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Las personas afectadas por un ERTE cobrarán entre el 2 y el 4 de mayo

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Puig remodela Presidencia: Estos son los ceses y nombramientos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Gobierno le ha trasladado que entre el 2 y el 4 de mayo abonará las prestaciones al 80% de las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la Comunitat Valenciana, unas 300.000.

El president, que ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida por videoconferencia con responsables de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ha explicado que la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico va a mantener conversaciones con las entidades bancarias para que el 20% restante de trabajadores y trabajadoras puedan también recibir esta ayuda a principios de mes.

En total, son aproximadamente 300 millones de euros los que se van a a destinar a personas afectadas por ERTE en la Comunitat Valenciana, según ha precisado el president, que ha recordado que la urgencia de dar seguridad a estas familias era una de las reivindicaciones que había trasladado en las reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de responsables de las comunidades autónomas.

Estos pagos permitirán dar «cierta tranquilidad» a los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por estos expedientes de regulación temporal de empleo «en unos momentos tan extraordinariamente difíciles», ha señalado el president, que ha expresado su confianza en que, a partir de junio, la situación esté ya normalizada y los desembolsos se efectúen a principios de mes.

Supresión de trabas burocráticas

El president ha agradecido, por otro lado, la voluntad que le ha manifestado la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) de participar en los acuerdos de recuperación, reconstrucción y renacimiento de la Comunitat, y ha destacado que uno de los elementos que han puesto sobre la mesa, como es la supresión de trabas burocráticas para impulsar la inversión y la economía, será un «vector claro» de estos pactos.

Tal y como ha explicado Puig, las propuestas empresariales se trasladarán a la Mesa de Diálogo Social y se pondrán encima de la mesa para el acuerdo político.

Ximo Puig ha subrayado que la creación de empleo ha sido siempre y lo va seguir siendo «más que nunca» en los próximos meses una «obsesión» para el Consell. Por ello, la Administración «ha de propiciar un marco que facilite las inversiones», de acuerdo con una «alianza social» entre sindicatos y empresariado, ha indicado.

En este sentido, el responsable del Consell ha subrayado que la Generalitat, al igual que el conjunto de administraciones, debe ofrecer «seguridad jurídica y agilidad máxima en todos los ámbitos», con el fin de favorecer la generación de puestos de trabajo. Dentro de este objetivo, entre otras medidas, reforzará el plan Agiliza para facilitar las inversiones.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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