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Los vecinos de València claman contra los problemas de tráfico por el carril bici

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(EFE).- La Federación de Vecinos de València ha lamentado que la Empresa Municipal de Transporte (EMT) ha sido la «principal perjudicada» por las novedades en movilidad y el aumento del tráfico en la ciudad, ya que han visto lastradas sus frecuencias.

Según el balance de la gestión del Ayuntamiento en 2017 realizado por la entidad que preside María José Broseta, los procesos participativos «siguen dejando mucho que desear», especialmente la consulta sobre presupuestos, aunque han destacado «avances positivos» en el Cabanyal y en la masificación de las terrazas.

La dirigente vecinal ha destacado que el año ha estado marcado por las novedades en materia de movilidad y un aumento del tráfico que, por diversos motivos, ha provocado atascos, especialmente en hora punta, en ronda interior, grandes vías, avenidas principales, centro histórico y bulevares.

Entre las causas, ha apuntado la apertura de gran número de carriles bici, con el anillo ciclista como proyecto estrella, la prohibición de estacionar por las noches en el carril bus o las restricciones de tráfico en el centro histórico con la creación de bucles para evitar el tráfico oportunista.

Aunque ve «indiscutibles» los beneficios de la bicicleta como transporte y necesario ganar espacio para peatones, ha pedido al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que tenga en cuenta los datos de la evolución del tráfico en los últimos años y las previsiones para el futuro antes de tomar medidas que dificulten aún más la circulación por la ciudad.

Ha advertido de que se corre el riesgo de que la ciudad sufra una congestión, cuyo principal damnificado es el servicio de la EMT y sus miles de usuarios «por los retrasos que esta situación produce en unas ya de por sí mejorables frecuencias de paso» y ha pedido aumentar la plantilla y la flota porque las actuales frecuencias de 15 y 20 minutos, no contribuyen a que se deje el coche en casa.

Sobre la prohibición del aparcamiento nocturno en el carril bus, ha insistido en que la medida debería haber ido acompañada de líneas que funcionaran durante toda la noche, al menos los fines de semana, para facilitar una alternativa al coche y ha pedido que se estudie esta propuesta para el año que viene.

Para Broseta, todas estas complicaciones podrían agravarse con el inicio de las obras de reurbanización de la plaza de la Reina previstas para abril de 2018 y la futura peatonalización de una parte de la plaza del Ayuntamiento, y ha recordado a Grezzi que se «comprometió» a informarles de cualquier novedad antes de aprobarla.

Sobre los procesos participativos, Broseta ha valorado que se fomenten las consultas ciudadanas aunque ha insistido en que deben servir para tomar decisiones consensuadas, «no solo como excusa o coartada para validar medidas previamente tomadas», y ha considerado «muy pobre» el 2,6 % de participación en la consulta de los presupuestos participativos DecidimVLC.

Ha insistido en que los proyectos de ciudad deben correr a cargo de las inversiones generales, mientras que los presupuestos participativos deben servir para realizar pequeñas mejoras en los barrios a propuesta de los ciudadanos y entidades vecinales.

La Federación de Vecinos ha reconocido el cambio de actitud, motivado por la presión vecinal, para atajar los problemas de convivencia y tráfico de drogas del Cabanyal y la problemática de la masificación de terrazas en zonas de ocio, un foco de contaminación acústica y que dificultan la movilidad, aunque «ni mucho menos», cree que los problemas están resueltos.

Sin embargo, en otros problemas que también derivan en contaminación acústica como el botellón, que empieza a darse en todos los barrios, o los apartamentos turísticos, por los que siguen llegando quejas a la Federación, en la práctica no se han traducido en soluciones y medidas concretas.

Tampoco se han observado medidas concretas para frenar la degradación por la «okupación» ilegal en barrios como Orriols o Benicalap, además del Cabanyal, ni de la degradación de Velluters, con solares llenos de basura y problemas de prostitución y drogas.

Photographs:

Photograph 1:
Varios peatones pasan en Valencia junto a un autobús de la EMT. EFE/Archivo

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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