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Más de 300.000 valencianos cambian de provincia para trabajar en el último año

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VALÈNCIA, Nov 2018. (EUROPA PRESS) – Un total de 304.207 valencianos han cambiado de provincia para trabajar en el último año, según el análisis sobre la evolución de la tasa de movilidad interprovincial de los trabajadores en España en función del lugar de residencia del trabajador y del sector en el que desarrolle su actividad realizado por Randstad.

El informe refleja que el volumen de contratos que implica desplazamiento en la Comunitat Valenciana ha crecido un 10 por ciento en el último año –en 2017 se firmaron 276.573– y que el 14% de los contratos firmados en la autonomía en este periodo implicaron el desplazamiento del trabajador a otra provincia, 0,4 puntos porcentuales más que la media nacional, según ha informado la consultora.

Valencia (1.051) es la única provincia valenciana con saldo positivo (11,5%), es decir, que reciben más trabajadores de los que salen a otras regiones mientras que Castellón (18,8%) y Alicante (16%) son las que presentan las tasas de movilidad más elevadas.

A nivel nacional, durante el pasado ejercicio se formalizaron 2.914.055 contrataciones que conllevaron desplazamiento del trabajador a otra región, un 10,9% más que durante 2016, cuando se registraron 2.627.075 contratos, y el doble que en 2001, la cifra más baja del periodo analizado (1.461.057 contratos).

Randstad ha detectado que 2001 y 2002 fueron los únicos años con menos de 1,5 millones de contratos de movilidad. A partir de 2002 y hasta 2007, este tipo de contratos se incrementó hasta los 2,28 millones. La crisis económica redujo el volumen de contratos de movilidad (medio millón de contratos menos entre 2007 y 2009), situándose en el entorno de los 1,7 millones entre 2009 y 2013.

A partir de entonces, los contratos han crecido de manera consecutiva hasta registrar la tasa más elevada de la serie histórica durante este ejercicio, con más de 2,9 millones. Durante el ejercicio anterior, el 13,6% de los contratos firmados implicaba la movilidad del profesional a otra provincia, la tasa más elevada de la serie analizada.

En agricultura, casi uno de cada cuatro contratos firmados supone el desplazamiento del profesional a otra provincia. En concreto, el 23,4% de las contrataciones realizadas era de esta tipología. A continuación, ocupando la segunda y tercera posición, están construcción (16,7%) y servicios (11,8%). En última posición, se encuentra industria (10,2%).

El 60% del total de contratos de movilidad formalizados se ha registrado en el sector servicios, donde se firmaron más de 1,7 millones de profesionales.

Castilla-La Mancha y La Rioja son las regiones con mayor tasa de movilidad, ambas con índices superiores al 24%. A continuación, y también por encima de la media nacional, están Castilla y León (16,2%), Murcia (15,3%), Aragón (15%), 14,9%), Euskadi (14,5%), Madrid (14,3%) y Comunitat Valenciana (14%). Andalucía y Navarra se sitúan al mismo nivel que la media nacional (13,6%).

En el lado contrario, por debajo de la media nacional, se encuentran Baleares (12,7%), Galicia (12,4%), Catalunya (11,5%), Extremadura (10,6%) y Cantabria (10,3%). Por debajo del 10%, como regiones con menores índices de movilidad, están Asturias (8,2%) y Canarias (6%).

Por provincias, Cuenca, Toledo, Huesca, Lleida, Guadalajara y La Rioja son las únicas regiones que alcanzan una tasa de movilidad superior al 25%. Mientras que con las menores cifras, por debajo de los dos dígitos, se sitúan Badajoz, Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

El análisis llevado a cabo por Randstad diferencia entre dos tipos de regiones o provincias, las receptoras (reciben profesionales) y las emisoras (salen). Actualmente, las principales provincias receptoras de empleados son Madrid y Barcelona, con un saldo positivo de 233.810 y 85.920 trabajadores, respectivamente. Le siguen Baleares (56.483), Murcia (45.393) y Álava (24.313). En España hay diecisiete provincias receptoras. En el caso de Comunitat Valenciana, Valencia (1.051) es la única provincia receptora.

En el lado contrario, se sitúan Cádiz y Toledo, con saldos negativos de 68.726 y 43.960 trabajadores, respectivamente. A continuación, se sitúan Alicante (37.897), Sevilla (31.876) y Córdoba (31.198).

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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