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Ocho comunidades fuera del riesgo extremo al bajar su incidencia a 250 casos

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Madrid, 19 feb. (EFE).- Ocho comunidades autónomas -Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja- se sitúan este viernes fuera del riesgo extremo, al descender la incidencia acumulada por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

Según los datos notificados este viernes por el Ministerio de Sanidad, la incidencia de la pandemia sigue en descenso y se sitúa de media en los 294,7 casos por cada 100.000 habitantes, cifra similar a la de principios de enero aunque todavía por encima de los 250, la tasa que determina el riesgo extremo de la enfermedad.

Por debajo de ella y con la mejor situación se mantienen desde hace semanas Canarias (116) y Baleares (136,7), por delante de Extremadura (140); Cantabria (181); Murcia (183); Navarra (189); La Rioja (208) y Castilla-La Mancha (239).

Ronzando, aunque por encima de los 250 casos, está Cataluña -251,8, mientras que Galicia se sitúa también por debajo de la media, con 263 casos.

El resto de las comunidades están por encima de la tasa nacional -294,7 casos por cada 100.000 habitantes- aunque ninguna supera una incidencia de 500.

La más alta se registra en Melilla (490) y Madrid (427) y por encima de 300 casos se encuentran las demás: Andalucía (343); Aragón (326); Asturias (311); Castilla y León (336); Ceuta (398) y País Vasco (340).

Fue el 28 de diciembre el último día en que Sanidad registró una incidencia acumulada por debajo de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Desde ese día (246) y hasta un mes después la tasa no dejó de subir. Precisamente, el 28 de enero fue el pico de la incidencia de la pandemia, con 899 casos.

A partir de entonces, la incidencia ha descendido aunque en estas tres últimas semanas se registró la cifra más alta de muertes – el 9 de febrero, con 766 fallecidos y la presión más alta de ocupación en las ucis, que fue el pasado 1 de febrero un 45, 3 de las camas de estas unidades ocupadas por pacientes covid.

A VELOCIDADES DISTINTAS, COMIENZAN A AFLOJAR TÍMIDAMENTE LAS RESTRICCIONES

A pesar de las retiradas advertencias de las autoridades sanitarias para mantener la prudencia y no relajar las restricciones, lo cierto es que la mayoría de comunidades autónomas han suavizado ya o lo harán en los próximos días algunas de las medidas que impusieron por la tercera ola tras el aumento de la incidencia en Navidad.

Eso sí, lo hacen, salvo excepciones, a distinta velocidad y de forma bastante tímida.

Como ejemplo solo Canarias, Baleares, Madrid y Extremadura no tienen impuesto el cierre perimetral. La mayoría lo mantienen y han abierto la mano a moverse entre municipios Castilla y León -se podrá desde este sábado- o Murcia que lo decretó el miércoles.

La mayoría mantienen el toque de queda entre las 22.00 horas y las 6.00 y es Madrid, a pesar de que cuenta con una de las incidencias más elevadas, la única comunidad que desde este jueves ha atrasado una hora.

Entre los que suavizan poco a poco sus restricciones están Mallorca, con la reapertura de centros comerciales; Galicia, donde el comercio ha recuperado su horario habitual hasta las 21.30 horas a la mitad de aforo o Extremadura, que amplía hasta las diez de la noche el cierre del comercio.

En apenas 24 horas Cantabria volverá a abrir sus establecimientos y permitirá el uso de zonas comunes en tanto que conservará el veto al deporte en espacios cerrados y Castilla-La Mancha prevé ampliar próximamente el aforo en la hostelería y la asistencia de público a eventos deportivos.

Por contra, se mantiene firme la Comunidad Valenciana que reitera que, al menos hasta el 1 de marzo, tiene fijado el cierre total de la hostelería y centros deportivos y a las 18:00 horas el del comercio no esencial. Los grupos sociales están limitados a 2 personas en espacios de uso público, tanto cerrados como el aire libre. En domicilios, solo convivientes.

FIN DE LA VACUNACIÓN EN LAS RESIDENCIAS

Las residencias de ancianos de todas las comunidades autónomas tienen completado al 97 por ciento el proceso de vacunación de sus residentes y su personal.

Lo ha anunciado la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) que señala que las residencias ya son «los espacios más seguros del país» frente a la covid-19.

En los pocos centros en los que no ha culminado la pauta de las dos dosis han sido «por casos muy particulares en los que se ha detectado algún brote y se ha aconsejado esperar por razones médicas a administrar la segunda dosis».

El Ministerio de Sanidad destaca que las personas con más de 65 años residentes en centros para mayores presentan una incidencia del virus menor que los que no viven en esos lugares.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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