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Los 600 inmigrantes del Aquarius llegarán al puerto de València este domingo

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Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) – La flota de tres barcos que transporta a los más de 600 pasajeros del Aquarius llegará de manera escalonada, previsiblemente el domingo, al puerto de València para que dé tiempo a una recepción «respetuosa y acogedora» y una atención física, psicológica y jurídica adecuada. Además, se atenderán las necesidades de cada uno de los pasajeros de manera individualizada atendiendo a sus circunstancias personales.

Así lo han señalado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tras mantener una reunión para coordinar la llegada del buque Aquarius al puerto de la capital valenciana, en la que también ha participado la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Según ha explicado Calvo, los barcos llegarán «seguramente a la zona de cruceros» del recinto portuario, aunque esta es una decisión que corresponde a los técnicos, no a políticos, y lo harán con dos o tres horas de decalaje entre cada una de las embarcaciones para garantizar una recepción «acogedora».

Tras agradecer la colaboración de la Generalitat «desde el minuto 1», ha explicado que había que responder a esta «crisis humanitaria» con 600 personas «sin posibilidad de llegar a ningún puerto seguro» y en una situación «de completa incertidumbre y penurias».

«Somos un país acostumbrado a responder con solvencia ante estas situaciones», ha dicho, resaltando que la española es «una democracia garantista» que respeta los derechos humanos y un país avanzado en las políticas sociales de refugio y ayuda.

Ha señalado que esta situación «concierne a Europa» porque el puerto valenciano es también frontera, pero España ha respondido «como no podía ser de otra manera». Asimismo, ha negado que este sea «un problema entre España e Italia», sino que «es un problema de España consigo misma y de la consideración que debemos cumplir por ser europeos».

Una vez atraquen los barcos, se proporcionarán las primeras atenciones sanitarias, que competen a Sanidad Exterior, y posteriormente actuará la sanidad valenciana, que «está preparada» para la operación.

En una segunda fase se atenderá de manera individualizada a cada una de estas personas para ver cuál es su situación jurídica, atender a las peticiones de asilo y prestando especialmente a la situación de los menores –especialmente los no acompañados–, que podrían haber sido víctimas de delitos como el tráfico de menores, y a las mujeres posibles víctimas de la trata con fines de explotación sexual.

Calvo ha detallado que el Ministerio del Interior tiene una oficina específica para abordar esta cuestión y un protocolo, con una entrevista personal, para evaluar cada situación y ver si la persona reúne las condiciones para considerarse refugiado.

Posteriormente, corresponde al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social abordar los ofrecimientos de las distintas comunidades para ayudar y acoger a estas personas. En este punto, Calvo ha destacado la predisposición también a ayudar por parte de organizaciones como Cruz Roja, Médicos sin Fronteras o ACNUR, entre otras.

Para coordinar la operación se ha creado un comité de seguimiento del que forman parte los ministerios implicados y el titular de Fomento, José Luis Ábalos, como responsable de los puertos estatales y de Salvamento Marítimo, «estará en suelo valenciano atento» y seguirá de cerca la operación.

La vicepresidenta ha señalado que la recepción de estas personas tiene que ser «respetuosa, eficiente, tranquila y plenamente solidaria» y, preguntada sobre si esto supone que no debe haber políticos, ha respondido: «Sí, exactamente». Ha agregado que las instituciones están haciendo su trabajo en reuniones como esta pero después serán los expertos los que deben decidir.

PERMISO DE TRES MESES
Los 630 migrantes rescatados por el Aquarius y que viajan hacia València entrarán en el país invitados por el Gobierno español por razones humanitarias y contará con un permiso inicial de estancia de 90 días, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del operativo. No obstante, no se descarta que, una vez identificados, algunos de ellos sí vayan a Centros de Internamiento (CIE) para ser devueltos, en el caso, por ejemplo, de que tengan antecedentes penales o prohibida la entrada en el territorio.

En todo caso, las mismas fuentes explican que el hecho de estar en el Aquarius se considera una circunstancia especial para todos ellos, independientemente de su nacionalidad o historia personal. En total, viajan personas de 26 nacionalidades diferentes. Una vez que lleguen a España, serán identificados y ubicados en espacios de acogida de ONG y ayuntamientos, salvo aquellos que sean internados en los CIE.

Pasado este periodo inicial de tres meses, en los casos de aquellos que no cumplan ningún requisito para poder residir en España, se abrirán los procedimientos correspondientes para ser devueltos.

Durante esos noventa días, se estudiará cada caso. Los migrantes que sean aceptados como solicitantes de asilo pueden ser sujetos de protección internacional (refugiados) o protección subsidiaria (huidos de conflictos). En caso de que no puedan ser acogidos en el sistema de asilo, se puede plantear un permiso de residencia por razones humanitarias.

Según las fuentes consultadas, el procedimiento adoptado está recogido en el Código de Fronteras Schengen, que permite a los estados miembro, por razones excepcionales de carácter humanitario, interés nacional o compromiso internacional, autorizar la entrada en su territorio de personas a pesar de que no reúnan los requisitos de entrada.

EL FUTURO DE LOS MIGRANTES
Preguntada sobre cuál será el futuro de estas personas una vez pisen suelo español y qué pasará con quienes no consigan la consideración de refugiados, Calvo ha explicado que se va a actuar «con los protocolos establecidos» de acuerdo a la legislación española y habrá que atender «a qué personas piden asilo» y los condicionantes por los que se otorga, lo que se evaluará con entrevistas personales.

Ante la pregunta de si irán a los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), ha señalado que «unos irán a los centros de extranjeros, otros irán a centros de ayuda humanitaria y políticas sociales» y los menores «en principio se quedan en València» por la necesidad de identificación y comprobación de edad y de circunstancias en las que llegan.

ACCIÓN «SIN PRECEDENTES»
Por su parte, el presidente de la Generalitat ha calificado esta operación como «una acción de solidaridad sin precedentes», ha agradecido el ofrecimiento de «miles y miles de personas, entidades, sociedades cívicas y religiosas» a prestar apoyo, y ha destacado que «lo primero son las personas que van a bordo de estos barcos» y que «puedan tener un destino y, finalmente, un proyecto de vida».

«Hemos dado un gran ejemplo», ha dicho, mostrando a una Comunitat Valenciana «abierta, solidaria y hospitalaria» y ha manifestado su deseo de que la ayuda que presta España sea «una referencia en el mundo» en materia de derechos y libertades, porque así debe enfocarse la nueva política europea de inmigración.

PRESERVAR LA INTIMIDAD
Sobre los lugares que se habilitarán para recibir a estas personas tras su llegada, ha indicado que están preparados, pero no ha querido concretar, por ejemplo, dónde se alojará a los menores, cuestión en la que ha coincidido con Calvo, quien ha dicho: «No podemos decir a dónde van a ir, hay que preservar sus derechos de intimidad y tranquilidad».

Puig ha pedido, así, preservar esa intimidad tanto por parte de los políticos como de los medios de comunicación, porque «lo importante son las personas», y ha señalado: «La sobriedad es la respuesta».

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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