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Monzó (PP): «Ribó hace ideología subvencionando con cerca de 100.000 € a entidades afines»

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El portavoz del Grupo Municipal Popular, Eusebio Monzó, ha señalado que “el tripartito está haciendo ideología con las subvenciones municipales.” Monzó ha afirmado que “Ribó ha cerrado el año beneficiando a aquellas entidades afines, con las que en plena campaña electoral se hizo la foto firmando un manifiesto por la trasparencia”.

El portavoz popular ha valorado como “muy significativo” el hecho de que muchas de estas entidades hayan recibido a lo largo del presente año ayudas públicas, ya sea con fondos municipales o autonómicos, y ha destacado algunos ejemplos: “es el caso de los 140.000 € que la Generalitat ha otorgado Acció Cultural o a la Federació Escola Valenciana, o los 30.000 € que el Ayuntamiento de Valencia ha concedido a Coordinadora de ONG, los 10.000 € destinados al Colectiu Lambda, los 12.000 € concedidos al Associació Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga Ignasi Villalonga, los 10.000 € concedidos a Ca Revolta, 20.000€ a Mostra Viva Cinema del Mediterráni…”

Eusebio Monzó ha añadido que “el tripartito ha favorecido a estas entidades amigas, frente a otras disminuciones -como la subvención otorgada a Tyrius-, e incluso supresiones” y ha citado ayudas que han desaparecido como “la que se concedía a la Asociación de Jóvenes Empresarios, o la cantidad destinada al Convenio con el Colegio de Abogados, para la prestación del Servicio de Intermediación Hipotecaria, el Convenio con la UNED, o las ayudas al Albergue Inmigrantes San Juan de la Ribera o al Albergue Ciudad de la Esperanza”.

Por último, ha lamentado que “ésta sea la verdadera forma de gobernar del Sr. Ribó” y ha declarado que “estos hechos ponen de relieve su falta de objetividad”.

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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