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Un matrimonio y su hijo mueren en el incendio de una vivienda en València

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Un bombero retira una persiana quemada de una vivienda que se ha incendiado. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 3 abr (OFFICIAL PRESS-EFE).- Un matrimonio y su hijo han fallecido en un incendio declarado a primera hora de este lunes en la ciudad de València, según han informado fuentes policiales.

El incendio, cuyas circunstancias están siendo investigadas, se ha producido sobre las 7:15 en una vivienda perteneciente al número 8 de la calle Escultor Salzillo. Se trataba de un edificio de seis plantas en el barrio valenciano de Fuensanta. Además, los testigos han constatado que era un incendio de incontrolables dimensiones.

Los gritos de auxilio han alarmado al vecindario, que ha dado el aviso de incendio. A pesar de que varias dotaciones de bomberos se hayan desplazado al lugar de los hechos, no han podido hacer nada por las víctimas. Según fuentes de la Policía Local, aunque aún no está confirmada la edad exacta, los fallecidos son un matrimonio de ancianos, de unos 86 años, y su hijo, de 58 años.

Desde la Policía Nacional han informado de que se ha desplazado al lugar la Policía Científica, mientras que bomberos han desplazado efectivos del parque Oeste con apoyo del parque sur y Campanar.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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