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Más de 300.000 valencianos cambian de provincia para trabajar en el último año

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VALÈNCIA, Nov 2018. (EUROPA PRESS) – Un total de 304.207 valencianos han cambiado de provincia para trabajar en el último año, según el análisis sobre la evolución de la tasa de movilidad interprovincial de los trabajadores en España en función del lugar de residencia del trabajador y del sector en el que desarrolle su actividad realizado por Randstad.

El informe refleja que el volumen de contratos que implica desplazamiento en la Comunitat Valenciana ha crecido un 10 por ciento en el último año –en 2017 se firmaron 276.573– y que el 14% de los contratos firmados en la autonomía en este periodo implicaron el desplazamiento del trabajador a otra provincia, 0,4 puntos porcentuales más que la media nacional, según ha informado la consultora.

Valencia (1.051) es la única provincia valenciana con saldo positivo (11,5%), es decir, que reciben más trabajadores de los que salen a otras regiones mientras que Castellón (18,8%) y Alicante (16%) son las que presentan las tasas de movilidad más elevadas.

A nivel nacional, durante el pasado ejercicio se formalizaron 2.914.055 contrataciones que conllevaron desplazamiento del trabajador a otra región, un 10,9% más que durante 2016, cuando se registraron 2.627.075 contratos, y el doble que en 2001, la cifra más baja del periodo analizado (1.461.057 contratos).

Randstad ha detectado que 2001 y 2002 fueron los únicos años con menos de 1,5 millones de contratos de movilidad. A partir de 2002 y hasta 2007, este tipo de contratos se incrementó hasta los 2,28 millones. La crisis económica redujo el volumen de contratos de movilidad (medio millón de contratos menos entre 2007 y 2009), situándose en el entorno de los 1,7 millones entre 2009 y 2013.

A partir de entonces, los contratos han crecido de manera consecutiva hasta registrar la tasa más elevada de la serie histórica durante este ejercicio, con más de 2,9 millones. Durante el ejercicio anterior, el 13,6% de los contratos firmados implicaba la movilidad del profesional a otra provincia, la tasa más elevada de la serie analizada.

En agricultura, casi uno de cada cuatro contratos firmados supone el desplazamiento del profesional a otra provincia. En concreto, el 23,4% de las contrataciones realizadas era de esta tipología. A continuación, ocupando la segunda y tercera posición, están construcción (16,7%) y servicios (11,8%). En última posición, se encuentra industria (10,2%).

El 60% del total de contratos de movilidad formalizados se ha registrado en el sector servicios, donde se firmaron más de 1,7 millones de profesionales.

Castilla-La Mancha y La Rioja son las regiones con mayor tasa de movilidad, ambas con índices superiores al 24%. A continuación, y también por encima de la media nacional, están Castilla y León (16,2%), Murcia (15,3%), Aragón (15%), 14,9%), Euskadi (14,5%), Madrid (14,3%) y Comunitat Valenciana (14%). Andalucía y Navarra se sitúan al mismo nivel que la media nacional (13,6%).

En el lado contrario, por debajo de la media nacional, se encuentran Baleares (12,7%), Galicia (12,4%), Catalunya (11,5%), Extremadura (10,6%) y Cantabria (10,3%). Por debajo del 10%, como regiones con menores índices de movilidad, están Asturias (8,2%) y Canarias (6%).

Por provincias, Cuenca, Toledo, Huesca, Lleida, Guadalajara y La Rioja son las únicas regiones que alcanzan una tasa de movilidad superior al 25%. Mientras que con las menores cifras, por debajo de los dos dígitos, se sitúan Badajoz, Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

El análisis llevado a cabo por Randstad diferencia entre dos tipos de regiones o provincias, las receptoras (reciben profesionales) y las emisoras (salen). Actualmente, las principales provincias receptoras de empleados son Madrid y Barcelona, con un saldo positivo de 233.810 y 85.920 trabajadores, respectivamente. Le siguen Baleares (56.483), Murcia (45.393) y Álava (24.313). En España hay diecisiete provincias receptoras. En el caso de Comunitat Valenciana, Valencia (1.051) es la única provincia receptora.

En el lado contrario, se sitúan Cádiz y Toledo, con saldos negativos de 68.726 y 43.960 trabajadores, respectivamente. A continuación, se sitúan Alicante (37.897), Sevilla (31.876) y Córdoba (31.198).

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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