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Los exalcaldes de Alicante Díaz Alperi y Castedo (PP), a juicio por el presunto amaño del PGOU

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EU pide 10 años de cárcel para Castedo y Alperi y 13 para Ortiz por el supuesto amaño del PGOU de Alicante

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) –

Los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (PP) se sentarán en el banquillo de los acusados por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en su cuenta de Twitter, donde ha indicado que el juez encargado del procedimiento ha abierto juicio oral.

Junto a Díaz Alperi y Castedo, también serán juzgados por cohecho, tráfico de influencias, revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos el empresario Enrique Ortiz y otras seis personas más.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 años y 24 respectivamente. Por su parte, para el empresario Enrique Ortiz, reclama ocho años de prisión y 10 años de inhabilitación.

Además de las penas privativas de libertad, Fiscalía pide multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo al considerarla responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con el de prevaricación.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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