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Valencia

Los enfermeros también denuncian a Sanitat por la falta de medios y el alto número de contagios

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Los enfermeros también denuncian a Sanitat por la falta de medios y el alto número de contagios
València, 27 ene (EFE).- El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra la Conselleria de Sanidad por el alto número de contagios y re-contagios que se han producido este mes de enero entre el personal sanitario.

El sindicato considera que la Conselleria no está aplicando todas las medidas de prevención de riesgos laborales a su alcance para atajar las infecciones de los casi 66.000 trabajadores sanitarios y, especialmente, de las enfermeras, categoría que acumula el mayor número de profesionales infectados -de los 17.150 profesionales contagiados en toda la pandemia, 6.099 son enfermeras (el 35%)-.

En su denuncia, SATSE argumenta que en las últimas 10 semanas (del 18 de noviembre del 2021 al 20 de enero de 2022), se han producido 6.040 contagios de profesionales sanitarios -es decir, el 35% de las infecciones de profesionales desde el inicio de la pandemia-, de los que 2.248 corresponden a enfermeras -es decir, el 37% de las infecciones de enfermeras en esta 6º ola-.

Solamente en la semana del 14 al 20 de enero, se han infectado o re-infectado 1.722 profesionales, de los que 661 son enfermeras, han informado fuentes de SATSE.

El sindicato hace hincapié también en algunas deficiencias en el funcionamiento de los centros sanitarios que ponen en riesgo la salud de los trabajadores como el protocolo obsoleto en los equipos de protección individual, ya que, en contra de la OMS y del Ministerio, la Conselleria de Sanidad mantiene la mascarilla quirúrgica como opción cuando no hay contacto con pacientes contagiados.

Frente a esta actitud, la Conselleria de Educación y el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria IVASS solo proporcionan FFP2 a sus trabajadores.

Indican también que las consultas y salas de enfermería de los centros de salud, de las Consultas Externas, de los centros de especialidades y de los hospitales no cuentan, en gran número de casos, con medidas de ventilación y renovación adecuada de aire.

Según SATSE, en los accesos a los centros de salud, centros de especialidades y a las Consultas Externas no se solicita habitualmente el pasaporte Covid a pacientes y acompañantes. Tampoco se realizan pruebas PCR a quienes ingresan por patologías no Covid (solo a quien ingresa por intervención quirúrgica).

Por todo ello, el sindicato ha solicitado a la Inspección de Trabajo que requiera a la Conselleria de Sanidad para que establezca medidas como mayor control de acceso a centros sanitarios, modificación del protocolo para garantizar la dotación de mascarilla FFP2 a los profesionales en cualquier ámbito sanitario e instalación de aparatos portátiles con filtros HEPA en espacios cerrados y mal ventilados de los centros sanitarios.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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