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Valencia

PP y Vox aprueban la Ley de Concordia valenciana que sustituye a la de Memoria Democrática

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Ley de Concordia valenciana
Vista general del pleno de Les Corts Valencianes que ha aprobado con los votos del PP y Vox la denominada Ley de Concordia, tras el debate celebrado este miércoles sobre el texto que sustituye a la Ley de Memoria Democrática. EFE/Biel Aliño

València, 11 jul (OFFICIAL PRESS-EFE).- El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV-PSOE y Compromís, la denominada Ley de Concordia, que sustituye a la Ley de Memoria Democrática y para la Convicencia de 2017.

Al finalizar la votación, los diputados del grupo socialista ha mostrado una pancarta en la que se podía leer » veritat, justícia, reparació» (verdad, justicia, reparación), mientras que los parlamentarios de Compromís han enseñado libros relacionados con la memoria democrática.

La nueva norma fue debatida este miércoles por el pleno de Les Corts entre enfrentamientos de los diferentes grupos parlamentarios que expusieron visiones de la Historia opuestas para argumentar su posición de voto.

Ley de Concordia valenciana

La ley de Concordia abarca desde 1931 hasta la actualidad: la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico, mientras que la hasta ahora vigente se refería a las víctimas de la Guerra civil y el franquismo.

Según sus impulsores, la nueva norma supone «la reconciliación frente al odio» y restaura «por igual los derechos de todas las víctimas independientemente de qué manos y dónde fueron asesinadas», mientras que para PSPV y Compromís deroga «una ley cargada de derechos de la ciudadanía» y quiere «igualar dictadura con democracia».

Formada por 5 artículos, deroga la ley de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana de 2017 (de 65 artículos) y disuelve todos los organismos públicos derivados de ella, como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática.

La ley aprobada crea la ‘Unidad de Concordia’; establece que la Generalitat elaborará un ‘Catálogo de vestigios’ y habla de ‘lugares de concordia’, donde han ocurrido «hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva».

Los procedimientos iniciados por la ley de 2017 que no se hayan concluido decaerán de forma automática con la entrada en vigor de la nueva, menos los procesos de exhumación.

Las leyes de Transparencia y de Incompatibilidades

Igualmente, PP y Vox han aprobado, con los votos en contra de PSPV-PSOE y Compromís, una proposición de ley que introduce modificaciones en las leyes de Transparencia e Incompatibilidades y buen gobierno de 2022 y la de Incompatibilidades de cargos

Formada por 16 artículos, modifica la publicidad de las declaraciones de renta y de actividades de los cargos públicos -se publicará «un extracto»- y excluye de la obligación de publicar las agendas completas de los cargos públicos con los actos que son «mera actividad interna» o las reuniones «necesarias para la mera ejecución de contratos o convenios».

Asimismo introduce la posibilidad de que los cargos públicos pertenezcan a un consejo de administración «de una entidad no pública» y añade una fórmula para desbloquear la renovación del Consell de Transparencia: si en dos meses desde la primera votación no logra los 3/5 de las Cortes, bastará con mayoría absoluta.

El presidente de la Generalitat tendrá que presentar en su primer año un Plan de gobierno (ahora es en el primer semestre) y se introduce que a los tres años pedirá a Les Corts que se pronuncien sobre su cumplimiento.

Sun impulsores, PP y Vox, justifican los cambios en que hay que garantizar que haya más transparencia y control mientras que la oposición considera que elimina la transparencia que introdujo el gobierno del Botànic y avanza en la opacidad.

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Sucesos

Indemnizan con 225.000 € a la familia de una paciente fallecida tras 36 horas en Urgencias del Hospital General de València

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indemnización hospital general pancreatitis

La Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años fallecida por pancreatitis aguda después de pasar 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica adecuada.

El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación de la asociación El Defensor del Paciente, cuyos abogados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre presentaron la reclamación patrimonial contra la sanidad pública por negligencia médica.

Cronología de los hechos

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias del Hospital General de València por dolor abdominal intenso, vómitos y sensación de hinchazón. Tras una primera exploración y ecografía abdominal, se diagnosticó pancreatitis aguda biliar y se solicitó su ingreso en hospitalización.

Sin embargo, no había camas disponibles, por lo que la paciente permaneció en un box de Urgencias durante 36 horas, esperando atención médica. Durante ese tiempo, no se registraron constantes vitales ni se realizaron controles ni analíticas. Finalmente, la mujer falleció sin recibir tratamiento, según señalan los informes.

Pancreatitis aguda: un riesgo grave

La pancreatitis puede presentarse de forma leve, con evolución favorable, o grave, con inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo orgánico múltiple, cuya mortalidad puede superar el 30%.

Los expertos subrayan que en los casos graves se requiere vigilancia intensiva y tratamiento inmediato. La ausencia de monitoreo y atención en Urgencias del Hospital General de València contribuyó directamente a la muerte de la paciente, según la asociación.

Declaraciones de la asociación

La asociación El Defensor del Paciente critica la inacción del personal sanitario, calificándola de «evitable» y de un incumplimiento del mínimo de atención esperado en cualquier hospital. La paciente quedó «privada de la posibilidad de un tratamiento que podría haber salvado su vida», añaden.

Indemnización y acuerdo

El seguro de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario cubrirán 225.000 euros en concepto de indemnización por negligencia médica, poniendo fin al procedimiento administrativo iniciado por los familiares de la fallecida.

 

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