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Los vecinos de València claman contra los problemas de tráfico por el carril bici

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(EFE).- La Federación de Vecinos de València ha lamentado que la Empresa Municipal de Transporte (EMT) ha sido la «principal perjudicada» por las novedades en movilidad y el aumento del tráfico en la ciudad, ya que han visto lastradas sus frecuencias.

Según el balance de la gestión del Ayuntamiento en 2017 realizado por la entidad que preside María José Broseta, los procesos participativos «siguen dejando mucho que desear», especialmente la consulta sobre presupuestos, aunque han destacado «avances positivos» en el Cabanyal y en la masificación de las terrazas.

La dirigente vecinal ha destacado que el año ha estado marcado por las novedades en materia de movilidad y un aumento del tráfico que, por diversos motivos, ha provocado atascos, especialmente en hora punta, en ronda interior, grandes vías, avenidas principales, centro histórico y bulevares.

Entre las causas, ha apuntado la apertura de gran número de carriles bici, con el anillo ciclista como proyecto estrella, la prohibición de estacionar por las noches en el carril bus o las restricciones de tráfico en el centro histórico con la creación de bucles para evitar el tráfico oportunista.

Aunque ve «indiscutibles» los beneficios de la bicicleta como transporte y necesario ganar espacio para peatones, ha pedido al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que tenga en cuenta los datos de la evolución del tráfico en los últimos años y las previsiones para el futuro antes de tomar medidas que dificulten aún más la circulación por la ciudad.

Ha advertido de que se corre el riesgo de que la ciudad sufra una congestión, cuyo principal damnificado es el servicio de la EMT y sus miles de usuarios «por los retrasos que esta situación produce en unas ya de por sí mejorables frecuencias de paso» y ha pedido aumentar la plantilla y la flota porque las actuales frecuencias de 15 y 20 minutos, no contribuyen a que se deje el coche en casa.

Sobre la prohibición del aparcamiento nocturno en el carril bus, ha insistido en que la medida debería haber ido acompañada de líneas que funcionaran durante toda la noche, al menos los fines de semana, para facilitar una alternativa al coche y ha pedido que se estudie esta propuesta para el año que viene.

Para Broseta, todas estas complicaciones podrían agravarse con el inicio de las obras de reurbanización de la plaza de la Reina previstas para abril de 2018 y la futura peatonalización de una parte de la plaza del Ayuntamiento, y ha recordado a Grezzi que se «comprometió» a informarles de cualquier novedad antes de aprobarla.

Sobre los procesos participativos, Broseta ha valorado que se fomenten las consultas ciudadanas aunque ha insistido en que deben servir para tomar decisiones consensuadas, «no solo como excusa o coartada para validar medidas previamente tomadas», y ha considerado «muy pobre» el 2,6 % de participación en la consulta de los presupuestos participativos DecidimVLC.

Ha insistido en que los proyectos de ciudad deben correr a cargo de las inversiones generales, mientras que los presupuestos participativos deben servir para realizar pequeñas mejoras en los barrios a propuesta de los ciudadanos y entidades vecinales.

La Federación de Vecinos ha reconocido el cambio de actitud, motivado por la presión vecinal, para atajar los problemas de convivencia y tráfico de drogas del Cabanyal y la problemática de la masificación de terrazas en zonas de ocio, un foco de contaminación acústica y que dificultan la movilidad, aunque «ni mucho menos», cree que los problemas están resueltos.

Sin embargo, en otros problemas que también derivan en contaminación acústica como el botellón, que empieza a darse en todos los barrios, o los apartamentos turísticos, por los que siguen llegando quejas a la Federación, en la práctica no se han traducido en soluciones y medidas concretas.

Tampoco se han observado medidas concretas para frenar la degradación por la «okupación» ilegal en barrios como Orriols o Benicalap, además del Cabanyal, ni de la degradación de Velluters, con solares llenos de basura y problemas de prostitución y drogas.

Photographs:

Photograph 1:
Varios peatones pasan en Valencia junto a un autobús de la EMT. EFE/Archivo

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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