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Transparencia da 10 días a Sanidad para dar los nombres del comité de expertos

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Madrid, 30 nov (EFE).- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que revele, en un plazo de 10 días, los nombres del comité de expertos que asesoraron al Gobierno para gestionar la pandemia, porque considera que no se vulnera el derecho a la protección de datos.

Así consta en la resolución fechada este lunes y contra la que cabe recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en la que da la razón al reclamante que exigió la identidad de estos expertos a los que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en una comparecencia el pasado 6 de mayo.

Ese día, Simón rechazó dar el nombre y los apellidos de los integrantes del grupo de expertos de la desescalada para evitar que los técnicos sufrieran «presiones» y pudieran «trabajar en libertad».

Pero para Transparencia, «que se hagan públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos pertenecientes a la Dirección General de Salud Pública que hicieron esa función no solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salud pública, máxime en situaciones extraordinarias» como esta.

El CTBG, que censura el retraso por parte de Sanidad en dar respuesta al reclamante, cree que no se debe aplicar «el límite de la protección de datos» invocado por la administración porque se trata de datos «meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano requerido», con lo que «prevalece el derecho de acceso a la información pública».

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha eludido valorar la resolución de Transparencia en la rueda de prensa en la que ha informado de la evolución de la pandemia: «tuvimos conocimiento de ella por registro hace diez minutos, la estamos estudiando, y el pleno de la Comisión de Recursos Humanos se reunirá mañana», ha respondido al ser preguntada por ello.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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