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Transparencia da 10 días a Sanidad para dar los nombres del comité de expertos

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Madrid, 30 nov (EFE).- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que revele, en un plazo de 10 días, los nombres del comité de expertos que asesoraron al Gobierno para gestionar la pandemia, porque considera que no se vulnera el derecho a la protección de datos.

Así consta en la resolución fechada este lunes y contra la que cabe recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en la que da la razón al reclamante que exigió la identidad de estos expertos a los que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en una comparecencia el pasado 6 de mayo.

Ese día, Simón rechazó dar el nombre y los apellidos de los integrantes del grupo de expertos de la desescalada para evitar que los técnicos sufrieran «presiones» y pudieran «trabajar en libertad».

Pero para Transparencia, «que se hagan públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos pertenecientes a la Dirección General de Salud Pública que hicieron esa función no solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salud pública, máxime en situaciones extraordinarias» como esta.

El CTBG, que censura el retraso por parte de Sanidad en dar respuesta al reclamante, cree que no se debe aplicar «el límite de la protección de datos» invocado por la administración porque se trata de datos «meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano requerido», con lo que «prevalece el derecho de acceso a la información pública».

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha eludido valorar la resolución de Transparencia en la rueda de prensa en la que ha informado de la evolución de la pandemia: «tuvimos conocimiento de ella por registro hace diez minutos, la estamos estudiando, y el pleno de la Comisión de Recursos Humanos se reunirá mañana», ha respondido al ser preguntada por ello.

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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