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Transparencia da 10 días a Sanidad para dar los nombres del comité de expertos

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Madrid, 30 nov (EFE).- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que revele, en un plazo de 10 días, los nombres del comité de expertos que asesoraron al Gobierno para gestionar la pandemia, porque considera que no se vulnera el derecho a la protección de datos.

Así consta en la resolución fechada este lunes y contra la que cabe recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en la que da la razón al reclamante que exigió la identidad de estos expertos a los que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en una comparecencia el pasado 6 de mayo.

Ese día, Simón rechazó dar el nombre y los apellidos de los integrantes del grupo de expertos de la desescalada para evitar que los técnicos sufrieran «presiones» y pudieran «trabajar en libertad».

Pero para Transparencia, «que se hagan públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos pertenecientes a la Dirección General de Salud Pública que hicieron esa función no solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salud pública, máxime en situaciones extraordinarias» como esta.

El CTBG, que censura el retraso por parte de Sanidad en dar respuesta al reclamante, cree que no se debe aplicar «el límite de la protección de datos» invocado por la administración porque se trata de datos «meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano requerido», con lo que «prevalece el derecho de acceso a la información pública».

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha eludido valorar la resolución de Transparencia en la rueda de prensa en la que ha informado de la evolución de la pandemia: «tuvimos conocimiento de ella por registro hace diez minutos, la estamos estudiando, y el pleno de la Comisión de Recursos Humanos se reunirá mañana», ha respondido al ser preguntada por ello.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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