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Valencia

Los enfermeros también denuncian a Sanitat por la falta de medios y el alto número de contagios

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Los enfermeros también denuncian a Sanitat por la falta de medios y el alto número de contagios
València, 27 ene (EFE).- El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la Conselleria de Sanidad por el alto número de contagios y re-contagios que se han producido este mes de enero entre el personal sanitario.

El sindicato considera que la Conselleria no está aplicando todas las medidas de prevención de riesgos laborales a su alcance para atajar las infecciones de los casi 66.000 trabajadores sanitarios y, especialmente, de las enfermeras, categoría que acumula el mayor número de profesionales infectados -de los 17.150 profesionales contagiados en toda la pandemia, 6.099 son enfermeras (el 35%)-.

En su denuncia, SATSE argumenta que en las últimas 10 semanas (del 18 de noviembre del 2021 al 20 de enero de 2022), se han producido 6.040 contagios de profesionales sanitarios -es decir, el 35% de las infecciones de profesionales desde el inicio de la pandemia-, de los que 2.248 corresponden a enfermeras -es decir, el 37% de las infecciones de enfermeras en esta 6º ola-.

Solamente en la semana del 14 al 20 de enero, se han infectado o re-infectado 1.722 profesionales, de los que 661 son enfermeras, han informado fuentes de SATSE.

El sindicato hace hincapié también en algunas deficiencias en el funcionamiento de los centros sanitarios que ponen en riesgo la salud de los trabajadores como el protocolo obsoleto en los equipos de protección individual, ya que, en contra de la OMS y del Ministerio, la Conselleria de Sanidad mantiene la mascarilla quirúrgica como opción cuando no hay contacto con pacientes contagiados.

Frente a esta actitud, la Conselleria de Educación y el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria IVASS solo proporcionan FFP2 a sus trabajadores.

Indican también que las consultas y salas de enfermería de los centros de salud, de las Consultas Externas, de los centros de especialidades y de los hospitales no cuentan, en gran número de casos, con medidas de ventilación y renovación adecuada de aire.

Según SATSE, en los accesos a los centros de salud, centros de especialidades y a las Consultas Externas no se solicita habitualmente el pasaporte Covid a pacientes y acompañantes. Tampoco se realizan pruebas PCR a quienes ingresan por patologías no Covid (solo a quien ingresa por intervención quirúrgica).

Por todo ello, el sindicato ha solicitado a la Inspección de Trabajo que requiera a la Conselleria de Sanidad para que establezca medidas como mayor control de acceso a centros sanitarios, modificación del protocolo para garantizar la dotación de mascarilla FFP2 a los profesionales en cualquier ámbito sanitario e instalación de aparatos portátiles con filtros HEPA en espacios cerrados y mal ventilados de los centros sanitarios.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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