(EUROPA PRESS)-Los sindicatos ANPE y CSIF han criticado que la ley de plurilingüismo que ha visto la luz este miércoles en las Corts Valencianes se ha aprobado «sin consenso» y «de espaldas al profesorado». Asimismo, han advertido de los efectos que, a su juicio, podrá tener en las plantillas, como la «supresión» de puestos docentes.

Así, ANPE ha lamentado la aprobación de la norma –que ha contado con los votos a favor del PSPV, Compromís, Podem y los ‘agermanats’ y en contra del PP y Cs– al considerar que es «intervencionista e intrusista», ya que «los docentes son los expertos del empleo de metodologías adecuadas para la intervención didáctica en el aula y no la Conselleria de Educación, que según esta ley, desarrollará normativa sobre aspectos de la programación de aula».

En la misma línea, la entidad cree que es «impositiva y resta autonomía vulnerando la libertad de los docentes a la hora de elegir la lengua en la que quieran dirigirse a la administración, e incluso, la lengua en la que quieran expresarse en sus relaciones de trabajo dentro del propio centro».

ANPE considera, además, que «deja sin competencias al claustro de profesores» y «exige más al profesorado, puesto que pide a los docentes los niveles C1 de valenciano, C1 de castellano y C1 de inglés». El sindicato apunta que reclamará que la formación al profesorado esté «debidamente justificada, con los recursos adecuados y dentro del horario laboral de los docentes».

Para ANPE, la norma «se implantará con plantillas insuficientes y causará supresiones de puestos docentes», al tiempo que censura que «es un modelo único para todos los centros e irreversible que hará que no sea posible atender a la diversidad del alumnado además de la inflexibilidad que supone el no poder revertir este modelo impuesto».

Finalmente, el sindicato se refiere a que no son necesarias las adaptaciones de acceso al curriculum a «aquellos alumnos procedentes de otros sistemas educativos españoles o extranjeros», como dice la ley. «Las adaptaciones de acceso al currículo –argumentan– son todas aquellas medidas de eliminación de barreras, ayudas técnicas, personales y/o metodológicas que necesita el alumno para acceder al currículo o que posibilite a los alumnos con necesidades educativas especiales acceder al aprendizaje. Desde ANPE consideramos que estos alumnos, si conocen alguna de las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana, no tienen necesidades educativas especiales ni tienen barreras».

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que la ley de plurilingüismo en el sistema educativo haya sido trasladada al parlamento autonómico y aprobada «sin escuchar aportaciones como la de aplicar la doble línea en los centros». Esta organización avisa de «la posible supresión de unidades y plazas que puede conllevar» y reclama más formación «cualitativa y cuantitativa» para que el profesorado pueda alcanzar las titulaciones que le exigen.

DOS LÍNEAS

El sindicato aboga por que «los centros tengan la posibilidad de optar por dos líneas, de manera que puedan convivir perfectamente una con más horas en valenciano y otra con más en castellano». Apunta que esta medida «hubiera dado más opciones a las familias para matricular a sus hijos en la línea que consideren adecuada sin verse obligadas a cambiar de centro». Del mismo modo, señala que «la legislación aprobada hoy puede conllevar la supresión de unidades y plazas docentes a medio plazo».

CSIF también ha mostrado con reiteración su disconformidad con el artículo 12 de la propuesta de Educación, «que implica que las acciones preferentes de Conselleria en cuanto a profesorado, materiales o promoción de actividades irán destinadas prioritariamente a centros con más horas lectivas en valenciano». El sindicato considera que el criterio de realizar esas acciones preferentes debería de haber consistido «en las necesidades reales de cada centro, y no en la lengua escogida».

Esta entidad trasladó igualmente su discrepancia con el artículo 11, que implica que la Conselleria promoverá que los centros opten por la mínima carga lectiva en castellano, un 25%. «Estas medidas hacen que cada vez sea menos atractiva la elección de horas lectivas en castellano. Pedimos que cada comunidad educativa elija libremente y en igualdad de condiciones», señalan.

CSIF reclama al departamento que dirige Vicent Marzà «una oferta formativa para el personal docente que esté a la altura, en cantidad y calidad, de un C1 de inglés, que es el nivel que se pedirá en un futuro para la obtención de la competencia lingüística». CSIF propone que esa formación compute dentro del horario lectivo, ya que los docentes «están realizando en la actualidad un gran esfuerzo, dentro de su tiempo personal, para obtener esas titulaciones que les exige la propia administración».