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Las familias valencianas gastan 2.500 euros al año en comer fuera de casa

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VALÈNCIA, 5 Ago. – Las familias valencianas gastaron 2.470 euros anuales de media en comer fuera de casa en 2017, un 6,2 por ciento más que el año anterior, cuando la cifra fue de 2.325,35 euros, según un estudio elaborado por Ais Group, empresa especialista en la aplicación de inteligencia artificial a sectores como el marketing.

Por provincias, las familias castellonenses fueron las que más gastaron en comidas fuera del hogar, con 2.550,40 euros de media, un 10,1% más; seguidas de las valencianas, con 2.517,18 euros, un 6,3% más y las de Alicante, con 2.383,53 euros, un 5,1% más.

En el conjunto de España, el gasto medio fue de 2.582 euros, un 7,5% más que el año anterior (2.401). Según el estudio, la tendencia de 2017 confirma un incremento del gasto en esta partida en la mayoría de regiones. El crecimiento más acusado se ha dado en las comunidades de La Rioja y Andalucía donde ronda el 15%.

El informe, basado en los indicadores Habits Big Data construidos por AIS Group, revela que los hogares que más gastaron en comer y cenar fuera son los hogares navarros, que en 2017 gastaron 3.435 eurpos en bares y restaurantes.

Tras ellos aparecen las familias vascas, comenzando por las alavesas que destinaron 3.230, las de Bizkaia (3.135) y las guipuzcoanas (3.055). Madrid es la quinta provincia con mayor gasto en restauración (3.030) y la que cierra el ranking de las que superan los 3.000 anuales de media. Les siguen las familias de Baleares, con algo menos de 2.900 y las de Murcia, que superan ligeramente los 2.800.

Por su parte, las familias que menos gastaron en bares y restaurantes fueron las Canarias. Así, los hogares de Tenerife y Las Palmas destinan entre 1.750 y 1.760 euros de media a comer fuera de casa. Otros de los registros más bajos se dan en Badajoz (1.870), Cáceres (1.905), Cuenca (1.915), Ourense (1.975) y Albacete (1.992).

La tendencia de 2017 confirma un incremento del gasto en esta partida en la mayoría de regiones. El crecimiento más acusado se ha dado en las comunidades de La Rioja y Andalucía donde ronda el 15%, pasando en ambos casos de cifras que rondaban los 2.290 en 2016 a estar entre los 2.625 y los 2.650.

Sigue la región de Murcia, donde el aumento del presupuesto familiar destinado a restauración ha subido un 13,6% superando los 2.810. Tras ella, se sitúan Galicia, Navarra, Asturias, Cataluña y Cantabria, todas ellas con cifras de crecimiento de dos dígitos entre el 10 y el 12,5%.

A nivel de provincias, son Lugo, Jaén, Ourense, Valladolid y Sevilla los lugares donde las familias más han incrementado su gasto en comer fuera de casa entre 2016 y 2017. También hubo provincias donde la media descendió, como Guadalajara, donde gastaron un 12,3% menos, Huesca con un 10,8% menos y Albacete donde este gasto se redujo en un 9%.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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