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Más de 300.000 valencianos cambian de provincia para trabajar en el último año

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VALÈNCIA, Nov 2018. (EUROPA PRESS) – Un total de 304.207 valencianos han cambiado de provincia para trabajar en el último año, según el análisis sobre la evolución de la tasa de movilidad interprovincial de los trabajadores en España en función del lugar de residencia del trabajador y del sector en el que desarrolle su actividad realizado por Randstad.

El informe refleja que el volumen de contratos que implica desplazamiento en la Comunitat Valenciana ha crecido un 10 por ciento en el último año –en 2017 se firmaron 276.573– y que el 14% de los contratos firmados en la autonomía en este periodo implicaron el desplazamiento del trabajador a otra provincia, 0,4 puntos porcentuales más que la media nacional, según ha informado la consultora.

Valencia (1.051) es la única provincia valenciana con saldo positivo (11,5%), es decir, que reciben más trabajadores de los que salen a otras regiones mientras que Castellón (18,8%) y Alicante (16%) son las que presentan las tasas de movilidad más elevadas.

A nivel nacional, durante el pasado ejercicio se formalizaron 2.914.055 contrataciones que conllevaron desplazamiento del trabajador a otra región, un 10,9% más que durante 2016, cuando se registraron 2.627.075 contratos, y el doble que en 2001, la cifra más baja del periodo analizado (1.461.057 contratos).

Randstad ha detectado que 2001 y 2002 fueron los únicos años con menos de 1,5 millones de contratos de movilidad. A partir de 2002 y hasta 2007, este tipo de contratos se incrementó hasta los 2,28 millones. La crisis económica redujo el volumen de contratos de movilidad (medio millón de contratos menos entre 2007 y 2009), situándose en el entorno de los 1,7 millones entre 2009 y 2013.

A partir de entonces, los contratos han crecido de manera consecutiva hasta registrar la tasa más elevada de la serie histórica durante este ejercicio, con más de 2,9 millones. Durante el ejercicio anterior, el 13,6% de los contratos firmados implicaba la movilidad del profesional a otra provincia, la tasa más elevada de la serie analizada.

En agricultura, casi uno de cada cuatro contratos firmados supone el desplazamiento del profesional a otra provincia. En concreto, el 23,4% de las contrataciones realizadas era de esta tipología. A continuación, ocupando la segunda y tercera posición, están construcción (16,7%) y servicios (11,8%). En última posición, se encuentra industria (10,2%).

El 60% del total de contratos de movilidad formalizados se ha registrado en el sector servicios, donde se firmaron más de 1,7 millones de profesionales.

Castilla-La Mancha y La Rioja son las regiones con mayor tasa de movilidad, ambas con índices superiores al 24%. A continuación, y también por encima de la media nacional, están Castilla y León (16,2%), Murcia (15,3%), Aragón (15%), 14,9%), Euskadi (14,5%), Madrid (14,3%) y Comunitat Valenciana (14%). Andalucía y Navarra se sitúan al mismo nivel que la media nacional (13,6%).

En el lado contrario, por debajo de la media nacional, se encuentran Baleares (12,7%), Galicia (12,4%), Catalunya (11,5%), Extremadura (10,6%) y Cantabria (10,3%). Por debajo del 10%, como regiones con menores índices de movilidad, están Asturias (8,2%) y Canarias (6%).

Por provincias, Cuenca, Toledo, Huesca, Lleida, Guadalajara y La Rioja son las únicas regiones que alcanzan una tasa de movilidad superior al 25%. Mientras que con las menores cifras, por debajo de los dos dígitos, se sitúan Badajoz, Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

El análisis llevado a cabo por Randstad diferencia entre dos tipos de regiones o provincias, las receptoras (reciben profesionales) y las emisoras (salen). Actualmente, las principales provincias receptoras de empleados son Madrid y Barcelona, con un saldo positivo de 233.810 y 85.920 trabajadores, respectivamente. Le siguen Baleares (56.483), Murcia (45.393) y Álava (24.313). En España hay diecisiete provincias receptoras. En el caso de Comunitat Valenciana, Valencia (1.051) es la única provincia receptora.

En el lado contrario, se sitúan Cádiz y Toledo, con saldos negativos de 68.726 y 43.960 trabajadores, respectivamente. A continuación, se sitúan Alicante (37.897), Sevilla (31.876) y Córdoba (31.198).

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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