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Más de 300.000 valencianos cambian de provincia para trabajar en el último año

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VALÈNCIA, Nov 2018. (EUROPA PRESS) – Un total de 304.207 valencianos han cambiado de provincia para trabajar en el último año, según el análisis sobre la evolución de la tasa de movilidad interprovincial de los trabajadores en España en función del lugar de residencia del trabajador y del sector en el que desarrolle su actividad realizado por Randstad.

El informe refleja que el volumen de contratos que implica desplazamiento en la Comunitat Valenciana ha crecido un 10 por ciento en el último año –en 2017 se firmaron 276.573– y que el 14% de los contratos firmados en la autonomía en este periodo implicaron el desplazamiento del trabajador a otra provincia, 0,4 puntos porcentuales más que la media nacional, según ha informado la consultora.

Valencia (1.051) es la única provincia valenciana con saldo positivo (11,5%), es decir, que reciben más trabajadores de los que salen a otras regiones mientras que Castellón (18,8%) y Alicante (16%) son las que presentan las tasas de movilidad más elevadas.

A nivel nacional, durante el pasado ejercicio se formalizaron 2.914.055 contrataciones que conllevaron desplazamiento del trabajador a otra región, un 10,9% más que durante 2016, cuando se registraron 2.627.075 contratos, y el doble que en 2001, la cifra más baja del periodo analizado (1.461.057 contratos).

Randstad ha detectado que 2001 y 2002 fueron los únicos años con menos de 1,5 millones de contratos de movilidad. A partir de 2002 y hasta 2007, este tipo de contratos se incrementó hasta los 2,28 millones. La crisis económica redujo el volumen de contratos de movilidad (medio millón de contratos menos entre 2007 y 2009), situándose en el entorno de los 1,7 millones entre 2009 y 2013.

A partir de entonces, los contratos han crecido de manera consecutiva hasta registrar la tasa más elevada de la serie histórica durante este ejercicio, con más de 2,9 millones. Durante el ejercicio anterior, el 13,6% de los contratos firmados implicaba la movilidad del profesional a otra provincia, la tasa más elevada de la serie analizada.

En agricultura, casi uno de cada cuatro contratos firmados supone el desplazamiento del profesional a otra provincia. En concreto, el 23,4% de las contrataciones realizadas era de esta tipología. A continuación, ocupando la segunda y tercera posición, están construcción (16,7%) y servicios (11,8%). En última posición, se encuentra industria (10,2%).

El 60% del total de contratos de movilidad formalizados se ha registrado en el sector servicios, donde se firmaron más de 1,7 millones de profesionales.

Castilla-La Mancha y La Rioja son las regiones con mayor tasa de movilidad, ambas con índices superiores al 24%. A continuación, y también por encima de la media nacional, están Castilla y León (16,2%), Murcia (15,3%), Aragón (15%), 14,9%), Euskadi (14,5%), Madrid (14,3%) y Comunitat Valenciana (14%). Andalucía y Navarra se sitúan al mismo nivel que la media nacional (13,6%).

En el lado contrario, por debajo de la media nacional, se encuentran Baleares (12,7%), Galicia (12,4%), Catalunya (11,5%), Extremadura (10,6%) y Cantabria (10,3%). Por debajo del 10%, como regiones con menores índices de movilidad, están Asturias (8,2%) y Canarias (6%).

Por provincias, Cuenca, Toledo, Huesca, Lleida, Guadalajara y La Rioja son las únicas regiones que alcanzan una tasa de movilidad superior al 25%. Mientras que con las menores cifras, por debajo de los dos dígitos, se sitúan Badajoz, Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

El análisis llevado a cabo por Randstad diferencia entre dos tipos de regiones o provincias, las receptoras (reciben profesionales) y las emisoras (salen). Actualmente, las principales provincias receptoras de empleados son Madrid y Barcelona, con un saldo positivo de 233.810 y 85.920 trabajadores, respectivamente. Le siguen Baleares (56.483), Murcia (45.393) y Álava (24.313). En España hay diecisiete provincias receptoras. En el caso de Comunitat Valenciana, Valencia (1.051) es la única provincia receptora.

En el lado contrario, se sitúan Cádiz y Toledo, con saldos negativos de 68.726 y 43.960 trabajadores, respectivamente. A continuación, se sitúan Alicante (37.897), Sevilla (31.876) y Córdoba (31.198).

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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