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La UCO identifica en Andorra 6 millones que atribuye a comisiones de Zaplana

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València, 4 jun (EFE).- El último de los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha firmado en el Caso Erial y en relación con Eduardo Zaplana identifica movimientos de al menos 6 millones de euros en bancos de Andorra que asocia a la que, según la hipótesis de los investigadores, era una red financiera organizada por este imputado para el cobro de comisiones.

La UCO considera que el entramado de Andorra fue clave para desviar las cantidades cobradas, según ellos, de comisiones ilegales por la adjudicación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), y blanquearlas para, posteriormente, repatriarlas a España.

La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, e investigada por la Fiscalía Anticorrupción, cuantifica en unos 10,5 millones de euros estas comisiones.

Una cuenta abierta en un banco andorrano por un posible testaferro de Zaplana, expresident de la Generalitat y exministro, es una de las claves de esta rama de la investigación. Ese supuesto testaferro abrió en 2004 su cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en la que llegó a ingresar más de seis millones de euros, al parecer buena parte en efectivo, y los agentes de la Guardia Civil relacionan estos fondos con posibles comisiones.

Sin embargo, la Guardia Civil maneja la hipótesis de que este dinero no proceda de las adjudicaciones citadas (ITV y plan eólico), sino que esté relacionado con el parque temático de Benidorm Terra Mítica, una posibilidad que las fuentes jurídicas consultadas por Efe consideran aventurada, aunque posible.

El caso Erial, en el que está imputado Zaplana junto a otros, se abrió para investigar un supuesto cobro de comisiones que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La instrucción afronta este 2021 su fase final, tras el esclarecimiento del supuesto entramado societario que se pudo usar para ocultar los fondos y cuando se acaban de cumplir, este mes de mayo, tres años desde que el expresident y exministro fuese detenido.

Según han indicado a Efe fuentes conocedoras de la instrucción, aunque todavía quedan pendientes varias declaraciones relacionadas con las últimas imputaciones, la intención es finalizarla este año, todo ello sin perjuicio de las diligencias que puedan reclamar las defensas.

La defensa del expresident de la Generalitat ha solicitado al juzgado que le investiga en el caso Erial que cite a declarar a diez técnicos que intervinieron en las adjudicaciones de ITV y del plan eólico para que aclaren si, como dice la acusación, sufrieron algún tipo de presión del imputado o de otros en la redacción de sus informes, porque de no demostrarse la manipulación de las adjudicaciones, no cabe pensar que se cobraron comisiones.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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