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Medio millón de personas gritan ‘No tinc por’ en una manifestación con abucheos al Rey

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Medio millón de personas, según la Guardia Urbana, han llenado el centro de Barcelona para plantar de cara de nuevo al terrorismo.

Un total de 75 representantes de los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia y entidades vecinales y ciudadanas han encabezado la manifestación ‘No tinc por’ entre los Jardines de Gràcia y la Plaza de Cataluña en Barcelona.

La cabecera de la manifestación ha estado formada por miembros de los Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana, la policía local de Cambrils, Alcanar y Ripoll, así como la Policía Nacional, la Guardia Civil y Bombers. También, la acompañan miembros de la comunidad musulmana y de entidades vecinales, representantes del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), personal sanitario de los ochos hospitales que atendieron a las víctimas y forenses.

Además, justo detrás de la cabecera y antes de las filas destinadas a los los políticos y representantes institucionales, se ha situado una segunda cabecera con representación ciudadana en la que destaca la presencia de familiares de las víctimas de los atentados, así como una delegación de entidades que trabajan por la paz, contra el racismo y en defensa de los derechos humanos. Al comienzo, se ha podido escuchar cómo un gran número de asistentes ha coreado el lema de la protesta: «No tinc por».

Abucheos al Rey y a Mariano Rajoy

El Rey Felipe VI I, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los ministros de su Gobierno ha recibido numerosos pitos y gritos de ‘fuera, fuera’ durante la manifestación celebrada en Barcelona para homenajear a las víctimas del atentado que acabó con la vida de 15 personas.

El presidente de la Generalitat, el presidente del Gobierno y la alcaldesa de Barcelona recibieron al Rey en el paseo de Gràcia de Barcelona, al llegar a la manifestación. Carles Puigdemont, Mariano Rajoy y Ada Colau saludaron al monarca en medio de una intensa pitada y gritos de ‘fuera, fuera‘, tras lo cual se dirigieron a pie hacia la cabecera, junto a la Gran Via.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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