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Las grandes superficies valencianas esperan más de millón y medio de clientes en los primeros días de rebajas

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VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) – Las grandes superficies integradas en la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) esperan recibir a más de 1,5 millones de consumidores durante los primeros días de las rebajas de verano en la Comunitat Valenciana, entre este viernes, 28 de junio, y el domingo 30.

Casi todas las tiendas de la región mantienen su costumbre de iniciar el periodo veraniego de saldos a finales del mes de junio, con más de cuatro millones de productos y descuentos de hasta el 70%. Este año, Castellón se suma a la apertura del domingo del 30 de junio, destaca la entidad en un comunicado.

Se trata de unas rebajas que para Anged deben servir para «reactivar el consumo en el sector» junto a las aperturas en festivos. «El turismo y el comercio son los dos sectores que deben ayudar al impulso de la economía valenciana en los próximos tiempos, como generadores de empleo y locomotoras del resto de sectores», ha reivindicado el portavoz de Anged en la Comunitat, Joaquín Cerveró.

Para conseguirlo, la asociación recuerda que más del 15 % de los productos que venden las grandes superficies valencianas están producidos en la propia Comunitat, algo que «genera empleo estable y potencia el consumo».

Desde el pasado domingo 16, todos los comercios de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de la Comunitat pueden abrir sus puertas los domingos y festivos de manera ininterrumpida: hasta el 15 de septiembre en el caso de zonas las estacionales de las tres provincias y hasta el 12 de enero en las de carácter anual, como en las ciudades de València y Alicante.

En las dos primeras semanas de apertura ininterrumpida, los domingos 16 Y 23 de junio se situaron como el segundo día de más venta en la semana, según el balance de Anged.

De cara a rebajas, los productos más buscados en esta campaña veraniega son todos los relacionados con el equipamiento familiar por la cercanía de las vacaciones: moda, baño, zapatería, complementos, ocio y deporte. También tienen gran demanda los equipamientos para el hogar, como los aparatos de aire acondicionado o la electrónica.

Las grandes superficies garantizan las mismas condiciones que el resto de la temporada en cuanto la calidad de los productos, el servicio al cliente y la atención al consumidor.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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