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PP y Vox aprueban la Ley de Concordia valenciana que sustituye a la de Memoria Democrática

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Ley de Concordia valenciana
Vista general del pleno de Les Corts Valencianes que ha aprobado con los votos del PP y Vox la denominada Ley de Concordia, tras el debate celebrado este miércoles sobre el texto que sustituye a la Ley de Memoria Democrática. EFE/Biel Aliño

València, 11 jul (OFFICIAL PRESS-EFE).- El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV-PSOE y Compromís, la denominada Ley de Concordia, que sustituye a la Ley de Memoria Democrática y para la Convicencia de 2017.

Al finalizar la votación, los diputados del grupo socialista ha mostrado una pancarta en la que se podía leer » veritat, justícia, reparació» (verdad, justicia, reparación), mientras que los parlamentarios de Compromís han enseñado libros relacionados con la memoria democrática.

La nueva norma fue debatida este miércoles por el pleno de Les Corts entre enfrentamientos de los diferentes grupos parlamentarios que expusieron visiones de la Historia opuestas para argumentar su posición de voto.

Ley de Concordia valenciana

La ley de Concordia abarca desde 1931 hasta la actualidad: la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico, mientras que la hasta ahora vigente se refería a las víctimas de la Guerra civil y el franquismo.

Según sus impulsores, la nueva norma supone «la reconciliación frente al odio» y restaura «por igual los derechos de todas las víctimas independientemente de qué manos y dónde fueron asesinadas», mientras que para PSPV y Compromís deroga «una ley cargada de derechos de la ciudadanía» y quiere «igualar dictadura con democracia».

Formada por 5 artículos, deroga la ley de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana de 2017 (de 65 artículos) y disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática.

La ley aprobada crea la ‘Unidad de Concordia’; establece que la Generalitat elaborará un ‘Catálogo de vestigios’ y habla de ‘lugares de concordia’, donde han ocurrido «hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva».

Los procedimientos iniciados por la ley de 2017 que no se hayan concluido decaerán de forma automática con la entrada en vigor de la nueva, menos los procesos de exhumación.

Las leyes de Transparencia y de Incompatibilidades

Igualmente, PP y Vox han aprobado, con los votos en contra de PSPV-PSOE y Compromís, una proposición de ley que introduce modificaciones en las leyes de Transparencia e Incompatibilidades y buen gobierno de 2022 y la de Incompatibilidades de cargos

Formada por 16 artículos, modifica la publicidad de las declaraciones de renta y de actividades de los cargos públicos -se publicará «un extracto»- y excluye de la obligación de publicar las agendas completas de los cargos públicos con los actos que son «mera actividad interna» o las reuniones «necesarias para la mera ejecución de contratos o convenios».

Asimismo introduce la posibilidad de que los cargos públicos pertenezcan a un consejo de administración «de una entidad no pública» y añade una fórmula para desbloquear la renovación del Consell de Transparencia: si en dos meses desde la primera votación no logra los 3/5 de las Cortes, bastará con mayoría absoluta.

El presidente de la Generalitat tendrá que presentar en su primer año un Plan de gobierno (ahora es en el primer semestre) y se introduce que a los tres años pedirá a Les Corts que se pronuncien sobre su cumplimiento.

Sun impulsores, PP y Vox, justifican los cambios en que hay que garantizar que haya más transparencia y control mientras que la oposición considera que elimina la transparencia que introdujo el gobierno del Botànic y avanza en la opacidad.

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Valencia

Nueva bronca entre Grezzi y Catalá en el pleno tras mostrar un cártel de Mazón dando un beso a la alcaldesa 

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Polémica pleno
Imagen del edil de Compromís en el Ayuntamiento de València Giuseppe Grezzi con el cartel alusivo a la dana que Catalá le ha exigido retirar del atril colgado de su camisa. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) – El pleno del Ayuntamiento de València celebrado este martes, el ordinario de noviembre, ha vuelto a registrar un momento de tensión entre la alcaldesa, María José Catalá (PP), y el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi por la exhibición del mismo cartel alusivo a la dana y con una imagen de la primera edil recibiendo un beso del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, que les llevó a tener un enfrentamiento en la sesión plenaria de octubre.

El contexto de la polémica y el cartel de la dana

Grezzi, que el pasado mes colgó ese póster del atril del hemiciclo cuando comenzó su intervención en un punto referido a las tarifas de la EMT, ha vuelto a mostrarlo este martes al tomar la palabra durante el debate de una moción sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Junto a la fotografía de Catalá y Mazón, en este cartel se observa la hora en la que se recibió el mensaje de alerta el 29O y la frase: “Ni oblit ni perdó”.

Catalá, como hizo en el pleno de octubre, ha pedido a Grezzi que retirara del atril esa imagen y el concejal, como hizo hace un mes, se ha negado y ha vuelto a decir a la alcaldesa que el reglamento del pleno no le impedía mostrarlo y que lo amparaba.

El informe del secretario: la clave del giro en el debate

En ese momento, la alcaldesa, que ha llamado dos veces al orden al representante de Compromís para que quitara su póster, ha intervenido para indicarle que tenía el informe que solicitó al secretario del consistorio tras lo ocurrido en el pasado pleno con el fin de saber si se podían mostrar desde la tribuna carteles como el que mostró entonces y ha exhibido ahora este concejal.

María José Catalá ha destacado que ese documento precisa que no es posible colocar cartelería. “Dadas las dudas que se generaron en el anterior pleno, esta presidencia solicitó a la secretaría general un informe correspondiente al uso de cartelería en la tribuna, que es de todos, no del que habla”, ha expuesto la primera edil, que ha subrayado que tenía ese documento y que lo podía mostrar.

La alcaldesa insiste: la tribuna “no es suya”

“Dice claramente que usted no puede poner cartelería en esa tribuna porque no es suya. Tanto la tribuna desde la que habla, como la bancada –de cada grupo–, es de la corporación y del salón de plenos del Ayuntamiento. No se utiliza para cada uno de ustedes. Si a los vecinos que acuden de público a este pleno del Ayuntamiento no se les permite poner catelería, ¿por qué ustedes se creen con el derecho de hacerlo?”, ha dicho a Grezzi.

Asimismo, María José Catalá ha mostrado su voluntad de ponerlo a disposición de “todos los portavoces” de los grupos municipales. La portavoz de Compromís, Papi Robles, se ha levantado de su escaño y se ha situado junto a su compañero de partido en el atril para defender su postura y pedir a Catalá que “de manera inmediata” facilitara ese informe. La alcaldesa ha accedido a esa petición y ha ordenado un receso de unos minutos para hacer llegar el documento a los portavoces de cada grupo.

Grezzi retira el póster del atril, pero no deja de mostrarlo

Tras ese receso, se ha reanudado la sesión y Giuseppe Grezzi ha seguido interviniendo pero sin el cartel en el atril. El concejal lo ha quitado de la tribuna y se lo ha colgado en la camisa, para seguir exhibiéndolo mientras hablaba. “Su amistad con Mazón no se acaba si yo quito el cartel. Usted lo único que ha demostrado es su autoritarismo, porque quiere gestionar este pleno en función de sus intereses”, ha señalado a la responsable municipal.

El informe del secretario: la cartelería debe ser autorizada

En su informe, el secretario general de la corporación y del pleno indica que “la instalación o colocación de banderas, de cualquier tipo, no puede hacerse por la vía de hecho, sino que debe ser autorizada por el órgano competente, en el caso del hemiciclo la presidencia del pleno, y en el caso de los edificios, la Alcaldía o el órgano delegado por ella”.

Así, sostiene que este “deberá tener en cuenta los pronunciamientos judiciales y el lugar donde se pretende colocar” la cartelería o cualquier otro elemento.

“En conclusión, el derecho a la libertad de expresión, ni el ius in officium, no incluye el derecho a colgar estos elementos en el atril institucional del orador que esté en uso de la palabra, ni en los espacios o elementos comunes del hemiciclo”, precisa el secretario en el documento.

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