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Las grandes superficies valencianas esperan más de millón y medio de clientes en los primeros días de rebajas

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VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) – Las grandes superficies integradas en la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) esperan recibir a más de 1,5 millones de consumidores durante los primeros días de las rebajas de verano en la Comunitat Valenciana, entre este viernes, 28 de junio, y el domingo 30.

Casi todas las tiendas de la región mantienen su costumbre de iniciar el periodo veraniego de saldos a finales del mes de junio, con más de cuatro millones de productos y descuentos de hasta el 70%. Este año, Castellón se suma a la apertura del domingo del 30 de junio, destaca la entidad en un comunicado.

Se trata de unas rebajas que para Anged deben servir para «reactivar el consumo en el sector» junto a las aperturas en festivos. «El turismo y el comercio son los dos sectores que deben ayudar al impulso de la economía valenciana en los próximos tiempos, como generadores de empleo y locomotoras del resto de sectores», ha reivindicado el portavoz de Anged en la Comunitat, Joaquín Cerveró.

Para conseguirlo, la asociación recuerda que más del 15 % de los productos que venden las grandes superficies valencianas están producidos en la propia Comunitat, algo que «genera empleo estable y potencia el consumo».

Desde el pasado domingo 16, todos los comercios de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de la Comunitat pueden abrir sus puertas los domingos y festivos de manera ininterrumpida: hasta el 15 de septiembre en el caso de zonas las estacionales de las tres provincias y hasta el 12 de enero en las de carácter anual, como en las ciudades de València y Alicante.

En las dos primeras semanas de apertura ininterrumpida, los domingos 16 Y 23 de junio se situaron como el segundo día de más venta en la semana, según el balance de Anged.

De cara a rebajas, los productos más buscados en esta campaña veraniega son todos los relacionados con el equipamiento familiar por la cercanía de las vacaciones: moda, baño, zapatería, complementos, ocio y deporte. También tienen gran demanda los equipamientos para el hogar, como los aparatos de aire acondicionado o la electrónica.

Las grandes superficies garantizan las mismas condiciones que el resto de la temporada en cuanto la calidad de los productos, el servicio al cliente y la atención al consumidor.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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