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Más de 8.500 efectivos policiales velarán por la seguridad del 28A en la Comunitat

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Un total de 8.541 efectivos policiales velarán en la Comunitat Valenciana por la seguridad y el normal desarrollo de las elecciones generales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de abril.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, tras participar este martes en la Comisión Mixta de Seguridad de la Comunitat para coordinar los dispositivos y la ciberseguridad de los comisiones generales y autonómicos del próximo 28 de abril, acompañada por el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, y la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo.

En concreto, de los 8.541 agentes, un total de 3.300 serán agentes de la Policía Nacional; 3.465 de la Guardia Civil; 111 de la Policía de la Generalitat y 1.665 serán efectivos de la Policía Local. Este dispositivo representa el 10% del total de agentes –unos 93.000– que velarán en España por la seguridad de los comicios.

Para Botella, este despliegue pone de manifiesto «el gran esfuerzo colectivo para garantizar el proceso electoral» que «es el corazón mismo de la democracia», ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que ya el pasado 13 de marzo se dictó la instrucción 5/2019 de la Secretaría de Estado precisamente para establecer todos los mecanismos de coordinación en toda España tanto desde un ámbito más tradicional como son los dispositivos, medios materiales y la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) como en materia de ciberseguridad para garantizar «la protección de la libertad y el derecho de los ciudadanos a estar bien informados».

En este punto, ha incidido en la importancia de «combatir las posibles influencias y campañas de desinformación que podrían afectar al proceso electoral». «Esto es algo que el Gobierno de España se ha tomado muy en serio y responde a una recomendación de 2018 de la Comisión Europea a todos loa Estados miembros para que tomaran medidas de cara a los calendarios electorales», ha explicado.

Así, ha subrayado que hay «garantía de seguridad» y «confianza en el proceso electoral». «Objetivamente España está muy preparada para celebrar estos comicios. Trabajamos intensamente para eliminar cualquier problema y anticiparnos a cualquier circunstancia», ha remarcado Botella.

FASES

Ha explicado que el operativo policial está dividido en tres fases. La primera que comprende desde la disolución de las Cortes Generales y hasta el 12 de abril, inicio de la campaña electoral. A partir de ese momento se estará en «una fase de alerta» hasta la jornada de reflexión, cuando se pondrá en marcha la «fase operativa» en la que habrá «máxima atención y disponibilidad» para atender «cualquier circunstancia que se pueda dar».

Por otro lado y preguntada por las medidas que se van a adoptar para frenar los ataques informáticos, Botella ha detallado que se ha diseñado una estructura organizativa «trasversal» con cuatro pilares: el primero que afecta al desarrollo del hardware y mecanismos informáticos; la protección de datos; la ciberseguridad en todos los centros de los diferentes ministerios y otro enfocado a la desinformación que está coordinado por la Secretaría de Estado en colaboración con el departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, ha explicado que por parte de Interior y a través de la instrucción de la Secretaría de Estado, se han activado «todas las capacidades cibernéticas junto a las FCSE para, por un lado, tener capacidad preventiva, alerta y vigilancia para monitorizar en todos los sistemas abiertos cualquier información dirigida a afectar el proceso electoral y, por otra, tener capacidad de respuesta».

Fuente: Europa Press

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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