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Consulta el listado de los 215 colegios que han aprobado implantar la jornada continua

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Un total de 215 centros educativos han aprobado en las consultas realizadas el pasado 4 abril modificar el horario escolar e implantar la jornada continua en el próximo curso 2017-2018, según datos facilitados por la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte con el 100% de los centros escrutados de los 325 que convocaron las votaciones en la Comunitat.

Tras las votaciones, las familias de 215 centros educativos han votado a favor del cambio, lo que supone un 66,15%, mientras que el no se daba en otros 110 colegios con el 33,85% de los votos.

Por provincias, en Alicante, de los 95 colegios consultados hasta 80 centros implantarán la jornada continua, mientras que en Castellón serán 30 de 67 y en Valencia 115 de los 162 convocados.

La participación en el conjunto del territorio valenciano ha sido del 75,41% del censo de madres y padres convocados para esta consulta. En las comarcas de Alicante, la participación ha sido de 31.862 madres y padres, un 77,02%; en las de Castellón han participado 22.871 personas, el 75,40%; y en las de València, 53.495, un 74,48%.

No obstante desde la Conselleria de Educación señalan que se trata de datos provisionales dado que se pueden presentar reclamaciones. Se inicia el período para presentar recursos de alzada y tendrá el plazo de un mes, tal y como figura en la orden que regula la jornada escolar en el punto 13 del artículo 8. De esta manera, cualquier parte de la comunidad educativa de cada centro que considere que ha habido alguna anomalía en el proceso de votaciones podrá hacer llegar el escrito a su dirección territorial de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Alicante, Castellón y València.

Una vez conocidos los resultados definitivos y dados los posibles recursos de alzada, el director general de Política Educativa dictará, antes del período de matriculación para el próximo curso, la autorización o no definitiva del cambio de jornada escolar.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se realizará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

Consulta aquí el listado por provincias de los centros educativos que han decidido implantar la jornada continua y los que no.

salacadula

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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