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Nadie quiere el cuerpo de Rosario Porto

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Dos días después del suicidio por ahorcamiento de Rosario Porto, nadie se ha presentado todavía en la prisión de Breva (Ávila), donde estaba internada, para reclamar el cuerpo.

La asesina convicta de su hija adoptiva Asunta apareció muerta en su celda de la cárcel abulense con un trozo de tela atado a su cuello. Rosario Porto había recogido la estancia y doblado todas sus pertenencias «como no había hecho nunca», según afirmó la funcionaria de prisiones que encontró el cadáver.

Los padres de la abogada gallega fallecieron hace años y no tenía hermanos, por lo que los únicos familiares cercanos que le quedaban son unos primos hermanos. De momento, nadie se ha acercado a Breva para hacerse cargo de sus restos. Se calcula que Rosario Porto deja un patrimonio de aproximadamente un millón doscientos mil euros.

Su estancia en prisión, en la que ingresó en 2015 después de ser condenada a 18 año por el asesinato de Asunta, ha estado llena de problemas. Pasó por varias cárceles españolas y recibió numerosos sanciones por su conducta. También llegó a tener una relación con un preso condenado a una pena alta, aunque no duró.

Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, Rosario pasó prácticamente todo su tiempo en prisión en estado de depresión. Intentó quitarse la vida en un par de ocasiones, una con pastillas y otra mediante ahorcamiento, por lo que se le activó el protocolo específico contra suicidios. En el momento de su muerte, su estado de ánimo parecía haber mejorado y se le había levantado este protocolo.

Rosario Porto y su exmarido, Alfonso Basterra, fueron considerados culpables en 2015 del asesinato de su hija Asunta. La niña fue hallada atada y estrangulada en Teo (La Coruña) el 22 de septiembre de 2013, un día después que sus padres denunciasen su desaparición. Los dos fueron detenidos, juzgados y condenados por la causar la muerte de su hija a 18 años de prisión.

 

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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