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Las zonas infantiles con más de 4 elementos de juego deberán tener uno accesible para niños de movilidad reducida

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VALÈNCIA, Nov 2018. (EUROPA PRESS) – El decreto de accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos de la Comunitat que ha elaborado la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio establece que las zonas de juego de niños estén protegidas al tráfico de vehículos y que a partir de 4 elementos de juego dispongan de uno accesible para niños de movilidad reducida.

La titular de este departamento, María José Salvador, ha presentado a los miembros de la Mesa por la Accesibilidad el borrador del decreto que desarrolla la ley y recoge nuevas medidas en materia de accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos en el ámbito de la Comunitat, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se trata, según Salvador, de un nuevo marco normativo «muy necesario para garantizar la accesibilidad universal en nuestro territorio» y «aplicar la nueva política pública en materia de vivienda y de urbanismo y poder situar a las personas en el centro del día a día de la gestión».

«No podemos hablar del concepto de equidad habitacional o de accesibilidad universal si no se marcan las prioridades y las medidas claras en la gestión cotidiana», ha señalado para subrayar que, además de garantizar «una vivienda digna, adecuada y asequible a todas las personas», se «deben atender a las necesidades de cada una de ellas mediante la equidad habitacional o a través de programas como UNEIX, programa estratégico de la movilidad, infraestructuras y transporte 2030».

Ha recordado que su departamento, en los últimos tres años, ha desarrollado una serie de guías «con carácter prenormativo que nos han ayudado a redactar este proyecto de decreto que va a permitir hacer frente y resolver los problemas en edificios existentes anteriores a la norma».

OBJETIVOS DEL DECRETO
El borrador ha tratado de armonizar la terminología con la normativa estatal así como la regulación de determinados parámetros. El objetivo es simplificar la normativa para lograr un mejor conocimiento y con ello una aplicación más efectiva.

Además, amplía el ámbito de los espacios que tienen que ser accesibles y, en este sentido, se exigirá que todas las zonas de uso público de cualquier edificio sean accesibles, mientras que en la normativa estatal era a partir de 100 metros cuadrados. También se pide que la señalización sea más concreta con directorios e información sobre las zonas de uso público y los elementos accesibles.

En cuanto al espacio público urbanizado, se han concretado más aspectos, a pesar de que muchos ayuntamientos los hayan regulado a través de las ordenanzas. Entre las medidas que se plantean, por ejemplo, está la de exigir que las zonas de juego de niños estén protegidas al tráfico de vehículos y que a partir de 4 elementos de juego dispongan de uno accesible para niños de movilidad reducida.

También en las playas urbanas se especifica el mobiliario que deben tener o las zonas de sombras y en las calles de uso mixto para peatones y vehículos se exige que el pavimento sea táctil o de botones para identificar mejor las zonas seguras para peatones. En los espacios públicos naturales protegidos también se pedirá un estudio de zonas accesibles.

Por lo que respecta a la nueva edificación, se establecen mayores exigencias que redunden en una mayor calidad de vida como es la condición del número de viviendas a partir de las cuales un edificio debe tener ascensor (a partir de 6 viviendas, en lugar de 12 que se propone a nivel estatal), y se han propuesto mejoras de algunos elementos, como es la señalización, para personas con discapacidad sensorial.

Igualmente, en promociones de viviendas unifamilares se obliga a que aproximadamente el 25% de estas viviendas sean accesibles en la entrada y tengan un dormitorio en planta baja y en las edificaciones existentes se ha tratado de aportar un criterio «más definido y consensuado a la hora de rehabilitar para adaptarlos a la normativa de accesibilidad fijando criterios y límites que, hasta ahora, no se habían especificado».

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Begoña Gómez planta al juez Peinado 

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Begoña Gómez- ARCHIVO EFE

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se presentó este sábado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla (Madrid), donde el magistrado Juan Carlos Peinado la había citado en el marco de la investigación por un presunto delito de malversación. A la comparecencia acudió únicamente su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

Tampoco lo hicieron los otros dos investigados en esta pieza: Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa, señalada por su colaboración en actividades privadas de Gómez, y Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid y antiguo superior de la asesora en Presidencia. En los tres casos, se consideró suficiente la presencia de sus letrados para este trámite procesal.

La Fiscalía pide archivar la causa

Durante la sesión, las acusaciones populares —ejercidas por Hazte Oír, Vox, Manos Limpias e Iustitia Europa— insistieron en que existían indicios de malversación, apoyándose en los correos de Álvarez con la Universidad Complutense relativos a la cátedra de Gómez. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las defensas solicitaron el archivo de la causa al no apreciar pruebas sólidas.

El Ministerio Público fue tajante: no existen indicios de delito, ya que ni Gómez ni su asesora eran responsables de fondos públicos. Los 121 correos analizados, según la Fiscalía, tratan en su mayoría de cuestiones de agenda y no bastan para sostener una acusación de malversación.

La defensa de Gómez recalcó además que ella no es funcionaria y, por tanto, no puede haber cometido este tipo de delito. Subrayó también que no hubo perjuicio económico para la Administración, dado que la asesora desarrollaba funciones propias de su cargo.

Petición de nuevas diligencias

Por parte de las acusaciones, Hazte Oír pidió que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sean citados como testigos. Bolaños ya declaró en su momento sobre la contratación de la asesora, pero ahora la acusación quiere que responda sobre su control posterior en relación con Cristina Álvarez.

El juez Peinado deberá decidir en los próximos días si continúa con el procedimiento o archiva la pieza separada. No obstante, ha advertido que, por la carga de trabajo, su resolución podría demorarse más allá del plazo legal de cinco días.

Un ambiente de protestas en Plaza de Castilla

Mientras se desarrollaba la vista, los alrededores de los juzgados de Plaza de Castilla fueron escenario de protestas convocadas por Hazte Oír. Con pancartas, altavoces y vehículos con mensajes contra Pedro Sánchez y su familia, la organización acusó al presidente de corrupción y exigió la dimisión del Ejecutivo.

El presidente de la entidad, Ignacio Azuaga, confirmó que seguirán manifestándose en todos los lugares a los que acuda Sánchez o sus familiares. Además, recordó que su organización ha desplegado ya pancartas contra el presidente en lugares como Andorra, La Mareta o Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, y que han distribuido 25.000 balconeras con el mismo lema entre simpatizantes.

Un procedimiento con gran impacto político

La ausencia de Begoña Gómez en la citación ha reavivado el debate político y mediático en torno al caso. Sus defensores subrayan que su presencia no era obligatoria y que el trámite quedaba cubierto con la asistencia de su abogado. Las acusaciones, en cambio, recalcan que el caso refleja un uso indebido de recursos públicos vinculados al entorno de La Moncloa.

En cualquier caso, el futuro judicial de Gómez dependerá ahora de la decisión del juez Peinado, que deberá valorar las peticiones de archivo frente a las diligencias solicitadas por las acusaciones populares.

¿Puedes ser jurado en el caso de Begoña Gómez? Consulta si estás en la lista oficial de Madrid

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgado por un jurado popular. Esto ha generado un gran interés mediático y político, ya que se trata de un procedimiento reservado a ciertos delitos, entre ellos el de malversación de caudales públicos, por el que se investiga a Gómez y a otros dos altos cargos del Gobierno.

🔎 ¿Qué es un jurado popular y cómo funciona?

Un jurado popular está compuesto por nueve ciudadanos elegidos al azar, más dos suplentes, que emiten un veredicto de culpabilidad o inocencia. El magistrado presidente es quien dicta sentencia tras el veredicto. Esta figura está regulada por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (1995).

En casos tan mediáticos como este, la imparcialidad del jurado cobra una relevancia especial. Por eso, existe una lista oficial de candidatos a jurado en Madrid para el período 2025-2026. Si vives en Madrid, podrías estar incluido en ella.


¿Estás en la lista de jurado en Madrid?

La lista definitiva de candidatos a jurado popular para la Comunidad de Madrid está ya publicada y será válida hasta 2026. Si tu nombre aparece en ella, puedes ser llamado para participar en casos judiciales, incluido este.

Los ciudadanos incluidos en la lista fueron seleccionados por sorteo público, y están obligados a comparecer, salvo que presenten una justificación válida (por salud, incompatibilidades profesionales, etc.).

CONSULTA AQUÍ EL ISTADO


¿Por qué será juzgada Begoña Gómez?

El caso que podría llegar a juicio con jurado popular se centra en una acusación de malversación por el presunto uso indebido de recursos públicos para el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Además de Gómez, están investigados:

  • Cristina Álvarez (asesora en Moncloa)

  • Francisco Martín Aguirre (delegado del Gobierno en Madrid)

Según el auto judicial, existen «indicios racionales, fundados y sólidos» de que se habrían cometido hechos delictivos. El juez considera que se cumple el criterio de verosimilitud necesario para avanzar a la fase de enjuiciamiento.

Los acusados deben acudir a los juzgados de Plaza de Castilla este sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas para una comparecencia previa, paso requerido en los procesos con jurado.


¿Cómo se garantiza la imparcialidad del jurado?

Uno de los grandes debates es cómo asegurar que los miembros del jurado no se vean influenciados por el impacto mediático del caso. La ley establece filtros durante la selección, como:

  • Incompatibilidades (cargos políticos, jueces, abogados, etc.)

  • Conexiones personales con los acusados o los hechos

  • Interés particular en la causa

Además, los miembros del jurado prestan juramento de imparcialidad y reciben instrucciones estrictas sobre su papel.


En resumen

  • El juicio a Begoña Gómez podría celebrarse con jurado popular.

  • La lista oficial de jurados en Madrid ya está disponible hasta 2026.

  • Podrías ser llamado si estás en esa lista.

  • El caso se refiere a un presunto delito de malversación pública.

  • Los acusados comparecen este sábado ante el juez.

 

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