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Las lluvias obligan a cortar dos carreteras, y la circulación de Metrovalencia y ferrocarril ha sufrido retrasos

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carreteras cortadas valencia

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) –

Las intensas precipitaciones que han caído este domingo por la madrugada en la Comunitat Valenciana han obligado a cortar dos carreteras, una en Cox (Alicante), y otra en Alzira (Valencia); y en la actualidad, se circula con precaución en varias vías de la red secundaria, ha informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico.

En Cox, el barro que han generado las lluvias ha obligado a cortar la N-340, en el kilómetro 696, en ambos sentidos. El corte se ha producido sobre las 04.00 horas, y a las 11.30 todavía no se había reabierto la circulación.

En Alzira, se ha tenido que cortar la CV-505, que une la ciudad con Sueca, entre los kilómetros 2 y 3 por una inundación que se ha producido en la confluencia con el barranco de la Murta.

La zona de la Ribera y la Costera han sido las más afectadas por los cortes de carreteras, ha apuntado la Diputació de València en su cuenta de Twitter. En diferentes carreteras, es necesario circular con precaución por acumulación de agua.

Estas vías son la CV-510 entre Alzira y Favara; el enlace de la CV-563 en la Llosa de Ranes con la CV-41, y entre la CV-505 y la CV-510, en el término municipal de Alzira. También hay un carril cerrado en la V-31, al principio de la la Pista de Silla.

Asimismo, en Algemesí hay dos pasos inferiores inundados que han obligado a cortar la circulación: el de la CV-525 bajo la A-7, que une la localidad con Alginet; y el de la estación de Cercanías.

CIRCULACIÓN FERROVIARIA
Por esta razón, desde Adif han indicado que los trenes de la línea C-2, que tiene parada en la localidad, solo entrarán por una vía, a la que no es necesario cruzar el paso inferior para acceder.

Además de estos trenes, también circula con precaución el que une Xàtiva (Valencia) y Alcoi (Alicante).

En Metrovalencia, las lluvias han causado retrasos generalizados en toda la red a primeras horas, ha informado la entidad en Twitter. De hecho, antes de las ocho de la mañana, se ha tenido que cortar la circulación entre Picassent y Vilanova de Castelló, aunque se ha restablecido poco después.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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