La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha presentado en Les Corts Valencianes el proyecto de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida, el primer texto normativo que específicamente regula esta materia en la Comunitat Valenciana.

El texto, que fue aprobado por el Consell el pasado mes de diciembre, inicia ahora la tramitación parlamentaria, tras una etapa de amplio debate y participación que incluyó las propuestas de una veintena de expertos, así como las aportaciones la ciudadanía, colegios profesionales, sociedades científicas, asociaciones y organizaciones sindicales.

La Comunitat Valenciana se suma así a otras autonomías -Andalucía, Aragón, Canarias, Navarra, Galicia, Baleares, País Vasco y Madrid-, con una ley cuyo objetivo es «regular el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso final de su vida, para garantizar el respeto a su dignidad y autonomía, a la expresión de sus deseos y valores, y a velar por la calidad de su vida durante ese proceso, dentro del marco legal», en palabras de Carmen Montón.

La ley, que garantiza el principio de seguridad jurídica, propone consolidar el derecho a morir con dignidad como derecho de ciudadanía y contempla que el paciente pueda planificar con detalle el final de su vida, con el asesoramiento profesional que necesite.

A juicio de la titular de Sanidad, «facilitar la posibilidad de morir sin sufrimiento y en paz a quien así lo haya decidido, en el ejercicio de su libertad individual, es un requisito irrenunciable».

Por ello la ley habla de respetar el lugar que se elija para morir, ya sea el hospital -con la garantía de disponer de habitación individual- o el domicilio particular -con el acompañamiento del personal sanitario-. Con consuelo espiritual si se precisa y escogiendo el tipo de cuidados sanitarios cuando la situación sea irreversible.

SEGURIDAD PARA LOS PROFESIONALES
La ley no solo garantiza la dignidad de la persona en el proceso final de la vida, sino que da respuesta a las situaciones de inseguridad que se generan en el entorno del personal sanitario que ha de adoptar las decisiones correspondientes. Así, el texto recoge los deberes que ha de cumplir el personal de los centros sanitarios y sociales, públicos y privados, así como las aseguradoras.

Como ejemplo, el personal sanitario deberá dejar constancia del proceso en la historia clínica y respetar las decisiones del paciente, ya se expresen estas a través del consentimiento informado o en instrucciones previas.

Con especial atención se abordan los deberes del personal sanitario respecto de la limitación de las medidas de soporte vital. Como ha explicado Carmen Montón, «se busca evitar la llamada obstinación terapéutica y decidir la retirada o no de estas medidas de manera consensuada entre el equipo asistencial, la persona enferma y sus representantes».

«Los cuidados en la atención de las personas al final de la vida no acortan ni prolongan la vida, sino que adecuan el tratamiento al objetivo primero y principal de aliviar el sufrimiento», ha añadido.

La consellera ha subrayado que este proyecto de ley, que también atiende las necesidades específicas de las personas en situación de incapacidad y los menores de edad, «no trata, en absoluto, de regular la eutanasia o el suicidio asistido» y contempla la posibilidad de acudir a los comités de bioética para clarificar y resolver conflictos de valores.

Tras asegurar que «no podemos considerar que una vida es digna si no tenemos la posibilidad de morir con dignidad», la consellera ha finalizado su intervención subrayando que esta nueva ley garantizará el respeto de los valores éticos de la persona al final de la vida, a través de las voluntades anticipadas y la planificación anticipada de decisiones.

Por último, ha destacado que supone un gran avance en la atención integral paliativa, al garantizar la formación en cuidados paliativos de todo el personal implicado en la atención al paciente al final de la vida.