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Más de 300.000 valencianos cambian de provincia para trabajar en el último año

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VALÈNCIA, Nov 2018. (EUROPA PRESS) – Un total de 304.207 valencianos han cambiado de provincia para trabajar en el último año, según el análisis sobre la evolución de la tasa de movilidad interprovincial de los trabajadores en España en función del lugar de residencia del trabajador y del sector en el que desarrolle su actividad realizado por Randstad.

El informe refleja que el volumen de contratos que implica desplazamiento en la Comunitat Valenciana ha crecido un 10 por ciento en el último año –en 2017 se firmaron 276.573– y que el 14% de los contratos firmados en la autonomía en este periodo implicaron el desplazamiento del trabajador a otra provincia, 0,4 puntos porcentuales más que la media nacional, según ha informado la consultora.

Valencia (1.051) es la única provincia valenciana con saldo positivo (11,5%), es decir, que reciben más trabajadores de los que salen a otras regiones mientras que Castellón (18,8%) y Alicante (16%) son las que presentan las tasas de movilidad más elevadas.

A nivel nacional, durante el pasado ejercicio se formalizaron 2.914.055 contrataciones que conllevaron desplazamiento del trabajador a otra región, un 10,9% más que durante 2016, cuando se registraron 2.627.075 contratos, y el doble que en 2001, la cifra más baja del periodo analizado (1.461.057 contratos).

Randstad ha detectado que 2001 y 2002 fueron los únicos años con menos de 1,5 millones de contratos de movilidad. A partir de 2002 y hasta 2007, este tipo de contratos se incrementó hasta los 2,28 millones. La crisis económica redujo el volumen de contratos de movilidad (medio millón de contratos menos entre 2007 y 2009), situándose en el entorno de los 1,7 millones entre 2009 y 2013.

A partir de entonces, los contratos han crecido de manera consecutiva hasta registrar la tasa más elevada de la serie histórica durante este ejercicio, con más de 2,9 millones. Durante el ejercicio anterior, el 13,6% de los contratos firmados implicaba la movilidad del profesional a otra provincia, la tasa más elevada de la serie analizada.

En agricultura, casi uno de cada cuatro contratos firmados supone el desplazamiento del profesional a otra provincia. En concreto, el 23,4% de las contrataciones realizadas era de esta tipología. A continuación, ocupando la segunda y tercera posición, están construcción (16,7%) y servicios (11,8%). En última posición, se encuentra industria (10,2%).

El 60% del total de contratos de movilidad formalizados se ha registrado en el sector servicios, donde se firmaron más de 1,7 millones de profesionales.

Castilla-La Mancha y La Rioja son las regiones con mayor tasa de movilidad, ambas con índices superiores al 24%. A continuación, y también por encima de la media nacional, están Castilla y León (16,2%), Murcia (15,3%), Aragón (15%), 14,9%), Euskadi (14,5%), Madrid (14,3%) y Comunitat Valenciana (14%). Andalucía y Navarra se sitúan al mismo nivel que la media nacional (13,6%).

En el lado contrario, por debajo de la media nacional, se encuentran Baleares (12,7%), Galicia (12,4%), Catalunya (11,5%), Extremadura (10,6%) y Cantabria (10,3%). Por debajo del 10%, como regiones con menores índices de movilidad, están Asturias (8,2%) y Canarias (6%).

Por provincias, Cuenca, Toledo, Huesca, Lleida, Guadalajara y La Rioja son las únicas regiones que alcanzan una tasa de movilidad superior al 25%. Mientras que con las menores cifras, por debajo de los dos dígitos, se sitúan Badajoz, Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

El análisis llevado a cabo por Randstad diferencia entre dos tipos de regiones o provincias, las receptoras (reciben profesionales) y las emisoras (salen). Actualmente, las principales provincias receptoras de empleados son Madrid y Barcelona, con un saldo positivo de 233.810 y 85.920 trabajadores, respectivamente. Le siguen Baleares (56.483), Murcia (45.393) y Álava (24.313). En España hay diecisiete provincias receptoras. En el caso de Comunitat Valenciana, Valencia (1.051) es la única provincia receptora.

En el lado contrario, se sitúan Cádiz y Toledo, con saldos negativos de 68.726 y 43.960 trabajadores, respectivamente. A continuación, se sitúan Alicante (37.897), Sevilla (31.876) y Córdoba (31.198).

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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