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Las barbaridades de Paco Camps contra Ximo Puig y Mónica Oltra

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El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha considerado que está sufriendo una «persecución política» por parte de la Abogacía de la Generalitat en la causa en la que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares en la construcción del circuito de F1 de València.

En su opinión, la Abogacía está dirigida por la «pareja del frenesí», en referencia al actual jefe del Consell, Ximo Puig, a quien ha definido como «el flequillo cambiante», y la vicepresidenta, Mónica Oltra, de quien ha dicho que es «la mujer de las camisetas».

Camps se ha pronunciado así a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València, donde ha acudido para declarar como investigado ante la jueza que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad.

El expresidente se ha referido de este modo al escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– que en la tarde de este pasado martes presentó la Abogacía de la Generalitat en la causa del circuito de la F1 contra él mismo y otros ex altos cargos del Consell y empresarios y que se encuentra pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido. Para la Abogacía, existen indicios de delito de prevaricación y malversación en la actuación de Camps.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita. Además, exponía que el informe emitido por la Intervención de la Generalitat señalaba que este órgano no dispone de «criterio técnico» para valorar que los importes de los presupuestos base de licitación y los precios de contratos analizados «sean adecuados al mercado en el momento en que se licitaron».

«MUY ENFADADO»
A su llegada a los juzgados, Camps ha dicho estar «muy enfadado con la pareja del frenesí» porque «no es justo ni serio que el hombre del flequillo cambiante y la mujer de las camisetas utilicen a la Abogacía de la Generalitat contra quienes fuimos presidentes del Gobierno valenciano».

Ha sostenido que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido «no acusarle» que en la pieza de la F1 relativa a las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula 1 a través de Valmor y la posterior absorción de esta sociedad por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

En diciembre del pasado año, Fiscalía pidió en junio de 2018 el procesamiento de Camps por prevaricación y malversación de caudales públicos en esta pieza mientras que pidió el sobreseimiento para los otros cuatro investigados. Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 2 decidió el archivo de estas actuaciones tal y como había pedido la defensa del ‘expresident’.

Sobre la pieza relativa a la construcción del circuito, ha defendido que Anticorrupción dice «claramente» que «no hay ningún tipo de atisbo de infracción de ninguna característica». Además, considera que durante su presidencia, la Abogacía «era independiente» y «ahora depende de un director general que depende directamente de Puig». «Es una vergüenza, un escándalo y un escarnio para todos los valencianos que estén utilizando la parejita a la Abogacía de la Generalitat», ha enfatizado.

Ha lamentado que cuando fue absuelto en la causa de los trajes, «Puig recurrió personalmente aquella sentencia del pueblo valenciano en el jurado popular del TSJCV al Supremo». «Ahora, como es presidente de la Generalitat, ya no se gasta el dinero en abogados, utiliza los abogados de todos los valencianos», ha criticado.

El exjefe del Consell ha argumentado que Fiscalía «basa su escrito no solo en cuestiones de la propia visión jurídica del fiscal sino en el informe que ha hecho el interventor de la Generalitat, pedido por el propio abogado de la Generalitat» y ha denunciado que «cuando ven que se les acaba el tiempo, en el último minuto, como los malos perdedores, rápidamente buscan un tiempo más de descuento».

«PUIG TENDRÍA QUE PEDIR PERDÓN»
Inquirido por qué pruebas tiene para asegurar que sufre esa supuesta «persecución política», ha respondido «que el abogado de la Generalitat no está haciendo caso a la Intervención» y «la costumbre». «Puig tiene la costumbre siempre de recurrir mis absoluciones y mis archivos», ha dicho. «Lo que tendría que hacer hoy mismo Puig es pedir perdón a los valencianos porque no puede utilizar a un órgano independiente para su propio beneficio», ha dicho.

Ya tras prestar declaración, Camps ha continuado con sus críticas al actual Consell: «Veo lo que hicimos en aquella época y la catástrofe de estos cuatro años de gobiernos socialcatalanistas que no han hecho absolutamente nada».

VISITA DEL PAPA
Sobre su comparecencia, ha explicado que «hay un debate sobre la naturaleza jurídica, privada o pública», de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias y que le ha mostrado al juez su declaración de actividades del momento en el que dejó el cargo de presidente, en la que aparecen los organismos públicos y las fundaciones a las que pertenecía –ha mantenido– «de manera automática por ser presidente de la Generalitat».

También ha entregado dos informes: de la Dirección General de Coordinación de la Conselleria de Industria y de la Dirección General de Justicia de abril de 2011. En el caso de las fundaciones, ha apuntado, «era presidente de honor de unas 25, entre otras de la del Valencia CF».

Sobre la fundación, ha indicado que «aparece como organismo no público» en el primer caso y como privada en el segundo. «El conocimiento que la administración pública tenía, al menos, en el mes de abril y mayo de 2011, es que esta fundación era privada», ha subrayado.

«Yo era el presidente de honor. No había ninguna irregularidad ni ningún interventor puso en cuestión la gestión de la misma», ha destacado el exjefe del Consell, que ha asegurado que de los contratos «se encargaba el patronato». Preguntado por las deudas que habría perdonado la Generalitat a la fundación, ha contestado: «Esa cuestión no sé si es así de exacta o no. Eso le correspondería decirlo a quien en todo caso lo hubiese hecho».

PROCESAMIENTO EN LA AN
En cuanto a su procesamiento dictado en un auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por los contratos de la Generalitat con la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009, Camps ha criticado que la resolución «no tiene ni pies ni cabeza»: «No hay un solo dato objetivo, ninguna indicación por mi parte y la directora general dijo que no había hablado nunca conmigo», ha apuntado.

Ha recordado que De la Mata fue director general del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero: «Si fuera con (Felipe) González, pero con Zapatero hay que ser un tío muy de la causa de la izquierda», ha censurado. Asimismo, ha confirmado que presentará recurso de reforma ante esta decisión.

«ESTOY ABSUELTO MORALMENTE»
Ante la cuestión de si cree que acabará siendo absuelto de las causas en las que se encuentra investigado o procesado, Camps ha dicho que esa es su «ilusión» y ha añadido: «Absuelto estoy desde el momento en el que no ha pasado nada de lo que se dice. Absuelto moralmente estoy, vamos a ver si también judicialmente». Asimismo, se ha dirigido a una periodista, con la que posteriormente se ha disculpado, para decirle que «mediáticamente» sabe que no será absuelto por ella ni por su medio.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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