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Los tres menores acusados de la agresión sexual en Alicante no podrán comunicase con la víctima

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La titular del Juzgado de Menores 2 de Alicante ha prohibido a los tres adolescentes que ingresaron este jueves en régimen cerrado en centros de menores, por su presunta implicación en la agresión sexual en grupo a una chica de 15 años en una localidad de la Marina Alta de Alicante en julio del año pasado, acercarse y comunicarse con la víctima mientras se tramita el procedimiento, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un comunicado.

Los tres jóvenes fueron detenidos el pasado 5 de marzo, tras lo que el juzgado decretó su puesta en libertad bajo la tutela de sus padres hasta que este jueves prestaran declaración judicial y se decretó su internamiento en régimen cerrado en diferentes centros a petición del Ministerio Público.

Respecto al cuarto menor, una vez identificado, las autoridades francesas han colaborado en su búsqueda también como presunto autor de la agresión múltiple. Al parecer se encuentra en Francia por otros motivos desde hace unos meses, según indicaron este miércoles fuentes de las investigación.

La chica de 15 años interpuso este mes la denuncia, en la que aseguraba haber sido víctima de una agresión sexual en grupo en julio de 2018 en su entorno escolar de la localidad de la Marina Alta donde residía. Todos los adolescentes pertenecen al mismo centro escolar, aunque los hechos perpetrados en julio no ocurrieron en su instituto.

De la investigación se hizo cargo la Policía Judicial de Xàbia (Alicante), que abrió todas las líneas posibles, entre ellas el análisis de los teléfonos móviles de los presuntos agresores.

Tras interponer la denuncia, la Fiscalía adoptó las medidas de precaución habituales en este caso y este martes les volvió a citar para tomarles de nuevo declaración, según confirmó el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio.

Fuente: Europa Press

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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