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Consulta el listado de los 215 colegios que han aprobado implantar la jornada continua

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Un total de 215 centros educativos han aprobado en las consultas realizadas el pasado 4 abril modificar el horario escolar e implantar la jornada continua en el próximo curso 2017-2018, según datos facilitados por la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte con el 100% de los centros escrutados de los 325 que convocaron las votaciones en la Comunitat.

Tras las votaciones, las familias de 215 centros educativos han votado a favor del cambio, lo que supone un 66,15%, mientras que el no se daba en otros 110 colegios con el 33,85% de los votos.

Por provincias, en Alicante, de los 95 colegios consultados hasta 80 centros implantarán la jornada continua, mientras que en Castellón serán 30 de 67 y en Valencia 115 de los 162 convocados.

La participación en el conjunto del territorio valenciano ha sido del 75,41% del censo de madres y padres convocados para esta consulta. En las comarcas de Alicante, la participación ha sido de 31.862 madres y padres, un 77,02%; en las de Castellón han participado 22.871 personas, el 75,40%; y en las de València, 53.495, un 74,48%.

No obstante desde la Conselleria de Educación señalan que se trata de datos provisionales dado que se pueden presentar reclamaciones. Se inicia el período para presentar recursos de alzada y tendrá el plazo de un mes, tal y como figura en la orden que regula la jornada escolar en el punto 13 del artículo 8. De esta manera, cualquier parte de la comunidad educativa de cada centro que considere que ha habido alguna anomalía en el proceso de votaciones podrá hacer llegar el escrito a su dirección territorial de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Alicante, Castellón y València.

Una vez conocidos los resultados definitivos y dados los posibles recursos de alzada, el director general de Política Educativa dictará, antes del período de matriculación para el próximo curso, la autorización o no definitiva del cambio de jornada escolar.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se realizará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

Consulta aquí el listado por provincias de los centros educativos que han decidido implantar la jornada continua y los que no.

salacadula

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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