sanción.

El agente fue grabado el pasado año dando un bofetón a una mujer en una calle del barrio de Orriols de València, tras una discusión, a la que le hizo caer al suelo mientras el compañero del policía se quedaba quieto. El video se grabó en el cruce de las calle San Juan de la Peña y Padre Viñas de València y muestra como la mujer, en medio de una discusión, amenaza a uno de los agentes, que responde con una bofetada que la tira al suelo.

En la respuesta se señala que el comisario provincial de València acordó la incoación de un procedimiento disciplinario el 29 de diciembre pasado, que finalizó con una resolución de 14 de febrero, en la que se acordó imponerle una sanción de pérdida de cuatro días de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo, prevista en la ley del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

El senador Mulet también se interesaba por si se había considerado en este caso la agravante de tratarse de violencia machista. Sin embargo, el Gobierno explica que esta normativa «no prevé la cualificación de violencia machista», por lo que se impuso «la sanción máxima prevista para las faltas de esta naturaleza».

El senador ha apuntado en un comunicado que «sorprende ya de por sí que, ante esta manera a todas luces incorrecta de actuar del agente hacia una mujer que aparentemente estaba intoxicada, no obtenga una sanción en el procedimiento disciplinario superior a la de ‘leve’, que se da en casos de impuntualidad o descuido en el aseo personal, y se solvente con cuatro días de pérdida de remuneración y funciones».

«RESPUESTA CLARAMENTE DESPROPORCIONADA»
«Es una imagen que no nos agrada ver de quien debe preservar el orden y servir a los ciudadanos, porque la respuesta fue claramente desproporcionada ante una persona con las facultades mermadas», ha subrayado Mulet, quien ha defendido que los agentes de Policía «son los primeros que deben tener clara la letalidad de esta lacra de la que son víctimas las mujeres» y que «las leyes y autoridades deben adaptarse a las circunstancias y no dejar recovecos a esta clase de daños, menosprecio y agresiones, especialmente entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

Por tanto, ha lamentado la «impunidad» que se da cuando «a diferencia de este caso, no existen grabaciones en video ni denuncias de compañeros por el corporativismo existente» y ha recordado que Compromís ha abogado por los derechos salariales, civiles, de condiciones de trabajo y sindicales.

Mulet ha subrayado que «ahora toca posicionarse y evitar que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir o que se salden con sanciones que nos hacen sonrojar», lo que ve como «una omisión clara de auxilio, dejando a la gente desprotegida».

La coalición propondrá una moción en la comisión que corresponda para instar al Gobierno a «corregir esta situación» e incluir los casos de violencia contra las mujeres entre las tipologías de casos con sanciones de mayor gravedad.

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Manada en un colegio de Valencia, un menor agredido sexualmente: «Que sufra, quiero ver cómo sufre»

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Manada colegio Valencia
OFFICIAL PRESS ARCHIVO
Las autoridades valencianas analizan el caso de un menor con graves secuelas psicológicas que habría sido víctima de una nueva manada. Los hechos ocurrieron en marzo de 2023, durante un viaje a Málaga de un grupo de alumnos de 2º de la ESO de un colegio concertado de Valencia.
Así lo recogen fuentes como ‘Las Provincias’. El menor, que ahora tiene 16 años, entró durante unos días en estado catatónico y, según el informe del psiquiatra que le trató, sufrió «un trastorno de estrés postraumático cronificado con graves episodios de amnesia disociativa».

Pero, dos años después de la presunta violación grupal, como destaca la fuente citada, la Fiscalía de Menores de Valencia solo ha acusado a uno de los cinco supuestos agresores sexuales, ya que dos miembros de la manada eran inimputables en el momento de los hechos (tenían 13 años) y otros dos se acogieron a su derecho a no declarar y, hasta ahora, no se ha podido acreditar que participasen en la agresión sexual.

Investigación en curso a la manada de un colegio de Valencia

Hay que destacar que otro menor fue investigado por acosar y amenazar a la víctima para que no contase nada. Y no se ha descartado que hubiera un sexto adolescente implicado, aunque todavía no se ha podido identificarle porque los acusados apenas han aportado datos en los interrogatorios.

El menor ya habría sufrido episodios de burla y acoso durante el curso antes de la agresión sexual. Incluso recibía llamadas en oculto. Todo culminó en un hotel de Benalmádena, en Málaga, durante unas jornadas deportivas organizadas por una fundación. El 28 de marzo de 2023, el joven fue rodeado presuntamente por los cinco adolescentes y le obligaron a entrar al cuarto de baño. Allí, se masturbaron delante de él y le dijeron «hazte una paja, o morirás» antes de agredirle sexualmente.

«Que sufra, quiero ver cómo sufre»

La víctima fue forzada mientras el cabecilla decía «que sufra, que sufra, quiero ver cómo sufre«, según recoge la reconstrucción de la Fiscalía de Menores. Además, la manada continuó acosando al menor cuando volvieron a Valencia. La víctima guardó silencio por las amenazas y por temor de que su hermano pequeño sufriera alguna represalia.

Dos meses después de la agresión sexual, el menor se desplomó y tuvo que ser atendido por familiares y servicios sanitarios. Posteriormente le diagnosticaron las graves secuelas.

La Fiscalía de Menores, a pesar de haber investigado a siete posibles implicados, solo acusa a uno de ellos y pide una pena de 15 meses de internamiento en régimen cerrado. Una petición complementada con otra medida punitiva de dos años de libertad vigilada y la obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual. La víctima y sus dos hermanos tuvieron que abandonar el colegio después de que trascendiera la violación grupal.

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