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Los vecinos de València claman contra los problemas de tráfico por el carril bici

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(EFE).- La Federación de Vecinos de València ha lamentado que la Empresa Municipal de Transporte (EMT) ha sido la «principal perjudicada» por las novedades en movilidad y el aumento del tráfico en la ciudad, ya que han visto lastradas sus frecuencias.

Según el balance de la gestión del Ayuntamiento en 2017 realizado por la entidad que preside María José Broseta, los procesos participativos «siguen dejando mucho que desear», especialmente la consulta sobre presupuestos, aunque han destacado «avances positivos» en el Cabanyal y en la masificación de las terrazas.

La dirigente vecinal ha destacado que el año ha estado marcado por las novedades en materia de movilidad y un aumento del tráfico que, por diversos motivos, ha provocado atascos, especialmente en hora punta, en ronda interior, grandes vías, avenidas principales, centro histórico y bulevares.

Entre las causas, ha apuntado la apertura de gran número de carriles bici, con el anillo ciclista como proyecto estrella, la prohibición de estacionar por las noches en el carril bus o las restricciones de tráfico en el centro histórico con la creación de bucles para evitar el tráfico oportunista.

Aunque ve «indiscutibles» los beneficios de la bicicleta como transporte y necesario ganar espacio para peatones, ha pedido al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que tenga en cuenta los datos de la evolución del tráfico en los últimos años y las previsiones para el futuro antes de tomar medidas que dificulten aún más la circulación por la ciudad.

Ha advertido de que se corre el riesgo de que la ciudad sufra una congestión, cuyo principal damnificado es el servicio de la EMT y sus miles de usuarios «por los retrasos que esta situación produce en unas ya de por sí mejorables frecuencias de paso» y ha pedido aumentar la plantilla y la flota porque las actuales frecuencias de 15 y 20 minutos, no contribuyen a que se deje el coche en casa.

Sobre la prohibición del aparcamiento nocturno en el carril bus, ha insistido en que la medida debería haber ido acompañada de líneas que funcionaran durante toda la noche, al menos los fines de semana, para facilitar una alternativa al coche y ha pedido que se estudie esta propuesta para el año que viene.

Para Broseta, todas estas complicaciones podrían agravarse con el inicio de las obras de reurbanización de la plaza de la Reina previstas para abril de 2018 y la futura peatonalización de una parte de la plaza del Ayuntamiento, y ha recordado a Grezzi que se «comprometió» a informarles de cualquier novedad antes de aprobarla.

Sobre los procesos participativos, Broseta ha valorado que se fomenten las consultas ciudadanas aunque ha insistido en que deben servir para tomar decisiones consensuadas, «no solo como excusa o coartada para validar medidas previamente tomadas», y ha considerado «muy pobre» el 2,6 % de participación en la consulta de los presupuestos participativos DecidimVLC.

Ha insistido en que los proyectos de ciudad deben correr a cargo de las inversiones generales, mientras que los presupuestos participativos deben servir para realizar pequeñas mejoras en los barrios a propuesta de los ciudadanos y entidades vecinales.

La Federación de Vecinos ha reconocido el cambio de actitud, motivado por la presión vecinal, para atajar los problemas de convivencia y tráfico de drogas del Cabanyal y la problemática de la masificación de terrazas en zonas de ocio, un foco de contaminación acústica y que dificultan la movilidad, aunque «ni mucho menos», cree que los problemas están resueltos.

Sin embargo, en otros problemas que también derivan en contaminación acústica como el botellón, que empieza a darse en todos los barrios, o los apartamentos turísticos, por los que siguen llegando quejas a la Federación, en la práctica no se han traducido en soluciones y medidas concretas.

Tampoco se han observado medidas concretas para frenar la degradación por la «okupación» ilegal en barrios como Orriols o Benicalap, además del Cabanyal, ni de la degradación de Velluters, con solares llenos de basura y problemas de prostitución y drogas.

Photographs:

Photograph 1:
Varios peatones pasan en Valencia junto a un autobús de la EMT. EFE/Archivo

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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