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Esta es la lista de los morosos valencianos

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Esta es la lista de los morosos valencianos-ARCHIVO FREEPIK

València, 29 junio (OFFICIAL PRESS- EFE).- Este viernes se ha conocido el listado de morosos valencianos. El empresario y expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart y la sociedad Roig Grupo Corporativo -vinculada al empresario y expresidente del Valencia CF Francisco Roig- han entrado en la lista de grandes morosos con Hacienda con deudas de 1 millón y 9,5 millones de euros, respectivamente.

La Agencia Tributaria ha publicado este viernes el undécimo listado de grandes deudores con Hacienda, aquellos que al cierre de 2023 debían más de 600.000 euros y sus responsables solidarios -en términos firmes y con deudas no aplazadas ni suspendidas-.

De este listado salen la presentadora Patricia Conde (que debía 1,06 millones) y las sociedades Inversiones Ruiz Mateos (1,3 millones) y el Club Deportivo Badajoz (0,9 millones).

La información proporcionada por la Agencia Tributaria no permite saber si es porque han abonado sus deudas o porque las han aplazado o suspendido o, simplemente, porque no tienen carácter firme.

César Vidal y Paz Vega reducen su deuda

Entre quienes continúan en la lista hay algunos que han reducido su deuda, como el escritor César Vidal (que la ha bajado en 0,6 millones hasta dejarla en 2,8 millones) y la actriz Paz Vega (que mantiene una deuda de 1,7 millones, 26.000 euros menos).

El futbolista Malcolm disminuye su deuda hasta los 707.031 euros y el empresario Rafael Gómez, conocido como Sandokan, hasta los 2,1 millones.

Baja también la deuda de las sociedades Marillion (a 136,2 millones), Reyal Urbis (279,8 millones), Real Murcia (6,3 millones) y Unión Deportiva Salamanca (11,3 millones).

Por el contrario, aumentan las deudas del Xerez Club Deportivo (hasta los 8,12 millones), Producciones Artísticas Lito (hasta los 14,6 millones), el aeropuerto de Ciudad Real (5,9 millones) y las sociedades del grupo Abengoa, que superan ya los 110 millones tras sumar 15 millones en el último año.

Mario Conde y Enríquez Negreira continúan en la lista

Continúan en la lista el empresario Ángel de Cabo (10,7 millones), el exbanquero Mario Conde (6,4 millones), el empresario Diego Torres (0,9 millones), el exárbitro José María Enríquez Negreira (1,1 millones) y el comisionista Luis Medina (0,6 millones).

El empresario Álvaro Etxarte Íñiguez se sitúa como el que más debe a Hacienda (32 millones), por delante de los también empresarios Luis Antonio Rivera Zapico (21,7 millones), Teresa Maldonado (15,6 millones), Jesús Ruiz (15,5 millones) y Agapito García (15 millones), que ocupó ese puesto durante años.

También repiten las sociedades Palemad Reciclaje (128,1 millones), Aifos (90,1 millones), Grupo Prasa (91,5 millones), Isolux Ingeniería (13,7 millones), Seguridad Integral Canaria (6 millones), Martinsa Fadesa (5,9 millones), ToysRUs (3,1 millones), Real Jaén (1,6 millones), Club Fútbol Reus (1,3 millones), Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (0,9 millones) y Pullmantur (0,81 millones).

Al igual que Obras Nuevas de Edificación 2000 (87,7 millones), CCF 21 Negocios Inmobiliarios (80 millones), Organización Impulsora de Discapacitados (86 millones) o Servicios Esquerdo (97,6 millones).

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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