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Mulet (Compromís) pide eliminar la cuota de autónomos temporalmente

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propuesta cuota autonomos

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) –

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado al Gobierno que arbitre medidas y un cambio en la legislación laboral para, entre otras, eliminar la cuota de autónomos temporalmente o «prever las inesperadas consecuencias que el coronavirus u otras situaciones de emergencia puedan tener en los derechos laborales de trabajadores de la hostelería o servicios y en los trabajadores autónomos, ya que muchos de ellos se han quedado también sin trabajo de la noche a la mañana».

A las medidas excepcionales que aprobará el Consejo de Ministros, que ayer fueron anunciadas, las decretadas por la Generalitat Valenciana de cierre de bares y restaurantes para limitar la propagación y contagio del coronavirus se añade la cancelación de los programas del Imserso por parte del Gobierno y el programa senior de la Diputación de Castelló, ha indicado el senador en un comunicado.

«En el sector no para de llover sobre mojado y la hostelería de nuestra autonomía y de otras se está viendo muy afectada, con miles de despidos al principio de una temporada que arrancaba con previsiones excelentes hasta fechas muy recientes», ha asegurado.

Por eso, ha indicado el parlamentario, reclamará al Gobierno «que prevea estas situaciones e incremente su protección en tiempos de emergencias sanitarias como la que vivimos ya que se dan situaciones dramáticas, en tanto en cuanto muchos de los afectados no tienen derecho a paro y los hoteles han entrado en una espiral en la que no pueden mantener sus plantillas ni los compromisos para el mantenimiento de fijos discontinuos a cambio de bonificaciones en la contratación, por lo que tienen que despedir a los trabajadores».

También han pedido la extensión de las medidas a los autónomos. «Parece que siguen siendo los olvidados y se requieren medidas específicas para los autónomos, el pequeño comercio y empresas», ha agregado.

Así, Compromís ha realizado una batería de preguntas al respecto y trasladará la cuestión a la comisión correspondiente del Senado una vez se restablezca la normalidad en el funcionamiento de las cámaras y sus órganos.

«Estos trabajadores de los servicios, al igual que muchos autónomos, se encuentran desamparados y desprotegidos. Las medidas tomadas son necesarias y coherentes, pero es urgente una solución que les permita alargar su derecho a paro, para que no lo consuman y puedan beneficiarse tanto el trabajador como la empresa, que es quien mantiene el empleo o que les evite pagar cuotas por un trabajo que no pueden realizar en muchos casos. También los autónomos afectados por la paralización del país deberían tener derecho a paro si cumplen determinados requisitos», ha insistido.

Por último, Mulet ha reclamado al Gobierno un «esfuerzo promocional del país en el exterior para compensar el impacto del coronavirus sobre el turismo y medidas de apoyo al sector como industria de gran peso en la generación de empleo, recaudación tributaria, balanza de pagos y demanda de bienes y servicios relacionados».

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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