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La UCO identifica en Andorra 6 millones que atribuye a comisiones de Zaplana

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València, 4 jun (EFE).- El último de los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha firmado en el Caso Erial y en relación con Eduardo Zaplana identifica movimientos de al menos 6 millones de euros en bancos de Andorra que asocia a la que, según la hipótesis de los investigadores, era una red financiera organizada por este imputado para el cobro de comisiones.

La UCO considera que el entramado de Andorra fue clave para desviar las cantidades cobradas, según ellos, de comisiones ilegales por la adjudicación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), y blanquearlas para, posteriormente, repatriarlas a España.

La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, e investigada por la Fiscalía Anticorrupción, cuantifica en unos 10,5 millones de euros estas comisiones.

Una cuenta abierta en un banco andorrano por un posible testaferro de Zaplana, expresident de la Generalitat y exministro, es una de las claves de esta rama de la investigación. Ese supuesto testaferro abrió en 2004 su cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en la que llegó a ingresar más de seis millones de euros, al parecer buena parte en efectivo, y los agentes de la Guardia Civil relacionan estos fondos con posibles comisiones.

Sin embargo, la Guardia Civil maneja la hipótesis de que este dinero no proceda de las adjudicaciones citadas (ITV y plan eólico), sino que esté relacionado con el parque temático de Benidorm Terra Mítica, una posibilidad que las fuentes jurídicas consultadas por Efe consideran aventurada, aunque posible.

El caso Erial, en el que está imputado Zaplana junto a otros, se abrió para investigar un supuesto cobro de comisiones que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La instrucción afronta este 2021 su fase final, tras el esclarecimiento del supuesto entramado societario que se pudo usar para ocultar los fondos y cuando se acaban de cumplir, este mes de mayo, tres años desde que el expresident y exministro fuese detenido.

Según han indicado a Efe fuentes conocedoras de la instrucción, aunque todavía quedan pendientes varias declaraciones relacionadas con las últimas imputaciones, la intención es finalizarla este año, todo ello sin perjuicio de las diligencias que puedan reclamar las defensas.

La defensa del expresident de la Generalitat ha solicitado al juzgado que le investiga en el caso Erial que cite a declarar a diez técnicos que intervinieron en las adjudicaciones de ITV y del plan eólico para que aclaren si, como dice la acusación, sufrieron algún tipo de presión del imputado o de otros en la redacción de sus informes, porque de no demostrarse la manipulación de las adjudicaciones, no cabe pensar que se cobraron comisiones.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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