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La UME se despliega en la ciudad de València

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VALÈNCIA/MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) –

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado este domingo en varios puntos estratégicos de la ciudad de València, como el aeropuerto, las estaciones de tren y el puerto, según ha podido saber Europa Press. El objetivo es identificar necesidades en las zonas de mayor riesgo de propagación del coronavirus.

Los militares se han movilizado a las 15 horas de este domingo, en concreto, en puntos como la Plaza del Ayuntamiento de Valèncua, la estación del AVE Joaquín Sorolla, la Estación del Norte, la Estación de Autobuses, el puerto y el aeropuerto.

La UME se desplegará en las zonas de mayor riesgo de propagación del coronavirus de algunas ciudades españolas, entre ellas València, para realizar reconocimientos previos que permitan identificar necesidades, según ha anunciado este domingo el Ministerio de Defensa.

La decisión se ha adoptado en la reunión de coordinación que ha presidido este domingo la ministra Margarita Robles en la sede de su Departamento para estudiar las acciones que liderarán las Fuerzas Armadas en cumplimiento con el decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno.

La primera decisión adoptada ha sido la de activar a la UME para hacer «reconocimientos previos» en aquellas zonas urbanas donde tiene desplegados contingentes (Madrid, València, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), en zonas de estas ciudades donde puede haber mayor riesgo de propagación del virus.

Este despliegue puede ser visible desde las 15.00 horas de este domingo como paso previo a la reunión de coordinación en el Ministerio del Interior, donde se activará el Centro de Coordinación Operativa.

En cualquier caso, durante el periodo de estado de alarma las Fuerzas Armadas contarán con un mando único, que será el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya.

El JEMAD, a través del Mando de Operaciones, integrará las capacidades operativas, sanitarias, logísticas y de infraestructura pertenecientes a la UME, Igesan y la estructura operativa de Ejércitos y la Armada, que pondrá a disposición de las autoridades competentes.

Pero además, el Ministerio de Defensa ha decretado la activación de médicos militares en la reserva y ha dado instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de la solución desinfectante hidroalcohólica, así como otros medicamentos genéricos que fueran necesarios.

A la reunión en la que se han adoptado estas decisiones han asistido, además de la ministra, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares; el JEMAD, Miguel Ángel Villarroya; el Subsecretario de Defensa, Alejo De la Torre; el secretario de Política General, almirante Juan Francisco Núñez; el comandante del Mando de Operaciones, teniente general Fernando López Del Pozo; el Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Luis Martínez Meijide; y los directores de Gabinetes y la directora de Comunicación.

Todas estas medidas se concretarán en una instrucción que desarrollará en el ámbito del Ministerio de Defensa el real decreto aprobado este sábado por el Consejo de Ministros por el que se declara el estado de alarma.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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