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Los vecinos de València claman contra los problemas de tráfico por el carril bici

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(EFE).- La Federación de Vecinos de València ha lamentado que la Empresa Municipal de Transporte (EMT) ha sido la «principal perjudicada» por las novedades en movilidad y el aumento del tráfico en la ciudad, ya que han visto lastradas sus frecuencias.

Según el balance de la gestión del Ayuntamiento en 2017 realizado por la entidad que preside María José Broseta, los procesos participativos «siguen dejando mucho que desear», especialmente la consulta sobre presupuestos, aunque han destacado «avances positivos» en el Cabanyal y en la masificación de las terrazas.

La dirigente vecinal ha destacado que el año ha estado marcado por las novedades en materia de movilidad y un aumento del tráfico que, por diversos motivos, ha provocado atascos, especialmente en hora punta, en ronda interior, grandes vías, avenidas principales, centro histórico y bulevares.

Entre las causas, ha apuntado la apertura de gran número de carriles bici, con el anillo ciclista como proyecto estrella, la prohibición de estacionar por las noches en el carril bus o las restricciones de tráfico en el centro histórico con la creación de bucles para evitar el tráfico oportunista.

Aunque ve «indiscutibles» los beneficios de la bicicleta como transporte y necesario ganar espacio para peatones, ha pedido al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que tenga en cuenta los datos de la evolución del tráfico en los últimos años y las previsiones para el futuro antes de tomar medidas que dificulten aún más la circulación por la ciudad.

Ha advertido de que se corre el riesgo de que la ciudad sufra una congestión, cuyo principal damnificado es el servicio de la EMT y sus miles de usuarios «por los retrasos que esta situación produce en unas ya de por sí mejorables frecuencias de paso» y ha pedido aumentar la plantilla y la flota porque las actuales frecuencias de 15 y 20 minutos, no contribuyen a que se deje el coche en casa.

Sobre la prohibición del aparcamiento nocturno en el carril bus, ha insistido en que la medida debería haber ido acompañada de líneas que funcionaran durante toda la noche, al menos los fines de semana, para facilitar una alternativa al coche y ha pedido que se estudie esta propuesta para el año que viene.

Para Broseta, todas estas complicaciones podrían agravarse con el inicio de las obras de reurbanización de la plaza de la Reina previstas para abril de 2018 y la futura peatonalización de una parte de la plaza del Ayuntamiento, y ha recordado a Grezzi que se «comprometió» a informarles de cualquier novedad antes de aprobarla.

Sobre los procesos participativos, Broseta ha valorado que se fomenten las consultas ciudadanas aunque ha insistido en que deben servir para tomar decisiones consensuadas, «no solo como excusa o coartada para validar medidas previamente tomadas», y ha considerado «muy pobre» el 2,6 % de participación en la consulta de los presupuestos participativos DecidimVLC.

Ha insistido en que los proyectos de ciudad deben correr a cargo de las inversiones generales, mientras que los presupuestos participativos deben servir para realizar pequeñas mejoras en los barrios a propuesta de los ciudadanos y entidades vecinales.

La Federación de Vecinos ha reconocido el cambio de actitud, motivado por la presión vecinal, para atajar los problemas de convivencia y tráfico de drogas del Cabanyal y la problemática de la masificación de terrazas en zonas de ocio, un foco de contaminación acústica y que dificultan la movilidad, aunque «ni mucho menos», cree que los problemas están resueltos.

Sin embargo, en otros problemas que también derivan en contaminación acústica como el botellón, que empieza a darse en todos los barrios, o los apartamentos turísticos, por los que siguen llegando quejas a la Federación, en la práctica no se han traducido en soluciones y medidas concretas.

Tampoco se han observado medidas concretas para frenar la degradación por la «okupación» ilegal en barrios como Orriols o Benicalap, además del Cabanyal, ni de la degradación de Velluters, con solares llenos de basura y problemas de prostitución y drogas.

Photographs:

Photograph 1:
Varios peatones pasan en Valencia junto a un autobús de la EMT. EFE/Archivo

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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