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Valencia

PP y Vox aprueban la Ley de Concordia valenciana que sustituye a la de Memoria Democrática

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Ley de Concordia valenciana
Vista general del pleno de Les Corts Valencianes que ha aprobado con los votos del PP y Vox la denominada Ley de Concordia, tras el debate celebrado este miércoles sobre el texto que sustituye a la Ley de Memoria Democrática. EFE/Biel Aliño

València, 11 jul (OFFICIAL PRESS-EFE).- El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV-PSOE y Compromís, la denominada Ley de Concordia, que sustituye a la Ley de Memoria Democrática y para la Convicencia de 2017.

Al finalizar la votación, los diputados del grupo socialista ha mostrado una pancarta en la que se podía leer » veritat, justícia, reparació» (verdad, justicia, reparación), mientras que los parlamentarios de Compromís han enseñado libros relacionados con la memoria democrática.

La nueva norma fue debatida este miércoles por el pleno de Les Corts entre enfrentamientos de los diferentes grupos parlamentarios que expusieron visiones de la Historia opuestas para argumentar su posición de voto.

Ley de Concordia valenciana

La ley de Concordia abarca desde 1931 hasta la actualidad: la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico, mientras que la hasta ahora vigente se refería a las víctimas de la Guerra civil y el franquismo.

Según sus impulsores, la nueva norma supone «la reconciliación frente al odio» y restaura «por igual los derechos de todas las víctimas independientemente de qué manos y dónde fueron asesinadas», mientras que para PSPV y Compromís deroga «una ley cargada de derechos de la ciudadanía» y quiere «igualar dictadura con democracia».

Formada por 5 artículos, deroga la ley de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana de 2017 (de 65 artículos) y disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática.

La ley aprobada crea la ‘Unidad de Concordia’; establece que la Generalitat elaborará un ‘Catálogo de vestigios’ y habla de ‘lugares de concordia’, donde han ocurrido «hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva».

Los procedimientos iniciados por la ley de 2017 que no se hayan concluido decaerán de forma automática con la entrada en vigor de la nueva, menos los procesos de exhumación.

Las leyes de Transparencia y de Incompatibilidades

Igualmente, PP y Vox han aprobado, con los votos en contra de PSPV-PSOE y Compromís, una proposición de ley que introduce modificaciones en las leyes de Transparencia e Incompatibilidades y buen gobierno de 2022 y la de Incompatibilidades de cargos

Formada por 16 artículos, modifica la publicidad de las declaraciones de renta y de actividades de los cargos públicos -se publicará «un extracto»- y excluye de la obligación de publicar las agendas completas de los cargos públicos con los actos que son «mera actividad interna» o las reuniones «necesarias para la mera ejecución de contratos o convenios».

Asimismo introduce la posibilidad de que los cargos públicos pertenezcan a un consejo de administración «de una entidad no pública» y añade una fórmula para desbloquear la renovación del Consell de Transparencia: si en dos meses desde la primera votación no logra los 3/5 de las Cortes, bastará con mayoría absoluta.

El presidente de la Generalitat tendrá que presentar en su primer año un Plan de gobierno (ahora es en el primer semestre) y se introduce que a los tres años pedirá a Les Corts que se pronuncien sobre su cumplimiento.

Sun impulsores, PP y Vox, justifican los cambios en que hay que garantizar que haya más transparencia y control mientras que la oposición considera que elimina la transparencia que introdujo el gobierno del Botànic y avanza en la opacidad.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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