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Las empresas de gran consumo alertan: subir impuestos amenazaría la recuperación

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supermercados abiertos puente de diciembre
Barcelona, 20 oct (EFECOM).- El sector de gran consumo ha advertido de los riesgos para la recuperación económica que conllevaría aumentar la presión fiscal en España, en un contexto marcado por los mayores costes empresariales, una inflación al alza y una capacidad de gasto mermada para una parte de la población.

Éste ha sido uno de los principales mensajes lanzados en el congreso anual que celebra este miércoles la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), que ha reunido de forma presencial a más de 950 directivos de un sector que agrupa a empresas como Mercadona, Inditex, El Corte Inglés o Coca-Cola, y que de forma conjunta representa un 20 % del producto interior bruto (PIB) y da empleo a 4,5 millones de personas.

Representantes de la patronal y de compañías como Campofrío, Angulas Aguinaga o Frit Ravich han citado las nuevas leyes en materia de envases o la posibilidad de gravar la llamada «comida basura» como ejemplos de políticas que pueden afectar el crecimiento económico.

Además, han reconocido que ya están subiendo los precios de algunos de sus productos o al menos estudian hacerlo en breve ante el encarecimiento de las materias primas, los transportes y el coste de la electricidad.

«Estamos ante un escenario complejo y las medidas de acompañamiento tienen que ser prudentes para no poner palos en las ruedas a la salida de la crisis», ha incidido el presidente de Aecoc, Ignacio González.

El también consejero delegado de Nueva Pescanova ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se basan en una hipótesis de crecimiento del PIB del 7 %, una estimación que considera optimista y que espera que se cumpla, ya que si no «se corre el riesgo de que caiga todo lo demás».

La clave a corto plazo, en su opinión, es que aflore el ahorro acumulado -lo ha cifrado en cerca de 55.000 millones de euros- por esa parte de la población que dejó de gastar, no por tener más dificultades económicas o por miedo ante la incertidumbre, sino por haber dejado de viajar y salir a bares y restaurantes.

«Podríamos ser más escuchados como sector porque nuestra intención también es ayudar a la recuperación del país y a salir de la crisis lo antes posible, pero el ahorro es el que es, y si el consumidor percibe que ese dinero irá a impuestos dejará de gastar», ha esgrimido González.

El presidente de Aecoc ha insistido en que la actual coyuntura supone «un desafío» para un sector como el del gran consumo, que opera con márgenes de beneficio «muy ajustados» y se enfrenta a una «tormenta perfecta» con un incremento fuerte de sus costes y un segmento de población con dificultades económicas.

A medio plazo, González ha puesto el acento en «ganar productividad y competitividad», dos aspectos que ha calificado como el «gran talón de Aquiles de la economía española», y para ello ha reclamado flexibilidad laboral, entre otras medidas.

El consejero delegado de Campofrío, Javier Dueñas, ha coincidido en señalar que elevar la presión fiscal supone una medida que va contra el consumo, pese a ser un motor económico, sobre todo «para las familias con una renta más ajustada».

Sobre el incremento de costes, ha admitido que ahora mismo se encuentran analizando si suben el precio de algunas de sus referencias: «Si esto continúa así habrá que afrontarlo, sin duda».

En esta misma línea, la directora general de Frit Ravich (fabricante de patatas fritas, aperitivos y frutos secos), Judith Viader, ha señalado que ya están repercutiendo en sus precios este incremento de los costes.

«Nosotros sí que hemos subido los precios en algunas de nuestras marcas porque lo importante es ser capaces de proteger la estructura financiera» para seguir invirtiendo e innovando», ha defendido el consejero delegado de Angulas Aguinaga, Ignacio Muñoz.

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Ordenan reabrir el caso de Marta del Castillo

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Reabren el caso de Marta del Castillo por posible intrusismo en el informe del móvil de Miguel Carcaño

La Audiencia de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación por posible intrusismo profesional en el caso Marta del Castillo, uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años. El tribunal insta al Juzgado de Instrucción número 7 a practicar nuevas diligencias para determinar si el informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana, fue encargado por el juzgado o aportado por una de las partes.

La decisión revoca el sobreseimiento provisional dictado el 14 de marzo de 2025 y confirmado el 29 de mayo, dando la razón al recurso interpuesto por Pedro de la Torre, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA).


El origen del recurso: el perito no estaba colegiado

La denuncia se centra en la actuación del perito Manuel Huerta de la Morena, autor del informe pericial sobre el móvil de Carcaño. Según el CPITIA, Huerta no era ingeniero técnico en informática ni estaba colegiado, lo que podría constituir un delito de intrusismo profesional. Además, se le acusa de haber mostrado en medios de comunicación imágenes vinculadas a la causa judicial.

La Audiencia de Sevilla descarta continuar la investigación por revelación de secretos, al entender que el caso de Marta del Castillo ha tenido una exposición mediática masiva desde 2009, y no se aprecia información nueva de carácter reservado. Además, el artículo 201.1 del Código Penal exige denuncia del agraviado o su representante, que en este procedimiento “no existe”.


El debate: ¿un informe informático requiere título habilitante?

En relación con el presunto delito de intrusismo, el tribunal destaca que el artículo 403 del Código Penal exige dos elementos: ejercer actos propios de una profesión y carecer del título correspondiente.
En este sentido, recuerda que el perito “no firmó el informe como ingeniero informático”, sino como representante de la empresa Lazarus Technology, sin atribuirse expresamente esa condición.

No obstante, la Audiencia subraya que aún se desconoce si el equipo forense incluía a algún titulado en informática ni si el informe fue encargado por el juzgado o aportado por una parte, cuestiones que considera determinantes para decidir si la conducta constituye delito.

El tribunal cita la Ley 12/1986, que reconoce a los ingenieros técnicos la competencia para realizar “peritaciones, valoraciones, tasaciones, informes, estudios, planes y proyectos”, un argumento que refuerza la posición del CPITIA.


El juzgado deberá decidir en 12 días

La Audiencia de Sevilla ordena ahora que el Juzgado de Instrucción número 7 practique, en un plazo de 12 días, las diligencias necesarias para aclarar si el informe fue o no encargado judicialmente y si participó algún profesional titulado.
Tras ello, el juzgado deberá resolver “con entera libertad de criterio” si procede mantener el sobreseimiento o continuar la investigación.

 

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